Díaz Ayuso dice que “no se trata de confinar al 100% de los ciudadanos [de Madrid] para que el 1% contagiado se cure, se trata de detectar al 1% que va contagiando y que el 99% salga a la calle a buscarse de vida”. Pero eso, detectar a quienes contagian, no se hizo hace tres meses, cuando se sabía que era el momento de hacerlo. El gobierno regional de Madrid optó por una huida hacia delante, pidiendo más policías y evitando reforzar la inversión en sanidad. Ni más rastreadores, ni más técnicos de laboratorio, ni pruebas PCR fuera de los centros de atención primaria. El manual de las tareas que hubieran ayudado a detectar y reducir los casos no se cumplió.
Sin embargo, ahora plantea la presidenta de la Comunidad de Madrid que no se trata de confinar a todos para salvar a un uno por ciento. El uno por ciento de la población madrileña son unas 67.000 personas. Ella se pregunta: ¿vamos a confinarnos para que 67.000 personas se curen? Como tal afirmación bordea el llamamiento al abandono (por ser suaves), añade Ayuso que será mejor detectar a esas 67.000. El problema, volvemos a lo dicho antes, es que eso no se hizo cuando tocaba y ahora ya es tarde. Nueva York cierra escuelas y comercios en las áreas con tasas de contagio que superen el 3%, en Madrid estamos en el 20%. París cierra todos los bares y salas de juego también con porcentajes más bajos que los de Madrid.
Si Ayuso hubiera reaccionado e invertido hace tres meses en rastreadores, en más pruebas, en técnicos de laboratorio, en definitiva, en los servicios públicos, ahora tendría que gastar mucho menos de lo que ella denuncia que costará el confinamiento de Madrid. En su fanatismo ideológico se negó a más contratación pública y optó por establecer una dicotomía entre economía y salud para justificar la falta de inversión y, de paso, promover y pedir más presencia de las fuerzas de seguridad. La receta del PP para doblegar la curva de contagios es mayor control policial.
Ha dicho este lunes José María Aznar que “España se está moviendo hacia un movimiento populista autoritario”, y lo dice mientras el PP bloquea el Poder Judicial, cuyo mandato tenía que haberse renovado hace casi dos años, mientras intenta que los fondos europeos no lleguen a España o mientras apela a las fuerzas de seguridad como medida para hacer frente a la pandemia.
Por eso el PP no ha tenido pudor al defender, como hizo la semana pasada, la 'Ley Mordaza' que recorta derechos y libertades y que fue diseñada en su día por el Gobierno de Rajoy con el objetivo claro de desmovilizar a la sociedad, tal y como denuncian organizaciones como Amnistía Internacional. Sus efectos fueron claros: más poder policial sin mecanismos de control independientes para supervisar las arbitrariedades.
Desde su entrada en vigor en 2015 se han registrado abusos y daños a derechos fundamentales, desde la estigmatización y encarcelamiento de los titiriteros hasta multas y maltrato a periodistas, pasando por agresiones y atentados contra la libertad de expresión y de manifestación. Desde su aplicación se han impuesto más de dos millones de multas y solo durante el estado de alarma se han tramitado más de un millón de propuestas de sanción exprimiendo esta ley, un número que confirma la necesidad de reformarla, como denuncian diversos colectivos.
Por eso hay que celebrar que todos los partidos, excepto el PP y Vox, hayan votado hace unos días en el Congreso a favor de reformar la 'Ley Mordaza'. Como han subrayado expertos de Naciones Unidas, cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria. La seguridad no se consigue con golpes, guetos, medidas de segregación, señalamientos ni con la falta de inversión en servicios públicos. Una sociedad con más seguridad solo es posible si se garantizan derechos y libertades, una sanidad pública de calidad, empleo digno y no precario, educación accesible que genere una ciudadanía crítica, un sistema de cuidados y protección social sólido.
Cuando el PP señala a menores no acompañados, cuando miente sobre el aumento de la delincuencia, cuando agita el miedo ante una ocupación que es mucho menor de lo que proclama, cuando estigmatiza a los barrios con menos renta per cápita o acusa a las personas migrantes de tener un modo de vida que provoca contagios, lo que hace es crispar, desviar el foco de las medidas necesarias, enfrentar a diferentes sectores de la sociedad y justificar el control policial y la represión.
Por todo ello bienvenidas sean las intenciones de otros partidos políticos de reformar la 'Ley Mordaza', tal y como votaron la pasada semana. Es el tercer intento de modificarla o derogarla desde su creación. Que no caiga de nuevo en saco roto, que las voluntades sean reales. Las cargas policiales en Vallecas hace unos días nos recuerdan que los abusos se repiten. El ministro del Interior defendió el uso de dicha ley durante el estado de alarma y dijo no considerar desproporcionado el número de propuestas de sanción. Ello obliga a preguntarse hasta dónde llegará la reforma y si ésta suprimirá realmente todos los aspectos nocivos de la misma.
Frente a la posición represiva presentada como la medida más acertada para hacer frente a la COVID-19 urge que las fuerzas democráticas se posicionen claramente contra todos los puntos de la ley que favorecen el uso arbitrario del poder por parte de las fuerzas del orden y contra unas dinámicas de control que solo provocan más inseguridad ciudadana y más desigualdad. En ese sentido, será clave que haya voluntad política de recoger lo que las organizaciones civiles de derechos humanos pueden aportar en la redacción del texto definitivo.
Ante determinadas posiciones no caben medias tintas ni timidez en la defensa de los derechos y las libertades. Precisamente la existencia de fanatismos ideológicos hacen más precisa que nunca la defensa de los derechos y las libertades, así como la ejecución de políticas de solidaridad claramente diferenciadas del sálvese quien pueda.