España ha finalizado 2023 con un crecimiento muy superior a la media de la UE: a falta del dato definitivo el PIB habría avanzado más de un 2,4%. Este avance, que si se midiese bien el PIB sería aun superior, es esgrimido por el Ejecutivo actual como fruto de su brillante política económica, algo que, cuando se analiza sin las gafas de la militancia política, hay que poner seriamente en duda.
La economía española atraviesa, pero ya desde hacer muchos años, un problema serio de descapitalización humana que obliga a muchos trabajadores y trabajadoras a emigrar porque sus disciplinas laborales no gozan de oportunidades solventes y bien pagadas. Según la investigación del IVIE, esta pérdida se cuantificó en 150.000 millones de euros en 2022, un 40% más que antes de la pandemia. Esta sangría, que suele ser escondida por los medios de comunicación tradicionales y que no despierta mucha preocupación social, explica, en gran parte, la debilidad estructural de la economía española, que solo crece cuando se generan burbujas especulativas o por elevada demanda de servicios de bajo valor añadido como el turismo de masas, lo que cronifica la estructura productiva de bajo valor añadido.
El mayor crecimiento relativo, a pesar de todo, no nos permite converger con la UE en renta y riqueza, por lo que el mercado laboral no se puede vaciar, incluso en épocas de elevado crecimiento nominal. El tener una tasa de paro natural del 8% apenas despierta interés entre la clase política, cegada y drogada por el elixir del corto plazo y las soflamas de parte. En este sentido, resulta desalentador que se desprecien iniciativas solventes sobre la urgencia de planes de empleo garantizado que ya han sido experimentados en algunos países como Japón. Sectores como los cuidados de mayores, ocio y cultura, medio ambiente y cuidado de bosques ofrecen algunas alternativas al pago de subsidios o la pobreza crónica a la que sometemos a una parte no desdeñable de nuestra sociedad.
Un elemento clave para esta nueva estrategia laboral, que nos debería llevar al verdadero pleno empleo, es la revolución de los servicios públicos de empleo, el SEPE, que hace lustros que no cumplen con el objetivo de una verdadera política de inserción laboral. La pobreza de los contendidos de formación continua, la mala praxis con los fondos destinados a la formación continua y la desidia política, explican la baja tasa de inserción laboral que se produce a través de los agentes públicos. La forma más frecuente de reclutamiento laboral en España, los contactos personales y familiares, reflejan muy bien la dualidad social y laboral en España, lo que sin duda reduce claramente la posibilidad de que el ascensor social funcione y permita a amplias capas sociales poder acceder a una vida digna.
Sin una formación adecuada y sin mecanismos de empleabilidad para trabajos de todo tipo de cualificación, estamos abocados a que sean los servicios de menor cualificación los que proliferen y tiren del empleo, casi siempre con fuerte carácter estacional, lo que redunda en una bajísima productividad, salarios reducidos, poca intermediación sindical y una limitada dimensión empresarial, elementos que explican la vulnerabilidad empresarial y su elevada rotación. La atomización empresarial también explica otro de los fenómenos típicos de la economía española, la escasa cogobernanza entre empresarios y trabajadores. A la espera que pueda llegar la esperada Ley de Participación en los Consejos de Administración, copiando el modelo alemán, nada permite esperar que los trabajadores puedan formar parte de estos Consejos, lo que redundaría en una mejor gestión y mayor grado de reparto de la tarta de beneficios. Es precisamente el déficit de distribución de la renta lo que caracteriza a nuestro país, un país con elevado crecimiento cada vez más desigual y con menos capacidad pública de revertir esta situación.
Estas carencias distributivas se enmarcan en otro de los grandes problemas sin resolver, el papel del Sector Público. La administración española carece de un verdadero plan de modernización en su gestión y la evaluación de sus resultados. La cantidad de gestiones duplicadas, la ausencia de una política real de aprovechamiento de la información pública y su cruce entre administraciones, provoca que los escasos recursos distributivos, como el Ingreso Mínimo Vital, no lleguen a los ciudadanos que lo necesitan. Añádase a esto un sistema fiscal obsoleto y escasez de controles para hacer cumplir la legislación, y tenemos en España el paraíso para incumplidores, defraudadores fiscales y oligopolios impunes a la legislación anticompetencia.
Si a todo esto unimos el bajo salario social que ofrecen las administraciones –fundamentalmente vivienda asequible para clases humildes, pero también para rentas medias–, tenemos un cuadro social con propensión elevada a caer en la pobreza relativa, especialmente en segmentos de rentas por debajo de 20.000 euros. La vivienda es la gran asignatura pendiente que sigue sin ser resuelta, por más que se cree de nuevo un Ministerio especifico, eso sí, poniendo al mando a cesantes de otros departamentos con nula experiencia y conocimiento y escuchando poco a los grandes viviendistas que existen en este país. Hay que crear un parque de vivienda social que iguale los porcentajes europeos, pero también hay que trabajar sobre la legislación fiscal del suelo y la nacionalización de las plusvalías del suelo, y explorar nuevas formas constructivas para el medio rural, haciendo del derecho de superficie y el apoyo exclusivo al alquiler los ejes de la actuación pública.
El eje estratégico de la vivienda debería formar parte de una revolución en la consideración de la vida en las ciudades, desterrando la tendencia del fin del comercio de proximidad, extendiendo la política de eliminar el vehículo, focalizando en los empleos comunitarios y facilitando la conciliación personal y laboral, pero no abriendo guarderías de 7 de la mañana a 9 de la noche, como ocurre en Madrid. El medio ambiente y las renovables son, sin duda, las herramientas para mejorar la calidad de vida, a lo que hay que unir una verdadera política de usos del tiempo más acordes a la vida actual y no seguir anclados en el fordismo como faro de la producción en España. Menor jornada laboral y más productividad, dentro de un marco de revolución urbana, son algunas de las tareas que nadie se ha atrevido a acometer desde hace décadas.
En esencia, tenemos por delante recuperar el peso industrial con elevado valor añadido, cambiar la dimensión y las relaciones en las empresas, más ciencia e investigación, empleo garantizado y una revolución en vivienda, diseño de las ciudades y el medio rural. Todo ello es incompatible con pensar en las próximas elecciones, por lo que soy muy pesimista sobre la solución a estos grandes retos.