Reforma laboral de 2012: ¿cómo terminará?

Llevamos varios meses escuchando hablar, y hablando también, claro, de la reforma laboral de 2012 y de su destino. Meses en los que el diccionario se ha convertido en protagonista del debate, ya que la discusión parece centrarse en la terminología utilizada para referirse a las intenciones del Gobierno al respecto.

Una reforma que, en su integridad, tiene los días contados, pues antes del próximo 31 de diciembre habrá sido “retocada” por el Gobierno. Digo “retocada” porque desconozco cuál será el definitivo alcance de la intervención. Y digo “por el Gobierno”, ya que, a estas alturas del año, no parece de ninguna manera posible, ni ha parecido en ningún momento la intención del Ejecutivo, su tramitación parlamentaria como ley, sino que, sin duda, se aprobará como Real Decreto Ley –una vez más–, como, por otra parte, se aprobó en su día aquella reforma por el Gobierno de Rajoy mediante el RDL 3/2012, de 10 de febrero, y más adelante como Ley 3/2012, de 6 de julio. Con la diferencia de que, entonces, aquel Gobierno tan solo llevaba un mes y medio escaso de ejercicio, y que, por tanto, la “urgencia” que justifica constitucionalmente la utilización de este mecanismo para legislar podía tener su sentido, al menos desde su punto de vista.

Superada por imposible la cuestión de la forma de la contrarreforma –en el mejor sentido del término–, queda por ver cuál será su contenido. Bueno, en realidad, su contenido, marcado por la ambición de su alcance. Y en esto, sí, la terminología tiene todavía mucho sentido. “Todavía”, pues, con independencia de que circule por todas partes ya algún “borrador confidencial” de la futura norma, lo cierto es que en este momento se desconoce hasta dónde se llegará. Esto es, si se “derogará íntegramente”, o se “abordarán las materias más relevantes” dejando para un momento posterior la derogación del resto, si se “modernizará” el sistema de relaciones laborales, si se renuncia ya a dejar sin efecto en su totalidad aquella reforma cuyos calificativos desde la entonces oposición prefiero ahorrarme ahora para evitar sonrojos inútiles.

No, realmente, hoy es imposible saber con qué marco normativo laboral se cerrará este año.

Y es que tenemos algunas certezas que, sin embargo, no garantizan nada en este momento. 

De un lado, la certeza de la literalidad del acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y UP, según el cual se va a derogar la reforma laboral de 2012 y recuperar los derechos laborales por ella arrebatados, impulsando en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperando el papel de los convenios colectivos. Acuerdo que preveía, en todo caso, alguna medida concreta con “carácter urgente”, como la derogación del despido por absentismo causado por bajas por enfermedad –compromiso cumplido por la derogación decidida por la Ley 1/2020, de 15 de julio–; la intervención en el ámbito temporal del convenio colectivo –esto es, la eliminación de la limitación de su ultraactividad, permitiendo su permanencia tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo–, o la derogación de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Y ello, además de otras modificaciones no menos relevantes de la normativa laboral cuyo abordaje podría hacerse sin problemas también al mismo tiempo. 

Y ahora, ¿en qué momento nos encontramos? ¿En el de la actuación urgente y, por tanto, limitada a los temas concretamente indicados? Teniendo en cuenta que el Gobierno cumplirá dos años en el próximo mes de enero, no parece que se trate ya de una actuación “urgente”, como lo fue la derogación del despido por absentismo. Por tanto, parecería que, tras haber fallado o incumplido su acuerdo de actuación “urgente”, debiera ahora abordarse la derogación íntegra de la reforma de 2012.

No parece, sin embargo, que vaya a ser así. Incluso la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Sra. Díaz, parece tenerlo ya asumido, al haber acordado un procedimiento y un contenido para dicha reforma, contenido que no coincide, al menos no exactamente, con lo pactado para el Gobierno de coalición, aunque todo está por ver. Y será fantástico que, finalmente, se haga “mucho más que derogar” aquella reforma de 2012, como la Sra. Díaz ha manifestado, y se modernice de verdad nuestra legislación y sea nuestro marco de relaciones laborales un marco respetuoso de todos los derechos de todas las personas trabajadoras.

Pero que no se diga que “técnicamente la reforma no se puede derogar”. Claro que se puede. El BOE lo aguanta todo, incluso lo que es más justo, algo que no siempre ocurre. Y podría –no digo que sea lo mejor a estas alturas– retomarse en su literalidad el Estatuto de los Trabajadores vigente el 9 de febrero de 2012 y preverse una transitoriedad que evite problemas aplicativos. E incluso volverse a los 45 días de indemnización por año trabajado para el caso del despido improcedente o injusto, algo que técnicamente carece de cualquier complejidad. Pero, por lo escuchado y leído, esto parece no estar ya, incomprensiblemente, en el ánimo del Gobierno. 

Pero, sobre todo, por favor, no se nos diga que esto fue un “fetiche político”, esto es, según el DRAE, un “ídolo u objeto de culto al que se atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos”. Pues ni somos gentes primitivas –con todo el respeto a nuestras antepasadas– ni pretendemos que nuestro Gobierno tenga tales poderes “sobrenaturales” sino que, sencillamente, utilice los que la Constitución le reconoce, los que la ciudadanía libre le ha atribuido y los que ha de ejercer para cumplir lo que se ha prometido.    

Me consta que el equipo del Ministerio de Trabajo está formado por personas más que capaces, profesionales y, sobre todo, con una idea muy clara del que debe ser un sistema de relaciones laborales respetuoso del derecho al trabajo y del resto de derechos constitucionales, comunitarios e internacionales de las personas trabajadoras. Y ello me tranquiliza. Espero que todo esto se imponga a otras razones. Y espero también que, pase lo que pase, se nos cuente la verdad, sin que parezca un “accidente ocurrido en Bruselas”.