Salvador Illa, president; Puigdemont, huido. El titular es ése: los hechos. Es en los que debe basarse toda opinión periodística rigurosa, pero España retrata a diario sus deficiencias políticas y mediáticas, sobre todo. Este 8 de agosto se produjo un cambio notable en Catalunya con el acceso a la presidencia de la Generalitat de Salvador Illa, PSOE, por mayoría absoluta, pero España solo hablaba… de Puigdemont, siempre Puigdemont.
Las tertulias se pasaron la mañana especulando dónde estaría sin tener la menor idea. Luego él llegó, dio un mitin público, se fue y se evaporó. A partir de ahí se desparramaron las acusaciones y el reparto de culpas. Y esa moda que reverdece de los términos judeocristianos de la humillación que es una especie de lapidación mediática. Viene como castigo y como culpa. Y siempre deshonra. El daño o la pena es quedar expuesto al escarnio público.
Puigdemont puede circular por todos los países que lo desee, salvo por España, donde pesa sobre él una orden de detención y unas irresistibles ganas de hacerlo, incluso de modificar sentencias firmadas en busca de nuevos delitos. Pero, en este momento el único delito que persigue la justicia es el de “malversación de fondos públicos” que, en su caso, descarta su propio enriquecimiento personal. Tiene su gracia en el país de la fallida Ciudad de la Justicia o del descomunal sobrecoste del Hospital Zendal en Madrid, la Ciudad de la Cultura en Galicia, el aeropuerto de Castellón entre otras muchas formas de dilapidar el dinero público en las que sí se ha ido encontrando -dentro de una gran benevolencia judicial- lucros personales. Pendiente también la rocambolesca reactivación a cargo de un juez de una presunta trama rusa en la que no ha habido cambios en cuatro años. Y cuyo instructor, sin sentencia alguna, rechaza amnistiar a Puigdemont y ha elevado la causa al Supremo. Y sin que la Audiencia de Barcelona haya resuelto el aluvión de recursos presentados.
La derecha española abusa de borrar la memoria con la complicidad de sus medios de ataque. El 1 de octubre de 2017 los ciudadanos catalanes que así lo quisieron votaron en las urnas en un referéndum de autodeterminación, no vinculante por imperativo legal. Alguien lo imaginó como argumento de fuerza ignorando la España en la que vivimos, pero la fuerza la desplegaron en violencia las enviadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Y escandalizando al mundo. Fueron múltiples las condenas, algunas quedan en las hemerotecas.
España quedó “humillada” por la violencia policial, porque el gobierno de Rajoy permitió un referéndum que no quería y porque no fue capaz ni de encontrar las urnas. Salió el monarca español en un inolvidable discurso airado que tampoco mejoró nuestra imagen. Y posteriormente acudió el partido judicial aplicando unas duras sentencias a unos delitos cuya gravedad se vio obligado a ir rebajando desde el golpe de Estado que nunca existió a la sedición y rebelión. Ningún país europeo quiso extraditar a Puigdemont. Ante semejante justicia siempre entendí que salir del país era una medida práctica. Dio otra visibilidad internacional al conflicto y a los condicionantes españoles.
Han pasado 7 años. Muchos dirigentes catalanes han pagado cruelmente aquella decisión de octubre. Hablamos de muertes de familiares en ausencia, de hijos recién nacidos a los que se privó del abrazo del padre en la cárcel… la amnistía sí era una medida de reparación. Aunque se tomara por necesidad política del gobierno de Sánchez, pero eso sí, por mayoría absoluta del Congreso que ostenta la soberanía popular. Era la mejor y más democrática salida. Pero el partido judicial no acata oficiosamente el mandato del poder legislativo, al que está obligado. La separación de poderes anda muy en precario en España. Al punto que el pastiche de CGPJ apañado por PSOE y PP a pachas -no sabemos por qué- tras casi 6 años de secuestro de los populares es incapaz de votar un presidente y mucho menos una presidenta.
Este sí que es un problema y no Puigdemont. Un artículo de la revista norteamericana Newsweek lo destaca en su último número. Ya se va sabiendo, pero está fino el mundo para pararse en otra cosa que las denuncias.
Todo el error actual de Puigdemont reside en no asumir que ha perdido la partida y que por muy injusto que lo vea y lo sea no tiene votos para gobernar, pero sí los caminos para una amnistía que la justicia española quiere sean tortuosos. Que la culpa no es de ERC, que se ha llevado otro palo en votos. Sobran y mucho las reacciones de Junts hasta lanzando bulos -se dijo el jueves- de detenciones nada menos que del President del Parlament para alterar -más- los ánimos. Lo publicó Europa Press y varios medios se hicieron eco. En el estado lamentable de la justicia en España resultaba hasta creíble.
Puigdemont no puede ser ahora president, sí puede Junts poner en problemas la legislatura de Sánchez: sería un error. La tentación del “cuanto peor, mejor”, abrazada a menudo por las derechas, no debe olvidar que el auténtico problema de España es el Partido Popular -con y sin su socio Vox- con su enorme aparato que ampara corrupciones y todo tipo de trampas. El gobierno de Rajoy fue una fábrica de independentistas sin retorno… hasta ahora. Durante su mandato se triplicó el número de catalanes partidarios de probar esa vía. Se pasó en ese breve periodo de un 15% a un 41% en 2016. Y solo lo hizo por fines electorales. Aplicar el artículo 155 y la represión del referéndum reforzaron ese sentimiento independentista, la rabia de muchos catalanes cansados de agravios. Feijóo o Ayuso pueden “explicar” todas sus incongruencias: dar a Junts lo que pide puede que no.
La derecha política en lo suyo. Una operación –“Jaula”- diseñada para lucha antiterroristas contra un diputado electo que puede circular libremente por todo el mundo salvo por España y que encima fracasa estrepitosamente. Tanto, que quedan demasiadas preguntas sin responder cuya respuesta no se podrá oir entre el ruido. Ridículo de muchos medios que se prolonga, demasiada pasión y poca información, ausencia de contexto. La cordura sustituida por conceptos épicos. Desconfío de la valentía de salón que acusa de cobardes a quienes se mueven buscando soluciones. Dudo que haya cobardía mayor que no afrontar con coraje… la realidad por muy adversa que sea.