Cargan sobre sus espaldas bultos de hasta 90 kilos. También los podrían arrastrar con unos carritos si los pudieran comprar o reponer cuando se les rompen por el estado de los caminos. Son mayoritariamente mujeres y en su totalidad marroquíes. Son las víctimas necesarias de las violencias económicas y machistas que tienen lugar en las fronteras terrestres que hay entre España y Marruecos. Sin estas mujeres no sería posible el negocio del contrabando de las empresas españolas con los comerciantes del Reino alauí. El llamado comercio atípico ofrece una apariencia de legalidad, pero en realidad no lo es.
Las mujeres porteadoras son mano de obra barata y 'dócil' o, al menos si no lo son, lo deben aparentar. Su situación de necesidad las hace ser más vulnerables a los abusos de los empresarios y comerciantes que abaratan costes, maximizan beneficios y, de paso, permite a quienes hacen la vista gorda sacar tajada por la impunidad que da esa alegalidad. Son explotadas a cambio de casi nada, solo lo mínimo suficiente como para que puedan subsistir en la pobreza y volver al día siguiente a someterse un poco más. Es el patriarcado fronterizo en estado puro: machista, racista, clasista y aporófobo.
Las porteadoras son trabajadoras, pero no son reconocidas como tales. Lo suyo no es empleo, es servidumbre. Su situación inhumana la vienen denunciando desde hace años distintas organizaciones de derechos humanos. En este mismo medio, hace unos meses, Álvaro Medina coordinó un especial más que aconsejable.
En España destaca el trabajo de investigación, incidencia y denuncia que llevan haciendo Cristina Fuentes Lara y APDHA. En concreto, esta organización pide, entre otras cosas, que se reconozca como actividad laboral el porteo de mercancías en las fronteras de Ceuta y de Melilla. En Marruecos es el Observatorio del Norte para los Derechos Humanos el que además de pedir el cierre de lo que denomina –refiriéndose a la frontera del Tarajal II en Ceuta– como el “cruce de la muerte y la humillación”, reclama la puesta en marcha de proyectos de desarrollo que dignifiquen la vida de las personas que se dedican al porteo ofreciendo trabajos que sean una alternativa a esta actividad. Ambas opciones bastante sensatas y alineadas a la mirada de los derechos humanos.
Desde hace varios meses, se ha desatado una especie de conflicto fronterizo entre ambos países a cuento de la actividad de porteo de estas mercancías. El país vecino sabe que tiene la sartén por el mango y que si restringe la entrada de productos o bloquea esta atípica actividad puede asfixiar económicamente a las ciudades autónomas. En este momento, este bloqueo está teniendo lugar en Ceuta, una ciudad sin el estatus de aduana comercial y cuya actividad económica depende casi íntegramente –desde hace 70 años– de los ingresos que se obtienen a través del porteo al carecer de actividad industrial. El problema es serio, pero hasta este momento los que ganaban estaban muy contentos.
Por eso no sorprende la naturalidad con la que desde algunos medios españoles se habla del daño económico que representa para Ceuta el cese de este contrabando que, por otra parte, se ha llevado por delante la vida de una decena de mujeres (por no hablar de sus secuelas físicas, de las agresiones sexuales y las extorsiones a las que han sido sometidas las miles de porteadoras). Un enfoque que viene a reforzar el victimismo patrio de los empresarios ceutís, instrumentaliza el desamparo en el que se han quedado las mujeres y no aborda la imperiosa necesidad de hacer un replanteamiento crítico sobre cómo deberían ser las condiciones laborales en una actividad que reporta ingresos millonarios a la ciudad española. Máxime cuando parece que, detrás de la postura de Marruecos, podría estar el intento de acabar con esa práctica inhumana, aunque todas las informaciones son muy poco claras.
Es necesario subrayar, ahora que esto preocupa que, si bien el cese del contrabando a quien afecta de manera más grave es a las porteadoras, la solución –tal y como parecen esperar el tejido empresarial y los agentes sociales de Ceuta– no está en que haya una revuelta social en Marruecos entre quienes se están viendo afectados por la suspensión del porteo. Es algo cultural y estructural lo que debe abordarse: las condiciones de los trabajos transnacionales que, de manera formal, e informal, regular e irregular se realizan por parte de la población marroquí (mayoritariamente mujeres) que cruzan cada día la frontera a España. Es un trato y salario indigno lo que está en juego, no solo para los trabajos de porteo, sino también para los de servicio doméstico y de recolección en los campos.
No es decente hablar de que Marruecos asfixia a su población paralizando la actividad de porteo cuando España lleva aprovechándose de esta desde hace décadas. No es legítimo instrumentalizar a las porteadoras ahora para que el ‘negocio’ pueda continuar. Ser de Marruecos no las hace menos personas, no es excusa que allí se garanticen debidamente o no sus derechos. Esa es una mirada colonialista y racista. No hay mercancía que valga más que la dignidad de una vida.