La crisis económica que ahora empezamos a cerrar llegó a suponer, en el momento más duro, una pérdida acumulada del 10,6% de la renta per cápita. Nunca antes en la Historia económica documentada la renta per cápita de España se había reducido durante seis años consecutivos, como ocurrió desde 2008 a 2013.
Las cuentas nacionales confirman que, en el tercer trimestre de este año, el PIB de la economía española ha recuperado el nivel anterior a la crisis y todo apunta a que ocurrirá lo mismo con la renta per cápita en el cierre del año. Han sido necesarios nueve años, trimestre a trimestre, para que la economía española retorne al punto de partida (con el agravante de un deterioro en los indicadores de igualdad).
Durante este tiempo, la estructura del PIB se ha visto modificada de manera singular. La construcción aporta hoy en día unos 85.000 millones de euros menos que al inicio de la crisis, compensados por un aumento de las exportaciones de casi 80.000 millones y por una reducción de las importaciones de otros 27.000 millones.
La competitividad ganada por las empresas exportadoras, piedra angular de la recuperación económica, responde en gran medida a la evolución del precio del petróleo, al desendeudamiento facilitado por la política monetaria del Banco Central Europeo y a un ajuste del mercado laboral que no admite comparación con las principales economías de nuestro entorno.
Prueba de ello es que, con un PIB similar al anterior a la crisis, el número de ocupados equivalentes a tiempo completo todavía es 1,8 millones inferior al de entonces y la tasa de paro se sitúa todavía en el 16,4% de la población activa (asciende al 24,2% si se añade a los ocupados a tiempo parcial de forma involuntaria).
En valor nominal (sin tener en cuenta el impacto de la inflación acumulada durante estos años), el PIB se ha incrementado algo más de 35.000 millones, mientras la masa salarial del conjunto de la economía ha disminuido en 9.500 millones. Teniendo en cuenta la evolución de los precios de los bienes y servicios que componen el PIB, por una parte, y la de aquellos que determinan el consumo de los hogares, por otra, se tiene que el PIB en valor real ha experimentado un incremento acumulado de unos 6.900 millones de euros desde el inicio de la crisis, mientras que la masa salarial ha experimentado una contracción de unos 56.000 millones.
No debe sorprender, por lo tanto, que el consumo de los hogares se sitúe actualmente unos 27.000 millones de euros por debajo del nivel anterior a la crisis. Lo sorprendente es que no sea incluso menor, algo que encuentra explicación en la disminución de la tasa de ahorro de los hogares en el último año y medio, hasta un mínimo del 6,5% (desde un 10% de media en el periodo comprendido entre marzo de 2009 y marzo de 2016).
El desacoplamiento entre el crecimiento del PIB y el de la masa salarial se ha acentuado precisamente en la fase más intensa de la recuperación económica. Dos razones subyacen a este fenómeno: el incremento de la inflación, particularmente elevada en el arranque de 2017, y el estancamiento (cuando no disminución) de la remuneración media por trabajador.
Resulta inquietante que la intensa creación de empleo vea mermada su contribución al aumento de la masa salarial real por ambos canales (salarios que no crecen y precios que sí lo hacen). Quizás sea esta la razón principal por la que un incremento de los salarios sería particularmente benéfico en el contexto actual. No hacerlo terminará, más pronto que tarde, por erosionar el consumo de los hogares y desacelerar el ciclo económico. Pero hay más.
En primer lugar, los salarios han embalsado una notable pérdida de poder adquisitivo desde el inicio de la crisis. A partir del Índice de Precios de Consumo (IPC) y del Índice de Precios del Trabajo (IPT), elaborados por el INE, se infiere una disminución del salario real medio del 7,6% entre 2008 y 2015, sin indicios significativos de mejoría desde entonces.
La recuperación de los márgenes empresariales durante los últimos años, una vez completado el necesario desendeudamiento al que nuestras empresas estaban abocadas, sugiere que se dan las condiciones necesarias para un incremento virtuoso de la inversión, generadora de empleo, y de los salarios. Tengamos en cuenta que los dividendos distribuidos han crecido un 35% acumulado desde el inicio de la crisis hasta mediados de 2017 (última información disponible).
En segundo lugar, en relación al saludable vínculo entre los salarios y la productividad, se argumenta con razón que la productividad del trabajo apenas crece desde el inicio de la recuperación económica y que, aunque los márgenes empresariales lo permitan, conviene ser prudentes a la hora de proceder a incrementos salariales. Un aumento de los salarios superior a la inflación incrementa el poder adquisitivo, pero también puede comprometer la sostenibilidad de las cuentas empresariales si es persistentemente superior al de la productividad.
Conviene hacer una puntualización en este sentido. Desde mediados de 2010, momento en que la productividad comenzó a crecer por encima de los salarios, la brecha acumulada es claramente desfavorable a los últimos (han crecido el 2,6% frente a un incremento de la productividad del 6,9%).
En tercer lugar, quienes argumentan contra un incremento salarial en las circunstancias actuales suelen advertir de lo que supondría desandar el camino en términos de competitividad empresarial, lo que terminaría por traducirse en una menor creación de empleo. Sin embargo, es bien sabido que la competitividad no depende únicamente del control de los costes laborales sino del incremento de la productividad (que es lo que permite aumentos salariales sostenidos en el tiempo). La productividad, a su vez, depende de los flujos de inversión en capital físico, humano y tecnológico, que necesitan además de un periodo de maduración.
En todo caso, parece difícil que se pueda dar por cerrada la crisis económica que se inició en 2008 sin antes haber procedido a una normalización del mercado laboral en sus distintos frentes: empleo, precariedad y salarios. O actuamos en este sentido, poniendo especial atención en revertir el deterioro de la desigualdad, o la próxima crisis no va a ser sólo económica.