Mientras buena parte de los medios de comunicación españoles, siguiendo la cultura de la impunidad, ignoran la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo, de nuevo han tenido que ser medios extranjeros los que concedan a la misma la dimensión informativa que merece. Este lunes el diario estadounidense The New York Times publicaba en su portada, como una de sus noticias más destacadas en su edición en papel, una información dedicada a la querella argentina, a víctimas de la dictadura y a la impunidad del franquismo.
“Hoy en día, la política, los negocios y la ley en España están salpicados de personas con vínculos directos o indirectos con el régimen de Franco”, escribe el autor del reportaje en el diario estadounidense, que también informa de que “los tribunales españoles han rechazado oír estos casos [de las víctimas] durante cuarenta años”.
Además, incluye testimonios de víctimas, así como del portavoz de la Fundación Francisco Franco o del exministro y diputado Ramón Jaúregui, que considera que romper el pacto de amnistía para juzgar a responsables de crímenes del franquismo “no sería bueno para el país”.
Hablar de 1939, de 1950 o de 1976 no es hablar del pasado. Como dice José María Galante, víctima de las torturas de Billy el Niño durante el franquismo, abordar aquello es hablar también de 2014. La cultura de la impunidad en este país es tal que desconocemos nuestra propia historia. La impunidad del franquismo ha facilitado la consolidación de otras impunidades: si matar, encarcelar o torturar a alguien por sus ideas salió gratis, también puede pasar desapercibido robar, abusar, discriminar.
La cultura de la impunidad que defiende olvidar a los más de cien mil desaparecidos del franquismo aún enterrados en fosas comunes es la misma que ampara los desahucios de más de 500.000 familias mientras hay más de tres millones de casas vacías. Es la misma que ampara los 120.809 despidos en las empresas del Ibex 35 en el segundo semestre de 2013, mientras éstas aumentaron sus beneficios y ganaron 17.770 millones de euros.
Es la misma dispuesta a estigmatizar manifestaciones multitudinarias mientras defiende la violencia institucional. Es la que está dispuesta a decirnos que si nos pegan, es para protegernos. Que si recortan nuestros derechos y libertades, es por nuestro propio bien.
Es la que no se escandaliza si un manifestante pierde un testículo y otro la visión de un ojo. Es la que no pone límites a la infamia. La que da rienda suelta a la extrema derecha en algunos debates televisivos. La que aplaude que a alguien se le llame gordita, a falta de otros argumentos para arremeter contra quien defiende derechos fundamentales. La que ahora establece que la Reina y los Príncipes de Asturias sean aforados ante el Supremo.
Es la que protege a Billy el Niño, prohibiendo que se grabe su imagen durante la vista de su extradición este jueves, mientras permite que se publiquen fotografías de manifestantes a los que criminaliza. La que no se avergüenza cuando Naciones Unidas establece que España “se quedó atrás” para hacer frente a su pasado reciente. La que no mueve un dedo cuando la ONU recomienda retirar la ley de amnistía para que los juicios puedan celebrarse.
Cuando alguien dice que imputar a presuntos responsables de crímenes franquistas no sería bueno para el país, cuando añade que “no sabemos dónde comienza y dónde termina, ¿dónde establecemos los límites?” lo que está haciendo es echar mano de esa cultura de la impunidad. Los límites son claros. Otra cosa es que haya voluntad de aplicarlos.
La justicia, con su carácter ejemplarizante, pondría a este país patas arriba porque son pocos los rincones donde la impunidad y la corrupción no campan a sus anchas. Y, lamentablemente, son muchos quienes siguen beneficiándose de ello.
Acto sobre la extradición de Billy el Niño
Este jueves la justicia española decide si extradita a Argentina al expolicía franquista Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, acusado de haber practicado terribles torturas durante la dictadura española y reclamado ahora por la justicia argentina que investiga los crímenes del franquismo.
El fiscal, Pedro Martínez Torrijos, se opone a la entrega, alegando que los hechos estarían prescritos y que se pueden investigar en nuestro país. Resultan cuanto menos llamativos estos argumentos, ya que es de conocimiento público que los delitos de lesa humanidad no prescriben, y que, por lo demás, en España ha quedado más que clara la nula voluntad de investigarlos.
Ante la elevada sospecha de que la extradición de Billy el Niño sea denegada, este miércoles se celebra un acto en Madrid, impulsado por diversos colectivos contra la impunidad del franquismo, bajo el título: “Exposición de motivos: ¿por qué Billy el Niño debe ser extraditado?”. La entrada será libre.
En él varias víctimas relatarán las torturas a las que fueron sometidas, algo que les niega la justicia española, ya que ni siquiera podrán declarar en la vista de extradición de Billy el Niño. En el acto participarán integrantes de diversos sectores de la sociedad, se informará de las novedades en torno a la querella argentina, y se cerrará con música y poesía.
El Estado español sigue negando verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de la dictadura. Ante ello, como recordaba el lunes el relator de Naciones Unidas en The New York Times, “algunos problemas no desaparecen. No pueden ser barridos bajo la alfombra. La gente, como es lógico, no olvida”.