Este texto es un artículo de opinión que simula la redacción de una noticia ficticia sobre la actuación del rey emérito.
El Tribunal Supremo ha condenado hoy al rey emérito Juan Carlos por un delito de injurias graves a la Corona. La sentencia, que impone la pena máxima prevista en el Código Penal para este tipo de delitos, afirma que el anterior Jefe del Estado “ha causado con sus acciones un profundo agravio, menosprecio y desprestigio a la más alta institución del Estado y a los valores constituciones que esta representa”.
La sentencia pone fin a un proceso que, recordemos, se inició con la denuncia colectiva presentada por una treintena de particulares, entre ellos varios conocidos raperos, activistas sociales, independentistas, dibujantes satíricos y usuarios de redes sociales, todos ellos condenados en la última década precisamente por ese mismo delito de injurias a la Corona.
Los jueces del Supremo han decidido aplicar al rey emérito la literalidad del Código Penal, que en su artículo 208 define como injuria “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”; y en los artículos 490 y 491 penaliza a quien “calumniare o injuriare al Rey o Reina, a cualquiera de sus ascendientes o descendientes…”
Ya el fiscal en su escrito ante el tribunal se había mostrado contundente al respecto: “Es más que evidente que las acciones del rey emérito desveladas por recientes investigaciones periodísticas y judiciales han lesionado gravemente la dignidad del actual rey y el prestigio de la institución monárquica, menoscabando su fama y atentando contra su propia estimación”.
Siguiendo el escrito del fiscal, la sentencia enumera cuáles son esas acciones que considera gravemente injuriosas para la Corona: “Fraude fiscal, blanqueo de capitales, cobro de comisiones, uso de fundaciones y testaferros, tarjetas black, cuentas secretas en paraísos fiscales, patrimonio no declarado…” Los jueces se han expresado con inusitada dureza en su condena: “Todos estos hechos ahora conocidos empequeñecen cualquier otra injuria que en las últimas décadas se haya podido cometer por parte de ciudadanos contra la Corona. No hay letra de rap, artículo de prensa, portada de revista satírica o tweet, por ofensivo que nos parezca, que pueda compararse con el carácter extremadamente injurioso que para la institución monárquica y su actual inquilino supone que el anterior rey aprovechase su inviolabilidad para amasar una fortuna de origen dudoso y ocultársela a la Hacienda española mediante subterfugios propios de delincuentes”.
Los jueces han desestimado otra denuncia presentada por varios ciudadanos que años atrás fueron condenados por quemar imágenes del rey. Pretendían que se le aplicase al emérito también el artículo 491.2 que aumenta la sanción “al que utilizare la imagen del Rey o Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes (…) de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona”. Consideraban estos denunciantes que “el uso que el rey emérito ha hecho de su propia imagen es de por sí un desprestigio añadido”, extremo que no ha sido tenido en cuenta por los jueces.
En su sentencia los magistrados incluyen un reproche a los legisladores, en particular a los diputados de PSOE, PP, Vox, Cs, Foro y UPN, que el pasado octubre rechazaron en el Congreso despenalizar las injurias a la Corona: “Si hubieran eliminado del Código Penal un delito que ha sido tan cuestionado por organizaciones de derechos civiles y por varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no nos veríamos ahora obligados a condenar por injurias a la Corona a quien hasta hace pocos años era su máximo representante”.
Fuentes del Supremo han manifestado su convicción de que esta será la última vez que alguien pueda ser condenado por injurias a la Corona en España: “El listón está ahora demasiado alto, es difícil imaginar que nadie pueda decir o hacer nada más grave contra la monarquía. Las acciones del rey emérito han conseguido vaciar de contenido el delito, lo han inutilizado al superar toda marca pasada o futura de desprestigio a la Corona”.
El tribunal intentará averiguar la actual dirección de don Juan Carlos en los Emiratos Árabes para notificarle la sentencia.