A comienzos de este mes trascendió la noticia de que el exviceconsejero de Salud de la Junta de le Andalucía Miguel Ángel Guzmán había fichado, apenas tres meses después de cesar en el cargo, por Asisa, una de las mayores beneficiarias de la prórroga de unos contratos por 243 millones de euros con compañías privadas de salud que aprobó a dedo el propio Guzmán. Del suculento pastel, a Asisa le correspondió una tajada de 44 millones. Al revelarse el fichaje, la Junta andaluza anunció una “investigación interna” para determinar si el exalto cargo había cumplido con el régimen de incompatibilidades. Menos de 48 horas después emitió el veredicto, que venía a decir algo como: no corras tanto, Migue, que ahora no puedes dar el salto; espera hasta el 29 de julio, que es cuando vence el periodo de incompatibilidad, y entonces sí, a por ello. La investigación no contiene el menor reproche a la celeridad con que Guzmán atravesó la puerta giratoria; tan solo le recomendó un poco de paciencia, que tres meses se pasan volando. El exviceconsejero no ha visto nada reprobable en su conducta, reacción habitual en el partido del ¿y Begoña qué?, pero “por prudencia” ha acatado el dictamen de la Junta.
Este caso describe a la perfección al PP. Un partido que ha convertido en cruzada el vaciamiento de la sanidad pública en beneficio de las grandes empresas privadas de salud. Un partido que evade cuando puede las normas básicas de la contratación pública con el fin de tener atadas y bien atadas las adjudicaciones. Un partido que desconoce por completo el significado de la ética. Los contratos prorrogados por Guzmán se suscribieron en su momento en el marco de la situación de emergencia por la pandemia; pero ese marco ya no existe. Lo que hay son unas tremendas listas de espera en la sanidad pública que no son consecuencia del Covid o de alguna extraña conjunción astral, sino de una administración empecinada en privatizar hasta donde sea posible el negocio de la salud para euforia de las multinacionales del sector. Las listas de espera no son un hecho sobrevenido que justifique una declaratoria de emergencia: son el resultado lógico y previsible de la desatención del sistema público de salud y su traspaso progresivo a manos privadas. Y el pretexto para que siga la privatizacion.
Algo parecido sucede en Madrid. El Gobierno autonómico ha transferido la gestión de tres hospitales públicos, incluida la emblemática Fundación Jiménez Díaz, a la multinacional Quirón. Y las largas listas de espera en la atención pública han tenido el efecto de convertir a Madrid en la comunidad con más seguros privados de salud. La demolición de lo público va consiguiendo soterradamente sus objetivos. Contaré una experiencia que me ha tocado de cerca: en febrero pasado, una persona que tiene seguro privado decidió apostar por la sanidad pública para extraerse una muela cordal. El médico que lo atendió le dijo que cuanto antes se hiciera la intervención, mejor, pues tenía una caries que podía ir a peor. El paciente fue a tramitar la cita y se la dieron… ¡para noviembre! No hubo manera de adelantarla. Quince días después, se realizó la intervención con el seguro privado y en una clínica privada.
En tiempos no tan remotos la izquierda pretendía transformar el mundo. Hoy, tras los estragos causados por casi medio siglo de neoliberalismo rampante, muchos de aquellos idealistas se conforman con salvar las ruinas del Estado de bienestar, en particular la sanidad y la educación públicas, sus pilares. Incluso esta lucha abreviada se va perdiendo, particularmente en los territorios gobernados por el Partido Popular. La apuesta del Gobierno de Ayuso por la educación concertada, por ejemplo, está convirtiendo los colegios públicos en “guetos” para la población menos favorecida, como lo vienen advirtiendo estudios sobre la calidad de la educación. Y ya hemos visto lo que está sucediendo con la sanidad pública en los territorios bajo gobiernos de la derecha.
En este proceso de desmantelamiento del Estado los ganadores no son solo las grandes compañías privadas. El exviceconsejero de Salud andaluz se ha asegurado un buen puesto en Asisa, compañía que se benefició con una polémica adjudicación firmada por su flamante fichaje. Sí, ya, lo han contratado por sus profundos conocimientos en el campo de la medicina, no por los servicios prestados y por sus contactos con la Administración. Tenemos también que los pagos de Quirón a Alberto González Amador se cuadruplicaran tras el inicio de la relación de este con Isabel Díaz Ayuso, cuyo Gobierno, a su vez, disparó en 2022 de 20 millones a 400 millones el dinero aportado a la compañía de servicios médicos. Y ante las informaciones incómodas que están saliendo sobre este entramado, el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, pone sin el menor escrúpulo medios oficiales al servicio de la defensa del novio de la presidenta. Como se observa, los negocios de González Amador con Quirón son los normales entre un particular y una empresa privada. Es que los bolcheviques resentidos no entienden las dinámicas del capitalismo y el libre mercado.
El PP tiene un Código Ético cuyo primer “principio general” establece que sus cargos “observarán el máximo rigor y exigencia en el desempeño de sus funciones, absteniéndose de cualquier conducta que, aun siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad del Partido Popular”. Por lo visto, no ha nacido la conducta que pueda dañar la honorabilidad del PP. Imagínenlos sin Código Ético.