La prensa y la ludopatía contra Garzón

En el siglo XIX se acuñó la expresión “cuarto poder” para referirse al poder que representaba la prensa. El término nace al abrigo de las democracias liberales, que consideran la difusión de la información como una forma de fiscalizar a los otros tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- y servir de mediadores entre los ciudadanos y las política. Los medios de comunicación servirían para proteger a los ciudadanos, sus derechos y libertades, frente al Estado. Gracias a la prensa, los individuos se forman y conocen para así ejercer su derechos. 

Pero Renaud Lambert se preguntaba hace unos años en Le Monde Diplomatique, ¿qué sucede cuando un gobierno, un partido político o un líder propone y aprueba una medida que afecta a los intereses económicos de los medios de comunicación? Al hilo de esta pregunta surgen otras: ¿se pondrán las empresas al lado de la información objetiva?, ¿valorarán de forma neutral a esos políticos?, ¿le darán la trascendencia real a ese asunto o lo magnificarán? En definitiva, ¿nos podremos fiar de la información que nos ofrezcan?

El pasado mes de noviembre el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del Ministerio de Consumo, el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego, una norma que limita drásticamente los anuncios de los operadores del juego y los patrocinios deportivos de las casas de apuestas. 

Según explicó el ministro de Consumo, Alberto Garzón, esa norma respondía a una “alarma social” que estaba “justificada” ante la “extraordinaria” expansión de las apuestas de los últimos años, especialmente entre los jóvenes, con los que se está “cebando” el crecimiento del juego. Además, “cumple” el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos firmado en diciembre de 2019. El decreto fue reformulado y endurecido tras la experiencia de la prohibición temporal de la publicidad del juego durante el estado de alarma y tramitado de urgencia en Bruselas ante la posibilidad de que eventuales “rebrotes puntuales” del coronavirus forzasen nuevos confinamientos de la población. 

En los últimos cuatro años, las cifras de inversión en publicidad de apuestas se han triplicado en nuestro país, mientras que se ha producido un aumento del consumo del juego entre jóvenes de 18 a 25 años. En 2017, el 28% de los nuevos jugadores formaba parte de esta franja de edad. Dos años después, en 2019, la cifra se había incrementado doce puntos y se sitúa en el 40%. 

Además, la medida venía precedida de movilizaciones en varios barrios humildes de las grandes ciudades por lo que consideraban la lacra de las casas de apuestas, con lo que contó con un mayoritario apoyo social, sin apenas contestación por parte de los grupos políticos.

Ahora hemos sabido que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de la Asociación de Medios e Información (AMI) a este Real Decreto. La AMI está formada por 80 cabeceras de la prensa, y en su directiva están los altos cargos de las empresas editoras españolas. El presidente de AMI es a su vez presidente de Unidad Editorial (editora de El Mundo y el diario deportivo Marca, entre otros medios); como vicepresidentes figuran entre otros el consejero delegado de Prisa (El País, AS, Cadena Ser…), el consejero delegado de Vocento (ABC) o su homólogo en el Grupo Godó (La Vanguardia). Para ellos, la limitación de la publicidad de las casas de apuestas es algo “discriminatorio, injusto y desproporcionado”. Y es que, según datos de la Dirección General de la Ordenación del Juego, estas casas de apuestas inyectaron en los medios durante 2018 170 millones de euros en publicidad, y en 2019 otros 183 millones.

Llegados a este punto, nos debemos hacer una pregunta inevitable. ¿Cómo estarán informando esos periódicos de la medida del Ministerio de Consumo teniendo en cuenta que su aprobación les afecta con esa disminución de sus ganancias, hasta el punto de que han acudido a los jueces para paralizar la nueva ley?

Hace su aparición ese cuarto poder, recordemos, ese que velaba por los ciudadanos ante el poder del Estado, pidiendo a los jueces que les dejen seguir anunciando las casas de apuestas en sus páginas sin importarles que los estudios estimen una prevalencia de la ludopatía del 1,8%, y de jugadores problemáticos entre el 2,5 y el 5%. Ya en 2009 se hablaba de un millón y medio de españoles con problemas de juego patológico. Y un 11% de los que hoy son tratados en las consultas de ludopatía son menores de edad (¡Jugad, jugad, malditos!, Luís Díez y Daniel Díez. Akal, 2020).

No es el primer ejemplo en el que los dueños de los periódicos reman en dirección contraria a los intereses y los valores sociales de una comunidad. En 2007, una comisión parlamentaria elaboró un informe sobre la situación de la prostitución y revelaba que, en un día laboral, los periódicos españoles recogían entre 100 y 700 anuncios de prostitución. Así, periódicos como El País o El Mundo ingresaban en torno a seis millones de euros anuales. Otros, como el Grupo Vocento, llegaban hasta los 10 millones. El Gobierno español elaboró un Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y que definía a las prostitutas como “víctimas”. En Europa la prostitución está estrechamente ligada a una situación de semiesclavitud de mujeres traídas engañadas o a la fuerza. El Plan elaborado por el Gobierno instaba a los diarios a que, mediante la autorregulación, eliminasen cualquier relación empresarial con la prostitución. Apenas unos pocos periódicos de segunda importancia siguieron por entonces la recomendación, la mayoría y los principales siguieron haciendo caja con esos anuncios. Han hecho falta bastantes años para que empiecen a tomar medidas respecto a esa publicidad. 

Quizá, como afirmó el director del Centro de Competencia en Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert, el colombiano Omar Rincón, sería oportuno preguntarnos si más que defender a los medios del Estado, como se suele argumentar desde las tesis neoliberales, lo que hay que hacer es defender al Estado democrático de las empresas que hacen negocio con medios de comunicación.