Aunque pueda parecer paradójico, las actuales circunstancias pueden llevar a encauzar el problema catalán. También el problema de España como Estado, que antes no tenía y ahora tiene. Quizás hasta el Partido Popular acabe viéndose forzado a subirse a este carro si, al menos en esto, se aleja de Vox, que rechaza la realidad de una España diversa.
Ortega y Gasset señaló que el problema catalán “no se puede resolver”, “sólo se puede conllevar” (“sufrir, soportar las impertinencias o el genio de alguien”, en primera acepción de la Academia), lo que ha derivado en un uso extendido de ese palabro, “conllevanza”, que hubiera erizado el poco pelo del filósofo. Mas como apunta el físico David Deutsch (The Beginning of Infinity), los problemas son “conflictos entre ideas” y “los problemas intrínsecamente insolubles son intrínsecamente carentes de interés.” En física, en matemáticas, y también en política.
Un reciente barómetro del Centre d’Estudis d’Opinión (el CIS catalán) señala que ha crecido el no a la independencia (52%), mientras que el sí ya no es mayoritario (42%). Un 44% del total se siente tan español como catalán, 11 puntos por encima de hace cinco años; un 22% más catalán que español, y un 19% solo catalán. Sólo 33% apoya un Estado independiente, 31% ser una Comunidad Autónoma dentro de España, 23% un Estado en una España federal, y 7% una mera región de España.
Es una tendencia que se registra en el conjunto de España. Una encuesta de Metroscopia señala que un 86% de los habitantes del país dice sentirse “muy o bastante español”, un significativo 71% en el conjunto de la población de Cataluña, País Vasco y Navarra, y un no desdeñable 32% entre quienes, en esos tres territorios, son votantes de formaciones nacionalistas e independentistas. Pese al ruido, el identitarismo excluyente, solo español, 14%, o solo de su región, 9%, es claramente minoritario. Predomina un muy mayoritario sentimiento de identidad dual, complementaria y no mutuamente excluyente. Como indica otra encuesta de la misma casa, hay una clara bifurcación entre el clima político-mediático, que roza lo apocalíptico, y el estado de ánimo de los ciudadanos, mucho más templado y sereno (56% entre tranquilidad y entusiasmo).
Ahora bien, las cosas han cambiado desde los tiempos de la República en que se discutió el primer Estatuto catalán. España tiene 17 Comunidades Autónomas (más Ceuta y Melilla). Y mucho de lo que piden unas, lo quieren las otras. Tomemos, por ejemplo, la denominación de “nación” para esa Comunidad, desde la consideración que España más que una “nación de naciones” es una “nación con naciones” o cuando menos, como reza la Constitución, porque no se quiso utilizar ese término, “nacionalidades”. El Tribunal Constitucional, porque lo recurrió el PP, en su sentencia de 2010 sobre el nuevo Estatut, refrendado cuatro años antes por los ciudadanos catalanes, estimó que “carecen de eficacia jurídica” las referencias que se hacen en el preámbulo a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña. Sin embargo, seis otros estatutos definen a sus comunidades como nación o nacionalidad, sin que hayan sido impugnados: Andalucía (desde 1981), País Vasco (1979), Galicia (1981) Baleares (1983) Valencia (1982) y Murcia (2015). El problema no es que Cataluña quiera denominarse “nación”, sino que muchas otras Comunidades también lo quieren o lo han hecho ya. La cuestión, como en tantos otros casos, es nombrar.
Otras, como la financiación autonómica (el modelo vasco y navarro no es generalizable, lo distorsiona todo, y Bruselas, que hace años que persigue el tema, acabará un día exigiendo su transformación por razones de libre competencia), o las infraestructuras. Las lenguas cooficiales plantean retos específicos para las Comunidades que las tienen, que hay que resolver, y no empeorar (como ahora en la Comunidad Valenciana).
Pero luego hay un problema de España, de los españoles. Por una parte, hemos dejado de conocernos. España es de los países comparables con más baja movilidad geográfica de sus habitantes. El AVE acerca pero hace que los viajes profesionales se hagan de ida y vuelta en el día sin pernoctaciones, y conversaciones, sí de bar. Los funcionarios, incluidos los maestros y las maestras con su importante papel, tienden a quedarse una vez llegan a su tierra, cuando antes constituían una elite que difundía ese conocimiento de la diversidad de España. La mili también servía para eso, para conocerse, no para mucho más.
Luego está el Estado propiamente dicho y el buen gobierno. Mucho dirigente independentista se queja de que el Estado no les sirve lo suficiente, menos aún ante el tirón por el norte del resto de Europa o en todas direcciones de una globalización que persiste, aunque algo más cambiada. Es decir, que la solución del problema requiere más y mejor Estado, no menos, recordando que las CCAA son Estado.
Al final la solución, o al menos el encauzamiento, tendrá que ser, de algún modo, federal, aunque no se llame así. De todas formas, no hay dos sistemas federales iguales en el mundo. Ese “plus” de lo federal es lo que le falta al Estado de las Autonomías, lo que implica una mayor coordinación y claridad a todos los niveles. El PSOE, en un compromiso con los socialistas catalanes, acordó en 2013 una vía federal en su Declaración de Granada, para incorporar el mapa autonómico en la Constitución, aclarar la distribución de competencias entre las CCAA y el Estado central, causa de tantos conflictos y los hechos diferenciales en algunas materias (financiación, lenguas, policía, etc.), impulsar la participación de las CCAA en la gobernación del Estado y la presencia de España en Europa, y sustituir el Senado por una auténtica cámara de representación territorial.
Pero para ello se requieren reformas de la Constitución (como pide la citada declaración) y, por consiguiente, el concurso del PP, que en estas circunstancias no lo va a aportar, al menos de forma inmediata, pero se verá obligado a entrar en ello. Hay que ir pensando en un posible federalismo práctico que no requiera, de momento, reformar la Carta Magna (tema para otra ocasión). Sin ignorar que los nacionalistas catalanes y vascos siempre han rechazado ese federalismo, en busca de diferenciación.
Ahora bien, el intento, lleno de dificultades, de Pedro Sánchez de lograr una investidura tan plural, y un programa para la legislatura, lo logre o no, va a obligar a poner muchas cartas sobre la mesa en esa negociación y poner en marcha un proceso que, le pese a Vox y a una parte del PP, incluso del PSOE, marcará un cambio. Una oportunidad, para ahora o para después. También puede salir mal, claro, aunque habrá abierto un debate necesario. Recordemos lo dicho: en general la ciudadanía está mucho menos tensa que la política. Aprovéchese, de forma pausada.