“La desobediencia civil no es nuestro problema. Nuestro problema es la obediencia civil”, dijo el historiador y antibelicista Howard Zinn. Inspirado en la creciente necesidad de apelar a esa desobediencia civil pacífica para forzar cambios sociales justos, así como en la consiguiente criminalización y represión de los movimientos sociales que la fomentan y la practican, se celebrará los próximos días 6 y 7 de diciembre, en el Ateneo de Madrid, el primer Congreso Internacional Contra la Represión. Hasta 22 ponentes, incluyendo activistas, periodistas, abogados, jueces, fiscales, sociólogos, politólogos, filósofos y psicólogos, de países como Austria, Estados Unidos, España, Inglaterra, Islandia, Noruega y Siria representarán los derechos humanos, la defensa de los animales, la ecología, el movimiento LGTB, la libertad de prensa y los derechos de los trabajadores. De entre todos, acaso los más mediáticos sean Kristinn Hrafnsson y Joseph Farrel, número 2 y embajador de Wikileaks respectivamente.
En los últimos tiempos hemos asistido, tanto dentro como fuera del Estado español, a un alarmante recrudecimiento del ataque, la persecución y la obstaculización del ejercicio de derechos civiles y de funciones profesionales, principalmente la de la información, que es la más incómoda para los poderes. Todos hemos podido ver en España cómo las Unidades de Intervención Policial han cargado con violencia brutal sobre manifestantes pacíficos que protestaban contra medidas del Gobierno que consideran injustas. Los abusos policiales van desde el pánico que provocan estos agentes, armados hasta los dientes y descontrolados hasta la médula, a la incomunicación a que pueden ser sometidas personas detenidas por el simple hecho de participar de una protesta o de informar sobre ella. Lesiones, humillaciones, retenciones, detenciones y, en algún caso, consecuencias irreversibles, como la pérdida de la visión de un ojo que ha sufrido Ester Quintana en Barcelona, presuntamente por el impacto de una bala de goma lanzada por los Mossos contra los manifestantes.
Todos pudimos ver la cabeza de un niño de 13 años abierta por los porrazos recibidos de un policía en la jornada de huelga del 14 de noviembre en Tarragona. Todos hemos podido ver los vídeos donde la policía acosa, zarandea e intimida a pasajeros en el Metro de Madrid durante las protestas del 25S. En esos mismos vídeos varios periodistas son obligados a identificarse, son agredidos y amenazados, y su labor profesional queda obstruida: incluso un policía rompe la cámara de uno de ellos. Todos pudimos ver cómo la policía identificaba y tomaba filiación a periodistas que, en las inmediaciones de la Audiencia Provincial de Madrid, cubrían la decisión del juez Pedraz de archivar la causa contra los organizadores de esa misma protesta del 25S. Todos hemos visto muy recientemente cómo una periodista de La Sexta Noticias, Ana García, fue detenida, incomunicada durante horas y puesta en libertad con cargos por grabar una manifestación contra el desalojo en Sevilla de un inmueble en el que ni siquiera entró. El día de la Huelga General el joven vallecano Alfonso fue detenido por la mañana, cuando se dirigía a un piquete en compañía de su novia. Desde entonces está en prisión y le ha sido aplicado el régimen FIES.
Y además está lo que no podemos ver: el trato vejatorio que reciben los detenidos en los furgones, en las comisarias y en los calabozos; la tortura psicológica a la que son sometidos los detenidos que son interrogados por personas encapuchadas; las pruebas inculpatorias que aparecen misteriosamente, como esas piedras que de pronto estaban en las mochilas de Ainhoa Cortés y de Gabriel Jiménez, detenidos tras la manifestación del 25 en Madrid; las falsas acusaciones, los malos tratos, el aislamiento; la infiltración policial violenta; la propaganda negativa.
Todo ello ha sido públicamente negado, justificado, minimizado y tergiversado por Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, por el conseller de Interior catalán, Felip Puig, por Carmen Crespo, delegada del Gobierno en Andalucía, y por el mismísimo Consejo de Ministros, que indulta por segunda vez a cuatro mossos condenados por torturas por el Tribunal Supremo y para los que la Audiencia de Barcelona había ordenado el ingreso en prisión.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ratifica la criminalización del descontento y de la indignación con unas reformas del Código Penal que lo convierten, como advierte Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “en el más duro de Europa contra formas de disidencia y protesta de la ciudadanía” y que hacen que pasemos de “un Estado social a un Estado penal”.
A través de métodos tanto legales como ilegales, el objetivo de los gobiernos represores es sembrar el miedo entre los ciudadanos y minar el avance de los movimientos políticos y sociales. Es precisamente lo que trató de hacer el Estado español con los activistas de Igualdad Animal, organización en defensa de los derechos de los animales que ha impulsado y organizado este Congreso Contra la Represión.
En junio de 2011, su fundadora y presidenta, Sharon Núñez, fue detenida junto a otros 10 activistas. A pesar de llevar años practicando el activismo pacífico en su defensa de los animales y la desobediencia civil no violencia como forma de protesta por la situación que éstos sufren, fue acusada de pertenecer a una organización criminal. El juez instructor los tachó ante los medios de “ecoterroristas”.
Son mis compañeros. No solo no son terroristas sino que son ciudadanos valientes que denuncian los crímenes que otros cometen, ciudadanos responsables y comprometidos que ejercen su derecho a disentir y a actuar de forma no violenta, como señala Julián Carranza, director de Planificación de Greenpeace, que también participará en el Congreso: “La sociedad contemporánea occidental está basada en principios, valores y derechos conseguidos desde el activismo en sus distintas vertientes”.
Animo a todos a asistir a este Congreso. Es una oportunidad de compartir experiencias, de tender puentes entre movimientos sociales y de plantar cara a quienes “quieren seguir haciendo daño a los oprimidos”, dice Sharon Núñez, a través de la represión de cuerpos policiales internacionales como la Europol, defensora de los intereses de las élites económicas e instrumento del control social. Sabemos que nos reprimen porque temen nuestra eficacia, porque crece la solidaridad ciudadana frente a los intentos de dividir a los disidentes. Así que será una oportunidad, este Congreso, y también en palabras de Sharon, “de demostrar que lo que guía nuestras acciones no es el lucro ni el beneficio sino la solidaridad y la necesidad de justicia”. Porque “tenemos la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas”, como nos enseñó Martin Luther King.