El artículo publicado en el diario El País el pasado 1 de junio, titulado “No queremos volver a la España de los 50” y firmado por los profesores Fernández-Villaverde, Garicano y Santos, es un ejemplo de la forma como actúan los 'think tanks' liberales a la hora de generar hegemonía en la sociedad. Proponen estos profesores como vía para ganar confianza en Europa y así salir de la crisis la formación de un Gobierno de concentración nacional, apoyado por los partidos mayoritarios (PP y PSOE, se entiende) y formado por “políticos competentes y técnicos intachables” (el Gobierno de Monti en Italia sería el espejo en el que mirarse). Y lo hacen, además, apelando a su condición de expertos en la materia, pues no en vano se trata de ilustres economistas y docentes en notables universidades estadounidenses. Pero sin señalar en ningún momento de su artículo su adscripción a Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada).
Este no es un dato baladí. Fedea es un 'think tank' especialmente activo en estos años de crisis y que se presentó en sociedad con las propuestas que el famoso 'grupo de los cien' economistas (al que pertenecen los citados autores) lanzó al último Gobierno de Rodríguez Zapatero demandando el abaratamiento de los costes del despido, la congelación salarial y la apuesta por la negociación colectiva en la empresa. Ahora, una vez conseguidos estos tres objetivos con el Gobierno del PP y visto su nulo éxito a la hora de reactivar la economía, es de prever que sus futuras demandas pasen por la formación de este Gobierno de unidad nacional que sea capaz de llevar a cabo las reformas requeridas por Bruselas. Cuáles sean estas es algo que solo debe estar al alcance de avezados economistas y no de simples ciudadanos, meros votantes y carentes de la 'expertise' necesaria para abordar tan magna tarea. more
La estrategia con que actúan estos 'think tanks' es bien sencilla. Presentan sus propuestas como el resultado del trabajo científico o bajo la etiqueta de prestigiosos investigadores, pero nunca como aportaciones ideológicas, interesadas o parciales. La adscripción a la ciencia presenta ventajas, dado que sus opiniones se benefician así de la aureola de neutralidad, objetividad e imparcialidad que rodea al científico, quedando al margen y por encima del terrenal debate político. Ahora bien, ya que científicos dicen ser, deberían cumplir con una de las reglas básicas que Max Weber demandaba de todo científico: declarar expresamente sus opiniones y puntos de partida.
No obstante su silencio, un simple vistazo a la lista de patronos de Fedea resulta muy ilustrativa. De ella forman parte las principales corporaciones bancarias del país, así como grandes empresas que cotizan en el Ibex-35 y que gozan de una posición dominante en sus respectivos mercados. Incluido, por cierto, el Banco de España, cuya negligencia a la hora de vigilar el sistema bancario español ha sido más que notable. “Quien paga al flautista elige la melodía”, suele decirse. En el caso de Fedea, el refrán se cumple a pies juntillas. Sus propuestas soslayan el rol desempeñado por grandes empresas y bancos en el devenir de la crisis y se centran, por el contrario, en los defectos de nuestro sistema laboral y de los sindicatos, causantes de los grandes males de este país. Hay que reconocer que en parte su estrategia ha dado buenos resultados: durante estos últimos años han conseguido fijar el debate y la atención pública en el mercado laboral, evitando así que se cuestionara la actuación de grandes empresas, constructoras, bancos y cajas en el devenir de la crisis.
Pero la última reforma laboral del Partido Popular ha mostrado la falacia de esta argumentación: ni el desempleo ni la prima de riesgo han descendido. De ahí que ahora las propuestas miren hacia otro lado. Descartados ya los sindicatos, sólo queda dirigirse hacia los gobiernos y los parlamentos que los eligen. Es la última trinchera por conquistar: el día en que los gobiernos dejen de ser elegidos por los ciudadanos y se elimine esa molesta “soberanía popular”, aunque sea en los exiguos términos en que todavía sobrevive, ese día será el del inicio de la recuperación económica, dado que solo así reconstruiremos la confianza de los inversores extranjeros y socios europeos.
Permítase poner en duda esta conclusión. La experiencia de los últimos tiempos --reforma constitucional exprés incluida-- ha puesto de manifiesto que actuar a los dictados de Bruselas y de las instituciones reguladoras de los mercados no es garantía de generación de confianza. A juzgar por los hechos, parecería más bien todo lo contrario. Los sacrificios realizados tanto en derechos sociales como en calidad democrática --situada hoy, ciertamente, en unos niveles lamentables-- no se han visto acompañados de resultados económicos favorables. Ello viene a mostrar algo que ya debería haber quedado claro tras lo sucedido con el final de la República de Weimar: que en ningún caso la democracia es la causa de las crisis económicas y financieras, y que propuestas como la lanzada por estos economistas, que obvian el valor de la soberanía popular, conducen a experiencias infinitamente peores.
Hablando del pasado, tampoco es nueva en España la experiencia de un Gobierno formado por “técnicos intachables con amplios conocimientos de su cartera”. En 1959 entraron en el Gobierno del dictador Franco los llamados “tecnócratas” del Opus Dei, quienes pusieron en marcha el plan nacional de estabilización económica. Elaborado bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional y de la entonces Organización Europea para la Cooperación Económica (hoy OCDE), sus medidas buscaban facilitar la incorporación de la economía española a los mercados y limitar el gasto público a cambio de recibir los parabienes internacionales y estadounidenses. ¿Nos suena? Realmente, ¿queremos volver a la España de los 50?