Se acercan las elecciones y, con ellas, resurgen debates olvidados. Se vuelve a hablar de modelo productivo, de cambio estructural, de productividad. Pero, ¿qué es la productividad? Podemos definirla de forma simple como una medida de la eficiencia en la producción. La productividad se refiere de esta forma a la cantidad de producto final (output) que podemos producir dada una determinada cantidad de inputs. Habitualmente en una economía asumimos que los inputs son el trabajo y el capital, es decir, que podemos crecer aumentando la cantidad de trabajo, aumentando la cantidad de capital o aumentando la productividad. El objetivo de este artículo es ver qué ha ocurrido con la productividad en España.
La primera medida de productividad que se suele usar es la llamada productividad del trabajo, que no es otra cosa que la producción por trabajador o, visto de forma un poco más refinada, la productividad por hora trabajada. Se calcula simplemente dividiendo la producción total (el PIB) entre las horas totales trabajadas. Pues bien, desde el año 1995 hasta el inicio de la crisis no ha subido apenas la productividad por hora en España, y se ha producido una gran divergencia con respecto a otras economías avanzadas. Entre 1995 y 2007, la productividad francesa subió un 23%, la alemana un 22% y la española un 3%.
Esta medida, sin embargo, puede ser algo confusa: dos países pueden tener una misma tecnología productiva pero diferentes niveles de productividad laboral, lo cuál indicaría un uso más intenso del capital en el país con la productividad laboral más alta. O dicho de otra forma, basta con que se destruyan los empleos menos productivos (como los temporales en el caso de España) para que suba la productividad por hora trabajada. Por este motivo, los economistas gustan más de usar lo que se llama la Productividad Total de los Factores (PTF), que mide como varia la producción si mantenemos constantes el nivel de empleo y capital usado. Es decir si conseguimos subir la PTF quiere decir que, usando los mismos trabajadores y las misma cantidad de capital seríamos capaces de producir más. A largo plazo, la cantidad de horas que se puede trabajar por persona, el número de personas y el nivel de capital están todos limitados. Por ello, la clave para progresar como país es aumentar la eficiencia en el uso de nuestros factores productivos, es decir, que crezca la PTF. Desgraciadamente, como podemos ver en el gráfico siguiente, España no ha apostado tradicionalmente por este tipo de crecimiento: ha sido el único país que ha reducido su PTF durante el anterior ciclo de crecimiento (1995-2007). En otras palabras, el famoso milagro español supuso que, con los mismos trabajadores y el mismo capital, produjéramos menos bienes y servicios cada año.
Es tiempo de elecciones, tiempo de abrir la veda a nuevas propuestas, tiempo de reformar y reformarnos. Diferentes partidos están proponiendo su receta para el cambio, pero si en algo deberíamos estar todos de acuerdo es que cada uno de estos programas económicos debería ir enfocado a aumentar nuestra productividad, y más concretamente, nuestra PTF. Esperemos que no continue siendo la gran abandonada. Ahora bien, ¿qué factores están detrás del incremento de la productividad total de los factores?
La investigación académica identifica el capital humano como uno de los aspectos clave. Nadie pone en duda que cuanto más educados y mejor estén formados nuestros trabajadores más productivos serán. Aquí tenemos un problema clarísimo, lo miremos como lo miremos. En primer lugar, como podemos ver abajo, España ocupa el primer puesto en abandono escolar temprano de todos los países industrializados.
Otro indicador interesante para comparaciones entre países es el porcentaje de la población que tiene estudios secundarios o superiores. Como se puede ver en el siguiente gráfico, desgraciadamente España vuelve a estar a la cola; tan sólo el 55% de la población tiene educación igual o superior a la secundaria completa.
En esta dimensión también es clave ver que ha pasado con el gasto en Educación y en I+D durante la crisis. Entre 2009 y 2013 se ha reducido el gasto en Educación un 16,5% y el gasto en I+D en un 10,8%. Es decir 8918 millones de euros menos en educación y 1576 millones de euros menos en I+D. En Alemania, Francia, Italia y la Unión Europea en su conjunto ha aumentado el gasto en I+D como porcentaje del PIB y los recortes en educación han sido mucho menores.
La segunda dimensión importante es la eficiencia de nuestras instituciones. Empecemos con el mercado laboral. Aquí tenemos claramente dos asignaturas pendientes. Por un lado, no podemos continuar siendo uno de los países industrializados con la mayor tasa de temporalidad. Actualmente, a pesar de la destrucción de más de 2 millones de empleos temporales entre 2008 y 2013, tenemos una de las tasa más altas de temporalidad de la OECD y vamos camino de coronar el podio si la recuperación del empleo continúa llegando de la mano de la precariedad laboral. La temporalidad es injusta para el que la sufre debido a su inseguridad laboral y al mismo tiempo, muy ineficiente para la productividad. La alta rotación laboral diluye los incentivos a invertir en formación específica de la empresa, tanto por parte de los trabajadores como por los empresarios. ¿Por qué invertir en la formación de un trabajador que en un año ya no estará ahí? ¿Por qué me voy a pagar ese curso que necesito para subir dentro de la empresa si me acaba el contrato en seis meses y en otros trabajos probablemente no me sirva de nada? Claramente, si queremos mejorar la productividad debemos acabar de una vez por todas con la lacra de la temporalidad.
Por otro lado tenemos el paro de larga duración. Como pusimos de relieve recientemente en este medio (ver aquí) tenemos 2.3 millones de trabajadores que llevan en paro más de dos años. Urge tener unas políticas activas de calidad que inviertan en ellos, reciclando sus habilidades profesionales, y les ayude a buscar empleo.
Si analizamos la productividad por tamaño empresarial también encontramos hechos relevantes. En primer lugar, como podemos ver en el siguiente grafico, cuanto mayor es el tamaño de la empresa mayor es su productividad. Es decir la productividad tiene rendimientos a escala. En España tenemos muy pocas empresas en comparación con otros países europeos y por lo tanto, nuestra productividad para el total de las empresas es menor. Si queremos mejorar la eficiencia de nuestro sistema productivo es vital que nos preguntemos porque en España las empresas no crecen y que podemos hacer para que lo hagan.
Otro aspecto muy relevante para la productividad y que, por desgracia, suele estar ausente en el debate público es la competencia. La competencia mejora la productividad. A través de la selección natural de las empresas entre los productores o las empresas con distintas tecnologías o niveles de productividad (¿recuerdan a Darwin?). La competencia hace que sólo sobrevivan las empresas mas eficientes o mas productivas, es decir, aquellas que son capaces de producir a un menor coste y por lo tanto, ofrecen productos a precios más bajos a los consumidores. En un entorno competitivo, las empresas tienden a arriesgar más, a llevar a cabo inversiones mayores para mejorar su productividad. Inversiones que mejoren la eficiencia del capital físico, pero también del capital humano (educación, formación especifica).
Cuando no hay competencia, cuando tenemos excesiva concentración del mercado o cuando hay sobrerregulación o regulación cuyo propósito es trabar la entrada de nuevos competidores, las empresas aprovechas su posición de dominio del mercado, lo que se traduce en benéficos extraordinarios gracias precios excesivamente altos para los consumidores, y a su vez, en un entorno poco propicio para la inversión productiva. Este es otro elemento que solemos olvidar cuanto mayor es la competencia entre las empresas menores son los precios que pagamos los consumidores.
Existen dos elementos que solemos olvidar cuando hablamos de competencia y de competitividad. Uno es la economía sumergida y el otro es la corrupción. La economía sumergida genera una competencia desleal con las empresas que se comportan de forma regular, frenando su crecimiento o sus proyectos de inversión. La corrupción, actúa como un impuesto o un coste adicional de producción, reduciendo la eficiencia general de la economía y, en muchos casos, rompiendo el proceso de la selección natural de las empresas, eligiendo a sus supervivientes por razones ajenas a la meritocracia empresarial. En España tenemos una de las economías sumergidas más grandes en relación al PIB de Europa. De la corrupción, mejor no hablamos.
Hacer comparaciones internacionales de competitividad es complejo. Pero España esta siempre situada muy abajo en todos los rankings internacionales. El World Economic Forum elabora uno de los índices más utilizados con dicho propósito, el Índice Global de Competitividad, en el que compara la gran mayoría de países del mundo en distintos aspectos que influyen en la competitividad. En el índice global nos encontramos en el puesto 35, pero debajo de esta cifra, que es en si misma baja para una economía del peso de España, encontramos gran disparidad en nuestros puestos en los respectivos rankings. Tenemos una gran red de infraestructuras (puesto 9 en el mundo) y acceso a un mercado común de gran tamaño (la Unión Europea). Pero a nivel institucional nuestra competitividad deja mucho que desear (73) y la baja eficiencia de nuestros mercados de bienes (75), financiero (91) y laboral (100) es verdaderamente preocupante. El entorno macroeconómico no ayuda (¡puesto 121!).
Otros dos indicadores internacionales nos dan pistas de que está fallando, especialmente cuando nos comparamos con otros países del club de los países desarrollados. El Banco Mundial elabora el Índice de Facilidad para Hacer Negocios (Ease of Doing Business) donde nos sitúa en el puesto 33 del mundo. Paralelamente la OCDE realiza el Índice sobre Barreras al Emprendimiento, que sitúa a España como uno de los países donde hay mas barreras para el emprendimiento. Nuestra legislación complica el proceso de creación de empresas, vital para el proceso de destrucción creativa que impulsa el avance de la productividad.
Nuestro país tiene un problema de productividad. Un problema que se pone de relieve en todas las comparaciones internacionales y que nos acompaña desde hace decadas. Durante la crisis se han recortado partidas que clave para la productividad y el crecimiento a largo plazo tales como la Educación o la I+D. Hemos visto también como la reforma laboral se centraba exclusivamente en la (necesaria) devaluación interna, dejando de lado medidas contra la temporalidad o el paro de larga duración, tan necesarias para mejorar nuestra productividad. Tampoco parece que haya hueco en los programas económicos para medidas que faciliten la creación de empresas o su crecimiento e internacionalización. En este sentido es sorprendente que se hayan paralizado o no completado leyes que hubieran ayudado a mejorar la eficiencia de nuestro sistema económico, y todo ello sin una justificación razonable. Sirvan como ejemplo:
- La Ley de Servicios Profesionales que liberalizaría muchas profesiones eliminado barreras de entrada y reduciría cargas administrativas innecesarias. Fue retirada el pasado mes de marzo.
- La ley de Registro Civil, que permitiría agilizar los trámites de creación de empresas, y entre otras cosas podría garantizar la gratuidad de los servicios de inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios. Aparcada hasta junio de 2017.
- La famosa racionalización del calendario laboral, que proponía situar los festivos en lunes o viernes para eliminar los improductivos macro-puentes, también se ha quedado en el tintero.
- La Reforma de los Organismos Reguladores es también sustancialmente mejorable. Es un ejemplo de la falta de calidad institucional. Quedan dos aspectos pendientes, la independencia del Gobierno y la transparencia y calidad en el proceso de toma de decisiones. La reforma cambió todo hacia un modelo de regulador único y el veredicto es que funciona igual de mal que el modelo anterior. Por no decir que el modelo ya nació viciado cuando se optó por cesar a los consejeros con mandato en vigencia. La imposibilidad de cesar a un consejero antes del fin de mandato es un elemento de independencia básico que no se ha respetado.
- La Reforma del Sector Eléctrico presenta fallos institucionales claros. España es el único país de la zona euro y probablemente de toda la UE donde es el Gobierno y no el Regulador quien fija los precios. El resultado es un déficit de tarifa que está cerca de los 30.000 millones de euros. Para pararlo se opta por recortes en los sectores regulados, principalmente en las renovables, dañando así la reputación de cara a los inversores internacionales. No podemos olvidar que en este momento España tienen abiertos 20 procesos de arbitraje internacional.
En definitiva, hemos abandonado la implementación de una la política económica basada en la productividad. La productividad es un problema solucionable que parecemos no querer solucionar. Confiemos que el ejecutivo que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre se lo tome en serio y consigamos modernizar nuestro país de una vez por todas.