El pasado jueves 28 de octubre, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció una medida muy esperada por muchos nutricionistas, epidemiólogos y pediatras: su cartera prohibirá la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a menores. Lejos de aplaudir la decisión, que pretende ayudar a combatir el grave problema de la obesidad infantil en España, diversos miembros de partidos de la oposición no tardaron en criticar y tergiversar la acción, hasta el ridículo extremo de dar a entender que se prohibían directamente los alimentos y bebidas insanos. Pronto, en las redes sociales aparecieron personas mostrando con orgullo el consumo de productos como donuts, zumos, chocolates y galletas, con un mensaje implícito y engañoso detrás: la defensa de la libertad de ingerir estos alimentos y bebidas no saludables.
Esta estrategia política de enfangar con falacias decisiones o declaraciones públicas en el terreno de salud, respaldadas científicamente y por diferentes instituciones sanitarias, con el falso emblema de la “libertad”, no es nueva. El pasado julio, cuando Garzón hizo públicamente una recomendación sanitaria ampliamente respaldada por la ciencia como es reducir el consumo de carne en la dieta (excesivo en España), los adalides de la “libertad” actuaron de nuevo. En aquel entonces mostraron con orgullo en las redes sociales platos de chuletones, entrecots, cachopos y carnes rebozadas para defender la libertad de su consumo ante la declaración del ministro.
Ya hablemos de chuletones o de donuts, el objetivo detrás de estas reacciones es sencillo aunque tremendamente falto de ética: crear un falso debate y una polémica artificial y gratuita en un campo en el que no lo hay, y no solo no hay polémica desde el punto de vista de la ciencia, sino que tampoco este existe entre la población española. Se trata, en definitiva, de un sucio juego político (motivado, quizás, por cierto déficit de comprensión lectora) en el que todo vale para hacer oposición a cualquier precio y en el que las evidencias científicas y la salud de los niños son lo de menos.
Huyamos de la demagogia política y vayamos a los datos. ¿Qué opina, en realidad, la población española sobre prohibir la publicidad dirigida a niños de alimentos y bebidas no saludables? Pues resulta que, lejos de existir un gran desencuentro, hay una amplia mayoría de la población española que está a favor de esta medida. Carlos Fernández, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, publicaba datos de un estudio en proceso de publicación y realizado en 2018 en el que se preguntaba a una muestra representativa de adultos en España esta y otras cuestiones. Los resultados: un 85 % de las personas estaba “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con esta prohibición. En cambio, solo un 8 % se oponía a ello. Pocas acciones en democracia cuentan con tanto respaldo social como esta medida dirigida a proteger la salud de los niños.
¿Y qué dice la ciencia y las instituciones sanitarias sobre la regulación de la publicidad enfocada a los niños? De nuevo, hay un amplio respaldo a esta acción política. UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras organizaciones sanitarias, llevan muchos años recomendando a los gobiernos prohibir el marketing de alimentos no saludables a menores porque se sabe que este influye de forma evidente en las pautas de consumo de este sector de la población. Según el documento de la OMS a favor de dicha medida: “Los datos científicos también demuestran que la publicidad televisiva influye en las preferencias alimentarias, las solicitudes de compra y las pautas de consumo de los niños”. Las empresas de alimentación lo saben muy bien y por eso los bombardean con publicidad de alimentos insanos: según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), 9 de cada 10 anuncios dirigidos a niños son de productos no saludables.
Hay que tener en cuenta, además, que esta “drástica” decisión del Gobierno de regular la publicidad dirigida a menores de alimentos no recomendables para la salud surge porque la industria alimentaria ha incumplido sistemáticamente su propia regulación que, en teoría, se guiaba por el código PAOS (Código de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud). Como la industria no ha hecho su trabajo en autorregularse, porque no tenía la más mínima intención ya que suponía pérdidas económicas por la disminución de las ventas de sus productos no saludables más mediáticos, es necesario que sea el Gobierno el que tome las riendas a base de leyes. En otras palabras, es hora de quitar al lobo que está “cuidando” de las gallinas.
España tiene un gravísimo problema con el sobrepeso y la obesidad de su población, especialmente con el sector infantil. Desde hace décadas, el porcentaje de personas que sufre exceso de peso va en aumento. En la actualidad, el 40,6 % de los niños entre 6 y 9 años tienen sobrepeso y obesidad y esto es muy preocupante porque la mayoría de ellos sufrirá estos problemas de peso durante toda la vida, con los daños para la salud que ello conlleva. Poner coto a la publicidad de alimentos no saludables dirigidos a ellos es una medida, de muchas, que deben tomarse para combatir la “epidemia” de obesidad que nos azota. Es imposible que por sí misma esta acción solucione el problema, porque el sobrepeso y la obesidad en la población española tienen multitud de factores responsables detrás, pero podría ayudar a ello si esta nueva regulación se implanta de forma efectiva.
También es necesaria un poco de perspectiva histórica a la hora de analizar la supuesta “vulneración” de la libertad por prohibir publicidad de productos no saludables al público infantil. Nadie se rasga hoy las vestiduras porque los anuncios de alcohol a menores estén prohibidos, cuando en España fueron muy populares los anuncios de vinos quinados para los niños hace tan solo unas décadas. ¿Qué pasó? Se aplicó la Ley de Peligrosidad Social para prohibir esta publicidad, pensando en los menores. Hoy en día nadie con dos dedos de frente defendería la libertad de publicitar bebidas alcohólicas a menores. Sí, es bonito cuando las sociedades avanzan para proteger a los más vulnerables, aunque algunos se empeñen en lo contrario.