¿Quién está protegiendo a Iñaki Urdangarin?
En medio de una profunda crisis que no sabemos a dónde nos llevará, la despiadada política de recortes que vivimos hace que nos planteemos los abusos de gasto en los que incurrieron en el pasado los responsables públicos. Y más en el caso de una figura decorativa como el duque consorte de Palma, Iñaki Urdangarin, imputado en el caso Nóos, por utilizar su condición de miembro de la familia real para obtener cantidades millonarias de las administraciones públicas para que su fundación, el Instituto Nóos, organizara eventos a precio de saldo o elaborara informes copiados directamente de Internet. Pero por mucho que desde su entorno pretendan trasmitir la imagen de la soledad del duque, hay muchos poderes fácticos implicados en la protección de Urdangarin ante la acción de la Justicia. Muchos de ellos actúan en Barcelona, pero tienen gran influencia sobre el Ejecutivo de Mariano Rajoy
Cuando estalló el escándalo, en noviembre de 2011, y tras la posterior imputación del duque de Palma en febrero pasado, son muchos los que han ensalzado la actitud de la Casa Real y del propio monarca, Juan Carlos I, de distanciarse del marido de su hija, la infanta Cristina, de apartar a ambos de las actividades públicas de la Corona y de reivindicar que la Justicia es igual para todos –excepto para él mismo, que según la Constitución es inimputable–.
El hecho de que Urdangarin recurriera a los servicios del abogado Mario Pascual Vives, quien dijo que su relación procedía exclusivmente de que eran compañeros de tenis, parecía denotar que el duque de Palma no contaba con el apoyo de la Corona ni siquiera a la hora de elegir abogado. Ninguno de los bufetes asociados a la Casa Real se iba a hacer cargo del caso. El propio historial de Pascual Vives como penalista sólo contaba hasta ahora con un caso mediático, haber defendido a las hijas del juez corrupto Lluís Pascual Estevill durante el proceso contra su padre en calidad de responsables civiles de los delitos del ex magistrado. Nadie reparó en que Pascual pertenece a un bufete estrechamente vinculado a La Caixa, al Barça y al grupo de amigos de Josep Piqué, ex ministro de Aznar, presidente de Vueling y hombre con un profundo ascendente sobre Mariano Rajoy.
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Ahora las cosas han cambiado para la Casa Real. El desliz del rey durante su cacería en Botsuana y la ruptura de Urdangarin con su socio en Nóos, Diego Torres, imputado como él por el juez Castro de Palma, han contribuido a que cada vez se cuestione más la actitud del monarca. Las negociaciones entre ambos responsables del Instituto Nóos han derivado en lo que la defensa de Urdangarin ha calificado de chantaje: la exigencia de cantidades de dinero que han ido disminuyendo por el abogado de Torres, el letrado barcelonés Manuel González Peeters, a cambio de no hacer públicos 200 correos electrónicos que acreditarían la implicación en las conductas supuestamente delictivas de la infanta Cristina y del propio monarca. Desde entonces, las presiones sobre González Peeters no han cesado y el abogado asegura en privado que está siendo vigilado por el CNI. Su comportamiento paranoico parece certificar que el defensor de Diego Torres está convencido de lo que dice.
La declaración de hoy del ex presidente balear Jaume Matas, también ex ministro de Aznar y, probablemente, artífice del estallido del caso Urdangarin como maniobra de distracción, no ha aportado nada a la instrucción. Una vez imputado Urdangarín y con la Corona en el foco de atención, ha decidido que ya no tiene más que decir, aunque en su día revelara que el Gobierno balear pagó 2,3 millones de euros a Nóos sólo porque se lo pidió el duque de Palma.
González Peeters teme que su cliente acabe cargando con toda la responsabilidad y por eso se puso en contacto con la Fiscalía para intentar alcanzar un acuerdo de conformidad. Un acuerdo que, en todo caso, exigía que Urdangarin también lo suscribiera. Ante las reticencias de Mario Pascual y del propio Urdangarin, la defensa de Torres puso en marcha la estrategia de presiones sobre Urdangarin. Pero fuentes conocedoras del proceso aseguran que ni habrá pacto ni compensación económica alguna para Torres, y que González Peeters ya lo sabe.
El aspecto de sabio despistado de Pascual Vives es muy engañoso. Detrás del letrado está el bufete Brugueras García-Bragado, Molinero & Asociados, escasamente mediático, pero muy influyente en Barcelona. Entre los socios que dan nombre a ese despacho está Juan Ignacio Brugueras, presidente de la Caixa dels Advocats de Barcelona, ahora absorbida por Multicaja, ahora Bantierra, donde es vicepresidente segundo. Fue vicepresidente del FC Barcelona en la época de Maradona, tesorero en la última Junta de Joan Gaspart y se quedó a las puertas de ser 'Síndic del soci' con el presidente accidental Reyna. Sigue ostentando el puesto ejecutivo en la Caixa dels Advocats, que es la entidad que percibe el dinero de la Consellería de Justicia de la Generalitat para el pago del turno de oficio a los abogados.
Alejandro García-Bragado Dalmau es también abogado del estado en excedencia y secretario y asesor de Aguas de Barcelona, Inmobiliaria Colonial. Y sobre todo: secretario del Consejo y asesor jurídico de Caixa de Ahorros y Pensiones de Barcelona, transformada ahora en Caixabank, y patrono de la Fundación La Caixa, donde trabaja la infanta Cristina. Por su parte, César Molinero Santamaría, profesor de derecho en la UAB y en su día redactor de La Vanguardia. Además es hermano del que fue teniente de alcalde de Barcelona con el PSC desde Pasqual Maragall a Jordi Hereu, pasando por Joan Clos.
Lo cierto es que Diego Torres, además de poseer una serie de correos electrónicos que vinculan directamente no solo a la infanta Cristina si no a su mismo padre, también tiene otros correos que demostrarían la connivencia de una institución financiera en la gestión de las cuentas en el extranjero de la infanta y de Urdangarin. La vinculación de la familia real con dicha entidad de depósitos tiene una larga tradición. No es casual que el despacho elegido para la defensa de Urdangarin sea el del secretario del Consejo y asesor jurídico de Caixabank. La misión del bufete, pues, es triple: defender al duque de Palma; evitar por cualquier medio que ni la infanta Cristina pueda ser imputada o el rey quede salpicado por sus ayudas a su hija Cristina y a su yerno Iñaki.
Además, en el despacho está representada la flor y nata tanto de la clase política como de la burguesía catalanas. Como Federico Calabuig Alcalá del Olmo, nacido el 6 de mayo de 1960, nombrado abogado del estado el 2 de febrero de 1987, número de registro personal 35028465, actualmente en excedencia. En el año 2009, ocupaba el 227 en el escalafón del cuerpo de Abogados del Estado. Su hermano Juan Ignacio es magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona.
La esposa de Calabuig es Pilar Fernández Bozal, actual consellera de Justicia de la Generalitat. Nombrada abogada del Estado el 2 de abril de 1991, el mismo día que Dolores de Cospedal ya que son compañeras de promoción. Su número de registro personal es 46222961 y en 2009 ocupaba el puesto 321 en el escalafón del cuerpo de abogados del Estado.
El preparador de Federico Calabuig fue el también abogado del Estado Pedro Ferreras Díez. Calabuig trabajó como abogado del Estado en el Tribunal de Expropiación y otros destinos siempre en Barcelona. Pidió la excedencia voluntaria en 1994 e inició su andadura como abogado en ejercicio en el despacho de Pedro Ferreras al tener que abandonarlo este por ser nombrado primero, en marzo de 1996, subsecretario de Industria y Energía y después, en junio de ese mismo año, presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ferreras consiguió ese puesto a gracias a su condición de amigo personal de Josep Piqué y Anna Birulés.
Piqué se incorporó al Gobierno de José María Aznar como independiente en 1996, desde el puesto de presidente del Círculo de Economía de Barcelona, uno de los foros empresariales más influyentes de España y al que sigue vinculado. Ocupó la cartera de Industria. Fue el propio Mariano Rajoy quien le convenció de que se afiliara al PP y se decidiera a liderar el partido en Cataluña. Piqué aceptó y no tardaría en ascender en el Gobierno de Aznar. Primero se convirtió en portavoz del Gobierno y, cuando Aznar obtuvo la mayoría absoluta en 2000, fue nombrado ministro de Exteriores. Sigue teniendo gran ascendiente sobre Rajoy y sobre el sector más moderado del PP hasta el punto de que sonó como ministrable de Economía tras las elecciones de noviembre, pero Rajoy tuvo que hacer una doble concesión: una a los mercados, con el nombramiento de Luis de Guindos, ex Lehman Brothers, y uno al aznarismo con la designación de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.
La relación de Piqué con La Caixa, por cierto, siempre ha sido excelente. De hecho, se formó en su departamento de estudios, y, aunque hubo algunos roces cuando, tras salir del Gobierno, intentó hacerse con la presidencia de la entidad, sigue manteniendo una fluida relación con los directivos del ahora banco.
El denominado Clan de Urús no es el único con cuota en el bufete que se encarga de la defensa de Urdangarin. En la plantilla figuran Antoni Esquerra-Torrescasana Llobet, secretario de la Fundación Güell; Carlos Ginebreda, amigo de la infancia de Federico Calabuig y profesor de práctica jurídica en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona; Carlos de Miquel, profesor de la facultad de derecho de la UB; Enric Emo, compañero de curso en el elitista colegio de jesuitas de Sarriá de José Ignacio Calabuig Alcalá del Olmo; José Carballeda, inspector de finanzas del Estado en excedencia; Luis del Olmo, hijo del locutor y abogado de Bankia; Tatiana Garí, heredera del imperio Garí, nieta de Manuel Garí de Arana, su familia sigue sentándose en el Consejo de Administración del Banco Santander por herencia del Banco Central, y Bartolomé Masoliver, exnotario, excónsul de Canadá en Barcelona.
