Catalá está seriamente determinado a erradicar la violencia sexual contra las mujeres y para lograrlo, no se sabe si por ignorancia o mala fe, ha decidido encargar un estudio sobre la cuestión a la Comisión General de Codificación, cuya sección de Derecho Penal está formada solo por varones.
La Comisión tiene cinco secciones, dirigidas por varones, y está compuesta por 120 vocales de los que solo 17 son mujeres, ninguna de ellas penalista. El 100% de sus vocales natos son varones, aunque más del 50% de quienes componen la carrera judicial son juezas y no jueces. También son mayoritariamente mujeres las que estudian la carrera de Derecho y las que obtienen los más brillantes expedientes, pero, lamentablemente, sea por el techo de cristal, cemento, plástico o metacrilato, la supuesta sociedad meritocrática no deja de ser para ellas una triste ficción distópica. Una ficción gracias a la cual han de trabajar el doble y sacrificar el triple para situarse detrás de sus homónimos varones, ganando y tributando mucho menos que ellos.
Precisamente porque la meritocracia era esto, las cuotas existen y la paridad es una exigencia jurídicamente vinculante, aunque haya tenido, como vemos, un recorrido escaso y desigual. Y dado que en España está en vigor una ley de igualdad, es obvio que la Comisión de Catalá requiere de una revisión inmediata, aunque el juicio que esta situación merece no puede reducirse solo a esto. El hecho de que el Ministerio haya recurrido a este órgano a sabiendas de su composición es también el síntoma de un autismo institucional preocupante y digno de un detenido estudio.
El ministro de Justicia ha sido reprobado por el poder legislativo y ampliamente criticado por el poder judicial. Hace unos días, las siete asociaciones de jueces y fiscales que en el mundo han sido, le acusaban, implacables, de intromisión y de prestidigitación electoral, por afirmar que el autor del voto particular en el caso de La Manada tenía problemas singulares que nunca llegó a especificar. No era la primera vez que Catalá hacía gala de sus inusitadas habilidades visionarias. También supo anticiparse a los sorpresivos movimientos del juez de la esfera psicológica interna.
La cuestión es que ahora, después de tanta crítica a la sentencia de La Manada, tanta reacción social y tanta reivindicación de la perspectiva de género, las mujeres confiaban en que quizá el ministro hubiera comprendido algo. Pero no, el patriarcado es una sinrazón obstinada y el hecho de que se haya pensado en una Comisión en la que no hay ninguna mujer, del verbo “ninguna”, ha dejado claro que algo no se ha entendido bien, entre otras cosas, porque esta reforma la han reivindicado las mujeres, muchas de ellas juristas especialistas en la materia.
En España se denuncia una violación cada ocho horas y las propias estadísticas oficiales estiman que esa cifra no representa ni la cuarta parte de las que se producen, pero este Ministerio ha considerado irrelevante que hubiera o no hubiera mujeres en la Comisión que habría de estudiar estos datos, evaluar su impacto sobre las víctimas, apuntar a una posible reparación o analizar la sensibilidad social que se ha generado al respecto.
Se deduce que para el Ministerio la presencia de mujeres en una Comisión como esta ni cambia, ni debería cambiar, el sentido de la reforma que tiene que acometerse. Vaya, que los varones pueden representarnos perfectamente, como también nos representaban en los Parlamentos hace solo unas décadas, y están en condiciones de velar por nosotras mejor, si cabe, de lo que lo haríamos nosotras mismas.
En el Partido Popular están convencidos, parece ser, de que una Comisión compuesta solo por varones puede defender nuestros intereses de manera fidedigna; que no hace falta que haya juristas especializadas porque no hay nada que indique que, por su condición de tales, podrían comprender mejor la experiencia de quienes sufren agresiones sexuales y valorar más adecuadamente las medidas a adoptar. Es más, es probable que piensen que la presencia de mujeres puede contaminar de subjetivismo y parcialidad una reforma que tiene que ser “neutral”.
Lo cierto es que esta apuesta hipócrita por una falsa neutralidad es ya un clásico en la historia de las mujeres y un puntal crítico en el feminismo jurídico. Esta es la apuesta que anima hoy a buena parte de los que explican y aplican el Derecho, y la que animó también al Partido Popular a recurrir la ley de igualdad vigente en la idea de que atentaba contra la autonomía de los partidos políticos; un recurso que, entre otras cosas, lo que demostró fue, precisamente, la urgente necesidad de esa ley y la perfecta misoginia del Partido Popular. Lo que ellos llaman neutralidad y aplicación no sexista del Derecho es lo que puede llegar a hacer una Comisión de reforma penal compuesta exclusivamente por varones, calculadores racionales y fieles representantes del interés general.
Después de tanta discusión acerca de si la distinción entre prevalimiento e intimidación tenía o no tenía que ver con la experiencia de las mujeres; después de tanto sesudo debate sobre la violencia o la ausencia de consentimiento en las agresiones sexuales que ellas sufren, tanta reflexión sobre el patriarcado, la socialización sexual de los varones o la cultura de la violación, ¿se piensa en un ejército de varones que en buena parte acabe plagiando a las mujeres juristas para legislar sobre nuestros cuerpos?
Ahora resulta que la misma falta de credibilidad en la que se apoyaba ese voto particular con problemas singulares es la que regurgita en el Ministerio de Justicia, justo cuando hay que abordar seriamente una reforma del Código Penal que han propuesto, estudiado y analizado, fundamentalmente, las mismas mujeres juristas que están ausentes en esta Comisión.
En fin, señorías, solucionen de una vez sus propios problemas singulares, rectifiquen cuanto antes, recurran a expertas en la materia y aprendan de sus errores. Este es un gran momento y todavía están a tiempo.