Lleva semanas chocándome que hayamos pasado por encima de que, de un golpe de mano, cinco personas hayan creado un pozo para arrojar en él los derechos de los consumidores españoles y dejar que se pudran. Sólo puedo explicármelo por el desconocimiento de los vericuetos de la Justicia que hacen que no lleguemos a comprender bien el alcance de las jugadas que nos hace el poder. Cinco voluntades, movidas por quien interesa, han determinado que nuestros derechos en cuestiones relativas a las condiciones generales de contratación, con las que empresas y bancos nos hacen tragar como las lentejas, estén acabando y vayan a acabar en un fondo farragoso del que no saldrán en años. No es algo que incumba sólo a los agraviados hasta ahora sino a todos, ya que todos suscribimos contratos con “condiciones generales” que pueden ser ilegales.
El hecho de haber decidido dirigir todas esas demandas de los ciudadanos, de casos presentes y futuros, de forma individual o colectiva, a un sólo juzgado en cada provincia puede hacer que de unos ocho meses estimados de resolución se pase a más de tres años. La invención de los mal llamados “juzgados de cláusulas suelo” no es sino una jugada más que perjudica a los consumidores, a los abogados y a los propios jueces y se ha establecido forzando la legalidad e infringiéndola para beneficio ¿de quién? Del retraso en la resolución de tales litigios sólo va a beneficiarse el poder económico que ha sido el impulsor de este nuevo atropello. No crean que para beneficiar a los que mandan sólo hay que manosear el derecho penal. El derecho civil que les afecta a las carteras también es decisivo para ellos y, como vemos, no van a flaquear tampoco ahí.
La larga carrera de obstáculos de los consumidores españoles, que somos todos, para evitar los atropellos se vio obligada a salir incluso del ámbito jurisdiccional nacional para intentar soslayar esa presión. Los jueces españoles se pusieron a la cabeza de esa pelea presentando cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conseguir la justicia material que con las leyes españolas no se podía hacer. Ganamos, y volveríamos a ganar en circunstancias similares, así que el poder económico necesita puentear y trampear la aplicación de las órdenes europeas para cuidar sus bien saneadas cuentas de resultados.
Sin pasar por parlamentos ni leyes ni zarandajas, se encontró un atajo. Era más fácil que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, alias el Rey Sol, y cuatro de sus acólitos, firmaran un acuerdito en la sombra que saboteara todo lo logrado por los consumidores en arduas peleas jurídicas. Un acuerdo sobre el que pesan graves dudas de legalidad pero que se ordenó poner en marcha con toda premura –prisa también contraria a las leyes– para que las cuentas de los bancos no tuvieran que empezar a aflojar la guita.
Tantas dudas sobre su legalidad hay que no solamente el Consejo General de la Abogacía, varios colegios de abogados, todas las asociaciones de jueces, la junta de jueces decanos o Facua se han pronunciado contra él sino que cinco magistradas andaluzas han decidido plantarle cara al CGPJ del Rey Sol Lesmes y llevarlo ante los tribunales. Estas juezas piden en su recurso que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente el acuerdito y, por tanto, frene esos juzgados.
El acuerdo que el jefe de los jueces le ha regalado al Gobierno y a los bancos es ilegal y nulo de pleno derecho porque vulnera varios artículos de una ley orgánica. En primer lugar no motiva de ningún modo por qué es preciso tomar esta medida excepcional saltándose el derecho al juez predeterminado por la ley. Claro que los motivos son bastante inconfesables. También lo es por las prisas que han puesto en vigor tal especialización de forma inmediata, cuando la ley manda que haya una cadencia hasta el año siguiente a la decisión. El tiempo es oro y, en este caso, pasta que sale del bolsillo de los banqueros. Además, se han derivado a juzgados de primera instancia asuntos que por ley son de los juzgados mercantiles, lo que podría dar lugar a la nulidad de las resoluciones que van a ser favorables a los ciudadanos. Para mas inri no respetan el principio de proximidad y hacen que los ciudadanos tengan que ir a la capital de su provincia y no a su partido judicial para demandar justicia.
Además del espectáculo de ver al jefe de los jueces y a cuatro más saltándose la ley, contra la opinión de todos los operadores jurídicos, para hacerle el favor a los que mandan, estamos ante un atropello inaudito de nuestros derechos.
Eso por no hablar de haber hecho que tales juzgados sean llevados por los aún estudiantes en prácticas de la Escuela Judicial que deben ser evaluados aún por los presidentes de los Tribunales Superiores. Nadie que esté sometido al criterio de otro para conseguir su aprobación y así su ingreso efectivo en un colectivo es totalmente independiente. Los jueces que han puesto al frente de estos juzgados son dependientes y movibles. Todo lo contrario a lo que predica el Estado de Derecho de un juez.
Ya tenemos pues juzgados instalados en el piso de al lado de una fonda -como el de Madrid- sin funcionarios ni medios, con jueces sin experiencia al frente en muchos casos y un nivel de entrada de demandas que, por proyección, hará que estas lleguen a las 192.245 en un año. Pozos insondables que será imposible desatascar nunca.
Así se mueven las cosas para dar protección al poderoso y desprotegernos a todos. Con la firma del Rey Sol Lesmes y la de cuatro de sus acólitos. Con un par.