En España no hay presos políticos. Lo que hay son políticos presos. Cada vez que se reabre la discusión sobre los independentistas catalanes en prisión, no tarda en salir a escena un ministro, un diputado, un tertuliano o tu cuñado, y repite el mismo juego de palabras: “En España no hay presos políticos, lo que hay son políticos presos”. ¿Eh, lo pillas? Preso político, político preso. Guiño, guiño, codazo, codazo.
Supongo que habrá quien duerma más tranquilo al saber que Junqueras, Cuixart, Sánchez, Forn, Turull, Forcadell, Rull, Bassa y Romeva, que llevan más de tres años en la cárcel, no son presos políticos, en el sentido en que usamos el término para referirnos a activistas perseguidos por sus ideas políticas en regímenes autoritarios; sino que solo son políticos presos. Ah, bueno, me quedo mucho más tranquilo sabiendo que en las cárceles hay políticos presos igual que hay camioneros presos, fontaneros presos o raperos presos.
No, espera, que tampoco hay raperos presos en España. Siguiendo la misma lógica del primer párrafo, deberíamos deshacer y rehacer el juego de palabras para concluir que en España no hay raperos presos, sino presos que rapean, que no es lo mismo. ¿Eh, lo pillas? En España nadie va a la cárcel por rapear, sino por cometer delitos tipificados en el Código Penal. Que luego al delincuente le guste rapear, o tuitear, o montar un referéndum de independencia, allá cada uno con sus gustos, seguirá siendo un preso que rapea, un preso que tuitea, o un político preso.
Lo siguiente que te explicará el ministro, el diputado, el tertuliano o tu cuñado, es que en España no hay presos políticos ni está perseguida la libertad de expresión, porque España es una democracia donde funciona la separación de poderes: a los políticos, raperos o tuiteros los juzgan y condenan tribunales, aplicando leyes elaboradas por el Parlamento, y acordes con la Constitución. Es verdad que ese es el mismo argumento que utiliza Turquía, Rusia o cualquier seudodemocracia para justificar la persecución de disidentes: estos siempre son juzgados y condenados por tribunales, aplicando leyes elaboradas por sus parlamentos, y acordes a sus constituciones. Así que como argumento en sí mismo no es gran cosa, tiene que ir acompañado de algo más.
Ese algo más se llama democracia. No vale con decir muchas veces en la rueda de prensa del Consejo de Ministros o en un editorial de periódico que somos una “democracia plena”, “nadie puede dudar de la calidad de la democracia española”, “tenemos plena normalidad democrática”, o “en España no hay Navalnis”. Tampoco vale repetir mil veces el retruécano de que no hay presos políticos sino políticos presos. Que los nueve dirigentes independentistas lleven más de tres años en prisión y privados de sus derechos políticos es un problema de calidad democrática por mucho que no sean estrictamente presos políticos. Que otro rapero sea condenado a cárcel por sus letras o sus tuits es un problema de calidad democrática por muy tipificado que esté el delito y muy constitucional que sea su condena.
La calidad de una democracia se ve en su separación de poderes y en que no encarcele a sus disidentes arbitrariamente, por supuesto; pero la calidad de una democracia está también en los artículos de su Código Penal -si protegen más a la corona, la bandera o los sentimientos religiosos que a la libertad de expresión-, en su independencia judicial –real o dudosa- y en su legislación, constitución incluida. O en su capacidad o incapacidad para resolver por medios políticos un conflicto político, en vez de cerrarlo en falso por la vía policial, judicial y penitenciaria.
Una “democracia plena” no permitiría la entrada en prisión de Pablo Hasel, sin esperar próximas reformas legislativas que ya no invalidarán su condena. Una “democracia plena” abordaría políticamente el problema catalán mediante amnistía, diálogo y, sí, democracia.