1. A estas alturas no hay duda de que se confió en quien nunca se debió confiar. Hablo de comportamientos reprobables que pueden ser constitutivos de delitos, no de opciones sexuales que algunos consideran poco apropiadas, ni de personalidades adictivas. El feminismo no es autoritarismo y la izquierda debería abandonar de una vez por todas su presunta superioridad moral y los juicios moralizantes.
2. No podemos perder de vista que todo lo que está pasando es un triunfo del feminismo que ha logrado reconceptualizar las relaciones sexuales para dejar claro que el sexo es una categoría social impregnada de política y que las mujeres no son solo víctimas de discriminación sino también, y sobre todo, de la opresión que se ejerce a través del cuerpo, la sexualidad y la reproducción. Lo que no puede pasar es que entre los efectos colaterales de este tipo de casos se cuente la reaccionaria sacralización del sexo normativo, que algunos están buscando, o derivas punitivistas que el feminismo nunca ha validado y que alimentan, más bien, las posturas antifeministas de las derechas.
La reacción moralista y/o punitivista, por más comprensible que sea, individualiza un problema estructural reduciendo la violencia sexual al estricto ámbito del consentimiento propio, y el énfasis en el consentimiento, ejecutado desde una lógica patriarcal, acaba debilitando el énfasis en la coerción social a la que las mujeres estamos sometidas.
3. La estrategia del linchamiento y el aquelarre (feminista o no) no se puede apoyar bajo ninguna circunstancia. Quienes ejercen violencia machista son los únicos responsables de sus actos y esa responsabilidad no puede hacerse extensible a nadie más, salvo prueba en contrario. Si todo es culpa del patriarcado, Errejón está en lo cierto, y lo cierto es que no lo está. Su carta es un ejercicio narcisista y autocomplaciente orientado a eludir responsabilidades y buscar atenuantes penales. Ni la violencia machista se deriva solo de estructuras de dominación, ni es cosa de manzanas podridas o personalidades patológicas.
4. Los políticos no son héroes, ni sacerdotes, ni eremitas. Se les ha de exigir un mínimo de coherencia entre lo que hacen y lo que dicen, sobre todo porque detentan cargos públicos o, como pasa a menudo, se autoproclaman como guías ejemplarizantes. Pero no podemos olvidar que nadie está a la altura de sus ideales ni de los ideales ajenos, ni siquiera cuando dice estarlo. Dicho esto, lo que no puede pasar es que la distancia que hay entre las palabras y los hechos se transite con comportamientos altamente reprochables o que uno se aproveche de esa distancia para abusar de su poder.
5. El acoso en política está muy extendido, pero se denuncia poco y existe la tendencia a creer que es un problema de la víctima. Siguen vigentes estereotipos que las culpan, miedo a las represalias, a la victimización y a la pérdida del puesto de trabajo. No se las protege suficientemente, ni a ellas ni a los testigos que denuncian. Por eso, entre otras cosas, la solución no puede ser solo animar a las mujeres a denunciar en juzgados porque está más que contrastado que, a pesar los loables esfuerzos que se han hecho, los procesos policiales y judiciales desalientan y revictimizan. Evidentemente, las delaciones anónimas tampoco solucionan mucho y pueden ser contraproducentes también para la víctima. Por eso, es un imperativo legal el de articular protocolos efectivos que se pongan en marcha cuando el proceso jurídico resulta excesivamente arriesgado.
6. La mayoría de los parlamentos y organizaciones no tienen mecanismos para que las mujeres se expresen, ni sanciones efectivas. Se ha visto bien en este caso, en el que no ha habido protocolos o se han aplicado de manera deficiente y distorsionada.
El Parlamento Europeo, por ejemplo, introdujo un sistema para prevenir y abordar el acoso sexual que incluye un código de conducta para sus miembros, capacitación opcional para los diputados y el personal, y diversos organismos de denuncia. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. La supervisión tiene que ser independiente, con procesos de selección transparentes y auditorías externas, la formación ha de ser obligatoria, tienen que publicarse informes de seguimiento y hacerse evaluaciones de riesgo. Habría que crear una red de asesores confidenciales y mediadores externos para orientar y apoyar a las víctimas y recurrir a procedimientos que no se dilaten excesivamente en el tiempo, tejidos para apoyar a las supervivientes y un registro histórico y confidencial de los casos.
7. La gestión que se ha hecho de este caso, en términos políticos y mediáticos, es más que mejorable. Las respuestas han sido dubitativas y tardías, ha faltado contundencia y una genuina identificación con las víctimas. Es mejor reconocerlo. Decirse feminista es condición necesaria pero no suficiente para serlo. Es preferible asumir que se han cometido errores en el diagnóstico, la percepción y la valoración de un hecho, que hiperventilar o contorsionar para darles encaje. La humildad es importante en política, aunque sea un terreno en el que, lamentablemente, prime más el vencer que el convencer. El liderazgo feminista es transformacional, no transaccional.
8. Es posible que el caso Errejón tenga un impacto negativo sobre el gobierno de coalición porque puede minar la legitimidad y la credibilidad de su discurso feminista, pero no creo que llegue a poner en duda el firme compromiso que ese gobierno tiene con las políticas feministas.
Es vergonzoso que el Partido Popular esté intentando embarrarlo todo usando la técnica de la mancha de aceite, mezclar y agitar, y estirando incansablemente el chicle. El Partido del caso Nevenka, los aplausos a Plácido Domingo y los “volquetes de putas” no tiene ningún compromiso con las víctimas de violencias machistas, ni conciencia alguna del daño que se les causa. Su estrategia ha sido siempre la del negacionismo, la indiferencia o la carnaza, que es la que revictimiza a las mujeres y debilita la lucha feminista.
Es penoso que la oposición en este país forme parte del problema y jamás haya formado parte de la solución. Los gobiernos de derechas recurrieron la ley de igualdad y la del aborto, se opusieron al matrimonio igualitario, a los derechos de las personas trans y a la ley del sí es sí (con la que se implementa el Convenio de Estambul). Se han abonado a la tesis de que las políticas de igualdad son chiringuitos, desmantelan la educación sexo-afectiva que es la que evita, precisamente, que se normalicen los abusos, y gobiernan con una ultraderecha declaradamente misógina y machista. Las mujeres no tenemos absolutamente nada que agradecerles.