Podemos, por una democracia económica
Partimos de una constatación cotidiana. El abuso del poder económico y la subordinación al mismo de los poderes políticos es manifiestamente contrario a la Constitución. Es la realidad española. La definición constitucional del Estado como “social” obliga a entender que el reconocimiento de la “economía de mercado” y la “libertad de empresa” está complementado con previsiones en orden a garantizar no sólo las obligaciones propias de un Estado prestacional, sino la posibilidad “de transitar a formar superiores de solidaridad y convivencia” para realizar el valor constitucional de la “justicia”. Valor pendiente de su plena realización, precisamente por el dominio casi absoluto de la lógica del beneficio, sacrificándose sin escrúpulos derechos y valores democráticos.
Ello obliga, frente a dichos abusos, a garantizar un marco de garantías tendentes a prevenirlos e impedirlos. Es lo que se ha llamado estrategia en orden a reducir la vulnerabilidad de las instituciones públicas o privadas favoreciendo la detección y la neutralización de dichos abusos. Estrategias que todos los analistas centran, entre otras exigencias, en el efectivo funcionamiento de los mecanismos públicos de control interno y en una reglamentación rigurosa de la actividad económica que evite el dominio monopolístico del mercado y asegure la protección de los derechos sociales de los ciudadanos.
En efecto, la Constitución de 1978 establece un determinado modelo de “orden socioeconómico”, el comprendido bajo el concepto, con origen en la Constitución de Weimar, de Constitución económica y que ya asumió el Tribunal Constitucional (TC 1/82), al decir: “En la Constitución española de 1978, a diferencia de lo que solía ocurrir con las Constituciones liberales del siglo XIX, y de forma semejante a lo que sucede en las más recientes Constituciones europeas, existen varias normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse la Constitución económica formal. Este marco implica la existencia de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse con carácter unitario, unicidad ésta reiteradamente exigida por la Constitución, cuyo Preámbulo garantiza la existencia de 'un orden económico y social justo”. Criterio que define la línea de un “orden socioeconómico”, característico del Estado social de Derecho, en el que, por tanto, el reconocimiento de “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” (art. 38 CE.) está sujeto a un amplio conjunto de prescripciones constitucionales, como la función social de la propiedad privada (art. 33.2) que, como acertadamente mantuvo Diez Picazo, no sólo “preserva a la propiedad en un sistema económico que continúa siendo capitalista” sino que “origina deberes para el propietario en función de intereses distintos y del interés público general” ( STC 37/87), un sistema tributario justo (Art. 31), la subordinación de toda la riqueza del país al interés general (art. 128.1), la planificación de la actividad económica para atender a las necesidades colectivas, equilibrarlas y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el conjunto de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (art. 131.1) y, finalmente, por imperativo del artículo 9.2, el compromiso de los poderes públicos de promover la efectiva y real igualdad y libertades de los ciudadanos mediante la remoción de los obstáculos que se opongan a ello. Con ello la Constitución define un sistema social y económico, esencialmente dinámico,en el que los Poderes Públicos deben promover, garantizar y asegurar los derechos económicos, sociales y culturales.
Desde este marco fundamental, podría sostenerse que el sistema está configurado por la libertad económica, cuyo núcleo es la empresa y el mercado (art. 38), completado por una ordenación de la actividad económica por los poderes públicos con el fin de “promover el progreso... de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida” (Preámbulo de la Constitución) que se concreta en los artículos 40, 45, 50, 54, 130, 131, etc., preceptos que no persiguen otra cosa sino equilibrar el desarrollo económico de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos.
Las positivas expectativas de Podemos en todos los encuestas está originando en los partidos tradicionales, particularmente el PP y el PSOE, una desorientación preocupante. Pero es mas grave aún que los llamados analistas políticos estén dominados por una ola de indignación contra la irrupción de Podemos en el panorama político. Lo que, en ocasiones, les lleva a descalificaciones y hasta imprecaciones infundadas e injustas. ¿Por qué no leen las resoluciones aprobadas en la reciente Asamblea Ciudadana? (Auditoria y reestructuración de la deuda:una propuesta para Podemos, por ejemplo). Porque de su lectura no se desprende ni populismo ni catastrofismo ni las infinitas desgracias que se les atribuyen.
Son, sencillamente, propuestas desde un partido que apenas ha cumplido ocho meses y con una perspectiva aún remota de elecciones generales. Por tanto, es razonable que, posiblemente, no precise con toda exactitud dichas propuestas. Pero es infinitamente más grave que partidos que, de una forma u otra, llevan participando en los poderes públicos desde 1977 hayan conducido a nuestro país, con alianzas expresas o tácitas, a un modelo político corrupto y un modelo económico fundado sobre el beneficio de la casta gobernante. Los resultados están a la vista y los describen dichas resoluciones: cierre de empresas, paro, especialmente juvenil, pobreza, sobre todo infantil, pérdida de prestaciones sociales, régimen laboral anticonstitucional, drástica reducción de derechos a la sanidad y la educación,etc. ¿Cómo se atreven a dudar y, sin más, rechazar las propuestas de Podemos que pretenden, frente a lo que esos partidos han hecho, “blindar incondicionalmente los derechos, libertades y conquistas sociales democráticas”? Y, para caminar hacia una “una sociedad más justa y más decente, una economía al servicio de todas las personas”, plantea, entre otras muchas medidas, auditar la deuda, particularmente la pública. ¿Para qué?. “Para discernir qué deudas pueden considerarse ilegítimas”, para comprobar si la deuda “fue contraída en contra del interés general porque los recursos financieros que se obtuvieron se dedicaron a salvaguardar los privilegios de los grupos de poder, en lugar de destinarse a la satisfacción y protección de los derechos básicos reconocidos en la Constitución”.
Podemos representa ya la esperanza de una ciudadanía decepcionada y defraudada –que se lo pregunten a los ciudadanos catalanes– que aspira, después de decenios de privaciones y de engaños, a disfrutar de “una digna calidad de vida” en el marco de una olvidada “sociedad democrática avanzada”. Podemos está en camino, con firmeza y prudencia, hacia ese futuro frente a la actual indecencia y consecuente decadencia económica y política.
