Imágenes de un paseo bajo un sol de justicia en un Clío azul eléctrico. En eso se había quedado el raid del juez Peinado por los jardines de Moncloa. Seguro que desde el juzgado-show que dirige su señoría se filtra la secuencia de la comparecencia de Pedro Sánchez, seguro también que aderezada con algún detalle de estilo del instructor para dejar claro quién manda aquí; pero la cosa no daba para más. Como espectáculo era de lo más vulgar. La superproducción anunciada como “la primera vez en democracia que un juez toma declaración a un presidente en la Moncloa” lucía como una secuencia de una comedia familiar de Santiago Segura. Igual que iba a la Moncloa, podría estar camino del Mercadona, la playa o una reunión de la APA.
La querella por prevaricación presentada por la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno, ha convertido la comedia en un drama judicial de primer nivel. Se estaba rifando hace tiempo esa querella y el juez ha ido comprando todos los números. La decisión tiene sus riesgos. Pero más arriesgado parecía seguir esperando a la siguiente ocurrencia del juez Peinado.
El absurdo legal erigido por el juez para entrar en el complejo presidencial como si fuera a ejecutar un desahucio se ha topado con la implacabilidad de la lógica jurídica. Si al presidente Pedro Sánchez le toma declaración como esposo de Begoña Gómez, no como presidente, el cónyuge Sánchez se acoge a su derecho a no declarar sobre su esposa. Acto seguido, el presidente vuelve a gobernar, la oposición a convertir que Sánchez se acoja a sus derechos como ciudadano en la pistola humeante que prueba su culpabilidad y el juez a preguntarse si realmente habrá valido la pena madrugar tanto para llegar a la Moncloa media hora antes, listo y arreglado para las cámaras.
El presidente ha estado “impávido y altanero” ha testimoniado la abogada de Vox, que es algo así como quejarse del césped cuando pierdes el partido. La decisión de no declarar por parte de Sánchez resulta coherente con la estrategia de la defensa de Begoña Gómez: dar por perdido todo cuanto pueda acontecer en el juzgado de Peinado, pues su instrucción se guía por la lógica estrictamente política y personal de un magistrado a punto de jubilarse, y fiar el final de este sainete al sentido común legal y al crédito profesional de los magistrados de la Audiencia de Madrid. La decisión de presentar una querella por prevaricación parece algo tan inevitable como necesario. Es hora de que la Justicia se pronuncie sobre si estamos ante una instrucción llevada más allá de la ley por motivaciones políticas.
Disparada la bala del asalto en utilitario al palacio presidencial, al juez le quedaba pedir la imputación del presidente. Pero eso significa perder el control de juguete para cedérselo al Tribunal Supremo, además de convertir al testigo-esposo, de nuevo, en imputado-presidente; otro giro de tuerca jurídica que su señoría no tendrá problema alguno en explicar citando artículos de la ley que solo él conoce. La otra opción pasaba por seguir estirando la instrucción hasta que una instancia superior le mande parar. Agosto es inhábil para la administración de Justicia salvo las actuaciones urgentes, pero eso seguro que no era impedimento para su señoría. La querella por prevaricación del presidente del gobierno le ha quitado el control de los tiempos y del espectáculo. Y eso seguro que ha dolido.