Con la aprobación de la “ley mordaza” el Gobierno de Rajoy y el PP han traspasado la línea que separa y enfrenta a demócratas con antidemócratas. Supimos hace unos días que el ministro Fernández Díaz tiene una unidad de policía política secreta dedicada a espiar a políticos y personalidades catalanas, pero ahora con esa nueva ley transforma a la policía española en una policía política y al estado en un estado policial.
¿Estoy exagerando? ¿Estoy paranoide? Entonces lo está la mayor parte de la sociedad, según las encuestas, y todos los demás partidos, según manifestaron en el Parlamento.
“La ley es una vuelta al Estado policial y no es necesaria” y “con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo del enemigo y eliminando el control judicial”. Así se manifestó el portavoz socialista y con argumentos semejantes todos los demás partidos. Efectivamente, un Estado policial es aquel en el que el poder Ejecutivo usa discrecionalmente la policía sin control judicial, en un Estado policial todas las libertades y garantías democráticas que figuren en la constitución están anuladas por decisión del Gobierno o incluso de un agente cualquiera de la policía.
El ocultamiento de la realidad en que hemos vivido estas décadas se basaba en gran parte en que no llamáramos “franquistas” a los franquistas. Eran franquistas y lo siguen siendo, nunca se avergonzaron de serlo, son “la gente normal, la gente como Dios manda”.
Ante algo tan grave lo único que corresponde es la actuación conjunta de todos los demócratas. Si los partidos de la oposición creen lo que dicen están obligados a comprometerse públicamente a que esa ley será derogada inmediatamente y a recurrirla conjuntamente ante el Tribunal Constitucional. Aunque el PP haya fagocitado tal institución es necesario que los demócratas hagan el recorrido por las instituciones del estado existentes. Y solo se puede explicar por falta de perspectiva y de liderazgo social que no estén llamando ya a la ciudadanía a responder por todos los medios.
¿Quién tiene que convocar a la ciudadanía a que se manifieste en todas las ciudades del Estado contra el robo de sus derechos?