Nadie con criterio discute que la ya ex Fiscal General del Estado, María José Segarra, debía ser relevada, fundamentalmente, por incomparecencia en el cargo y haber dedicado su mandato a quitarse de en medio y traspasar marrones con cara de no saber de qué le estaban hablando. Nadie con algún sentido de la realidad puede negar que parece claro que la derecha piensa hacer un uso extensivo del recurso a la justicia y a la presión constante sobre la actuación de la Fiscalía, especialmente en todo cuanto tenga que ver con Catalunya. Nadie con un mínimo sentido de la estrategia puede rebatir la urgencia de colocar al frente de la Fiscalía a alguien con capacidad profesional y habilidad política para gestionar semejante placaje, interno y externo. Nadie con una cierta equidad puede negarle a Dolores Delgado su capacitación profesional y curricular; aunque calificar su trayectoria de “impecable” tras sus devaneos con el capo Villarejo luzca algo más que excesivo.
Todo esto es cierto. Pero no convierte a la exministra de Justicia en la mejor candidata para el puesto, tampoco la convierte en la mejor elección. La pregunta es si realmente era necesario recurrir a su nombramiento para procurar tales objetivos. Que con ella iba a llegar el escándalo parecía más que previsible. Que tanto ruido y furia componen un problema grave, que se añade a todo lo anterior y va a dificultar en extremo la consecución de objetivos más relevantes resulta obvio. La nueva fiscal actuará siempre bajo la presunción de culpabilidad fabricada por la derecha y su entorno y más difícil de desmontar de lo que parece. La nueva fiscal deberá renovar a más de 30 puestos clave en la fiscalía ¿Elegirá a los mejores o a los más fieles para capear su propio temporal? La pregunta y la duda parecen legítimas. Y una última pregunta, puede que no tan relevante pero más práctica. ¿Realmente no hay otra fiscal con el mismo perfil de competencia y capacidad política pero sin el lastre de acabar de ser ministra y diputada socialista?
Resulta pintoresco el ritual rasgado de vestiduras de la derecha ante un nombramiento que califican de atentado a la separación de poderes. Cada día queda más claro que Pablo Casado cursó demasiado rápido su carrera de derecho. Al Fiscal General del Estado lo nombra el gobierno y depende jerárquicamente del ejecutivo, a quien, por supuesto, corresponde fijar sus prioridades y políticas preferentes, porque para eso la justicia emana del pueblo y para eso, entre otras cosas, votamos a los gobernantes, no a los fiscales. El límite lo marca que la actuación ha de guiarse por el principio de legalidad, no los grados de separación de quién lo designa.
El historial de fiscales “independientes” aupados por los gobiernos 'populares' habla por sí solo. Suena a chiste malo hablar de asalto institucional, muerte del Estado de derecho o deslealtad cuando, para hacer oposición, los 'populares' han utilizado sistemáticamente el bloqueo de la renovación de instituciones clave como el CGPJ o el Tribunal Constitucional. Una contradicción que hace aún más llamativa la flojera de piernas de la izquierda de orden ante semejantes críticas, la facilidad con que imponen su relato quienes tratan al Estado de derecho y a la Constitución como una valla que se baja o se sube solo cuando les conviene.