En una parte de la política catalana nada es lo que parece hasta que de golpe las soflamas topan con la realidad. Parecería que lo lógico, una vez se impone la ley, por injusta o abusiva que se considere, es que no se siga escondiendo la bolita y se hable a los ciudadanos, sobre todo a los votantes propios, como los adultos que son. Parecería lo lógico, en condicional, porque esta semana estamos asistiendo a un nuevo ejercicio de funambulismo impropio de quien debe y dice defender las instituciones.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha propuesto paralizar temporalmente la actividad de la Cámara catalana, una iniciativa que no solo no tiene encaje alguno en el reglamento sino que, si no fuese que no pasa de la gesticulación, supondría una vulneración de los derechos de los diputados. Propuso algo que sabe que no depende de ella y por eso lo dejó en sugerencia. De esta manera esquiva también las querellas que pudiese presentarle algún grupo de la oposición. De la presidenta solo depende la convocatoria de plenos, y esta semana ya no había ninguno previsto. Las comisiones corresponden a sus respectivos presidentes y por lo tanto, más allá de la propuesta, el anuncio de Borràs y nada es lo mismo. Lo solemnizó en una comparecencia ante los medios sin preguntas y no será porque no hubiese muchas por responder.
La primera pregunta y clave para entender este embrollo es si firmará la nómina del mes de febrero del diputado de la CUP Pau Juvillà a quien la Junta Electoral Central ha ordenado retirar el escaño sin tan siquiera esperar a la sentencia del Tribunal Supremo. La secretaria del Parlament ya ha hecho llegar el mensaje a los cupaires de que este mes ni él ni su asesora en la Mesa cobrarán ya el sueldo. Esther Andreu, nombrada por Borràs y responsable de la jefatura superior del personal y los servicios de la Cámara, informó verbalmente el pasado viernes a una asesora de Juvillà de que no recibirían su nómina de febrero. Esa es la realidad, según confirmaron fuentes de la CUP, aunque el Parlament se limita a informar de que no ha existido ninguna comunicación formal.
Que la Junta Electoral pueda apartar a un diputado por haber colgado cuatro lazos amarillos en el ayuntamiento de Lleida cuando era concejal y no haberlos retirado hasta que lo hicieron los Mossos durante la campaña electoral del 2019 puede considerarse uno de esos casos de desobediencia que cuestan de entender. Del mismo modo que las prisas por retirarle el escaño sin esperar al Supremo invitan a pensar que hay organismos que, además de ser garantes de las leyes, se mueven por intereses que van más allá de las normas.
Pero, una vez la Junta Electoral ha actuado, solo hay dos opciones: acatar o desobedecer. Lo primero es lo que hizo el anterior presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, a quien las principales críticas le llovieron de sus todavía hoy socios de Govern y muy especialmente de su sucesora, Laura Borràs. La segunda opción, la desobediencia, implicaría firmar la nómina del diputado como si no pasara nada. Ahora bien, esta decisión no solo tendría consecuencias para la presidenta sino que podría también comportar problemas para funcionarios de la Cámara catalana. Defender las instituciones es también protegerlas.
Borràs puede tener razón cuando tilda de “abuso” el aviso de la JEC de que si no cumple con su orden se arriesga a consecuencias penales. Pero proponer que el Parlament haga lo que no se puede hacer, aunque sea retorciendo el simbolismo, o asegurar que se plantará cara cuando los hechos van camino de desmentirla es alimentar una ficción.