Las últimas semanas nos han dejado acontecimientos extraordinariamente dolorosos desde el punto de vista de los derechos humanos.
El más grave, el del naufragio de un pesquero en el que, según parece a tenor de los testimonios de algunas de las personas que viajaban en él, podía haber más de 700 personas con destino a las costas de Italia. Personas que, como es comprensible y habitual, han dejado sus hogares, sus familias y sus países para buscar una vida mejor – bueno, más bien, para buscar una vida -.
El segundo, menos grave desde la perspectiva de las vidas humanas, es el conocimiento de que en la Comisaría de la Policía de Irun se habrían ofrecido por parte de su Jefatura a los agentes a ella adscritos días festivos o días libres en compensación o recompensa por las detenciones de personas migrantes. De manera que, según se ha sabido, se tendrían más días de compensación cuantas más personas se detuvieran – a tantos días la pieza -. Bien es cierto que la orden en cuestión fue anulada tras la denuncia de un sindicato de policía y que el responsable firmante – al parecer, Jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Irun - habría sido expedientado, si bien otras noticias indican que ha sido promocionado a un puesto superior, es de pensar que por razón de alguna convocatoria anterior, naturalmente. Pero poco importa el detalle. Lo relevante es el contexto en que todo esto se produce.
Ocurre que el tema de la Jefatura Superior de la Policía de Irun – disculpen si yerro en el detalle del órgano y jerarquía – parece un tema extraordinariamente burdo y que, como tal, si bien inicialmente ha generado un buen escándalo, ha conseguido ser apagado. Y eso que el tema no era baladí, pese a que el Delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, tras calificar esta orden de “error absurdo”, hubiera asegurado que la misma no se refería “específicamente” a detenciones de personas migrantes, sino “al conjunto de la población”. Oiga, pues no habrá racismo – o sí -, pero la estupidez es la misma.
Y hay algo que caracteriza a ambos acontecimientos. Es que ambos son una clara manifestación de “racismo institucional”.
Ya, ya sé que lo del “racismo institucional” se considera todavía hoy por muchas personas e instituciones como una expresión de una posición ideológica radical extrema. Pero no es así, en modo alguno. No lo es: buena prueba de ello es la existencia real y cercana de este “racismo institucional”, junto con un “racismo estructural” y otro “sistémico”, tal como los muestran gentes especialistas de la sociología y la antropología.
Y es que no hay radicalidad extravagante en la utilización de la terminología de “racismo institucional”, como lo revela el que estos términos han sido ya adoptados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos – TEDH – desde su Sentencia de 16 de abril de 2019 – Caso Lingurar contra Rumanía –. Era este un caso en el que el TEDH apreció la existencia de discriminación en la conducta policial de intervenir en un pequeño pueblo de aquel país por sospechas de actos de delincuencia, denunciándose por la familia Lingurar un trato discriminatorio por su origen étnico – romaní -, lo que no fue suficientemente investigado por los Tribunales nacionales. El TEDH concluyó que se había producido una violación de los artículos 3 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos – CEDH – y argumentó: “En el Estado demandado  las comunidades romaníes se enfrentan a menudo al racismo institucional y son propensas a un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley”.
Pero no vayamos tan lejos, o tan cerca, habida cuenta de que hablamos siempre de Estados miembros de la Unión Europea. Y es que también en España sucede, si no algo igual, sí sustancialmente parecido.
Tanto, que la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y no discriminación, promovida por el Ministerio de Igualdad, contempla en el marco de la especial atención a brindar en las administraciones educativas a este derecho de igualdad de trato y no discriminación, el fomento de enseñanzas en el conocimiento y el respeto de otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano y la de otros grupos y colectivos contribuyendo a la valoración de las diferencias culturales, así como el reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, para promover su conocimiento y reducir estereotipos. Nos suena, ¿verdad?
Pues ya ven cómo vamos. Tendremos que volver a la escuela a aprender. Lo digo muy en serio; yo lo haría encantada.
Lo grave es que pretende extenderse la idea de que las instituciones públicas están al margen de la cultura del racismo. Lo que es tan incierto como estúpido. Y es que el principal foco de racismo es, precisamente, el del Estado, el de los Estados de la UE, mayormente, en nuestro contexto sociopolítico.
¿Cómo podría, de otro modo, calificarse la impasibilidad de estos Estados, el nuestro incluido, ante el drama de las constantes e innumerables pérdidas de vida humanas en el Mediterráneo, en lo que constituye una flagrante y profunda vulneración de los más básicos Derechos humanos.
¿Cómo podría calificarse, si no, el dato que proporciona la Organización Internacional para las Migraciones, según el cual desde 2014 habrían desaparecido más de 27.000 personas en dicho Mar?
Y es que ninguna palabra, ningún discurso serán creíbles si no garantizan una política migratoria europea respetuosa de los derechos humanos, una política solidaria basada en la cooperación y en la protección de las personas, con rechazo de la utilización partidista del fenómeno migratorio y el relato xenófobo que nos invade. Ningún discurso será admisible si no contempla un trato igual para las personas que emigran y buscan refugio y oportunidades entre nosotros, procedan de donde procedan, vengan de Ucrania o de la República Centroafricana. Ninguna voz será asumible si los Estados no se comprometen a garantizar vías migratorias seguras y eficaces para todas las personas.
Y lo que ahora ha ocurrido en las costas griegas sucede igualmente con gran frecuencia, como sabemos, en las costas de las Islas Canarias, en Ceuta y Melilla…, sin que la respuesta española sea distinta.
Esa respuesta puede ser calificada, no solo de “racismo institucional”, sino, como el ya jubilado magistrado Ramiro García de Dios Ferreiro indica, citando a Luigi Ferrajoli, de “sadismo policial” y “sadismo institucional”. Como lo hizo, por ejemplo, a propósito del internamiento de las personas inmigrantes del Aquarius en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el verano de 2018.
Y todo esto, sin entrar en el “racismo social”, del que cada cual sabemos un poco o bastante, en un estadio de fútbol y/o en otros muchos ámbitos.