La imagen de la crisis no la dan ni las colas de parados, ni los comedores sociales atestados, ni los colegios jerezanos cerrados por falta de limpieza, ni las familias desahuciadas. Para mí la extensión de la crisis es visible en la presencia policial en nuestras ciudades. Omnipresencia policial mejor dicho.
Ni en los peores tiempos de amenazas terroristas he visto tanta policía en las calles como en las últimas semanas. Aparte del ominoso blindaje del Congreso, es difícil dar una vuelta por Madrid (imagino que en otras ciudades será similar) sin encontrarte furgonetas azules. Las hay patrullando las calles, custodiando instituciones, detenidas sin motivo aparente en plazas o vías principales; aparte de las que acompañan a toda protesta, las que se presentan en cuanto se juntan más de diez personas en cualquier sitio, las que vigilan a los piquetes en los puntos donde se desarrolla alguna huelga (incluidas empresas privadas), y otras que parecen deambular por la ciudad a la espera de que les asignen misión.
En los barrios, lejos del centro que concentra la protesta, también aparecen con cada vez más frecuencia, normalmente como señal de un inminente desahucio. Vas por la mañana temprano y te encuentras varios furgones subidos a la acera y una docena de agentes en los extremos de una calle, alertas por si aparece un grupo de vecinos que intente detener el desahucio.
La omnipresencia policial va acompañada de su hiperactividad. Cargas policiales violentas, malas maneras habituales ante ciudadanos pacíficos, identificaciones intimidatorias, detenciones sin motivo, denuncias que terminan en cuantiosas multas, vigilancia preventiva, acoso contra asambleas en parques, golpes a periodistas y fotógrafos, ancianos arrastrados por el suelo, un exceso de celo en sus funciones y por lo general un trato despectivo ante quienes, con todo derecho, les piden la identificación o les recriminan sus excesos.
La pregunta que surge una y otra vez es obvia: ¿a quién protegen? ¿Y de qué lo protegen? ¿Qué orden es ese que dicen mantener? ¿Qué ley es aquella cuyo cumplimiento aseguran?
Ya, ya sé: los agentes son unos mandados, y la cosa viene de arriba: los mandos policiales, y por encima de ellos los dirigentes políticos de turno, la delegada del Gobierno, el director general, el ministro, el presidente. Pero los que dan la cara (y dan los golpes) son esos policías, destinatarios del desprecio ciudadano. Por mucho que uno de ellos firme en una mesa por la dación en pago o sus sindicatos critiquen a sus superiores políticos, son ellos los que están abriendo una grieta de separación con los ciudadanos cada vez más profunda.
No es que las fuerzas de seguridad hayan tenido una relación cariñosa con los ciudadanos antes, no. Pero hoy la ruptura es total. La pregunta, perdonen la insistencia, puede parecer naif pero no lo es tanto: ¿a quién protege la policía? ¿Al servicio de quién está? Sí, me dirán: está para cumplir la ley. Pero a diario vemos cómo ni todas las leyes valen igual, ni todos los delitos merecen la misma contundencia, ni todos los infractores reciben el mismo trato. En los últimos años se acumulan ejemplos de delincuencia económica y social, que en muchos casos no es metafórica, tiene tipificación penal, y sin embargo sus autores no son controlados, perseguidos y castigados con la misma contundencia que quienes cortan una calle o paralizan el desalojo de una familia.
La otra mañana, al encontrarme varias furgonetas policiales subidas a la acera junto al colegio de mis hijas, como anuncio de un desahucio inminente, vi a los uniformados de otra manera. No me parecieron servidores públicos, sino vigilantes privados, guardias de seguridad, a la manera de los que encuentras en un centro comercial, en la puerta de una torre de oficinas, en el metro o en un banco.
Me explico: cuando estamos en un centro comercial o en el metro, y tenemos cerca un guardia de seguridad, quizás nos sintamos seguros, protegidos ante eventuales peligros. Nada más lejos de la realidad: no están ahí para protegernos, sino para proteger a quien les paga, para proteger las mercancías, las instalaciones, los accesos, la actividad. Y para protegerlas de nosotros, que podemos ser los ladrones, los asaltantes, los que dañen las instalaciones o se vayan sin pagar. Igual que las cámaras de seguridad en esos mismos lugares: no están colocadas para protegernos sino para vigilarnos, para proteger el recinto de nosotros.
Así me siento yo con la policía últimamente, por esa omnipresencia e hiperactividad frente a la protesta: que no están para defenderme, sino para defender el negocio frente a quienes perturban la actividad, deterioran las instalaciones o intentan irse sin pagar. Es decir, nosotros.