Esta semana vi el documental Ciutat morta que eldiario.es invita a ver a sus socios en la plataforma de cine online Filmin. La película narra uno de los peores casos de corrupción y tortura policial ocurridos recientemente en España. El 4 de febrero de 2006, durante una carga policial, un agente recibe el impacto de una maceta lanzada desde un edificio ocupado y queda en coma. A partir de ahí comienza el horror para un puñado de personas, ciudadanos corrientes, inocentes, gente que simplemente estuvo en el lugar equivocado en el peor momento posible. Ese horror incluyó acusaciones falsas, palizas, manipulación de pruebas, varios años de cárcel, un juicio injusto, una muerte y secuelas psicológicas de por vida.
La trama de corrupción moral abarca desde miembros de la guardia urbana hasta jueces. Secretarios, médicos y políticos estuvieron de un modo u otro involucrados. Claro que hubo un par de agentes que actuaron como motor de la pesadilla (agentes que, acusados ahora de torturas por otro caso, cumplirán un par de años en prisión –aquí la noticia-), pero ese motor no hubiera seguido en marcha sin la complicidad -por acción o por omisión- de otros. Lo dice la madre de uno de los chicos detenidos, estupefacta, dirigiéndose a la cámara: “El error ha sido confiar en la justicia. Yo no creía que pudiera ser una cosa tan cínica, pero es así”.
Ciutat morta trata de la indefensión de las personas ante las injusticias de un sistema que se protege a sí mismo. Y de eso mismo trata también la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada la semana pasada por el Congreso de los Diputados. La conocida como Ley mordaza impedirá a los ciudadanos grabar los abusos de la policía si los hubiera y multará por gritar según qué cosas o reunirse en según qué sitios. ¿Ley de Seguridad Ciudadana llaman a esto? Entonces ya podrían ponerse a elaborar la ley de Seguridad Policial y así impedir que los agentes pudieran grabar a los manifestantes, que pudieran insultarlos impunemente o que llevaran su identificación a la vista.
Vivimos un momento donde las concentraciones ciudadanas en la calle son no ya algo habitual sino necesario, porque la situación es crítica. En medio de todo esto, llegan las fiestas navideñas y las elecciones, con ellas llegan también las caras de nuestros dirigentes políticos que se asoman a la prensa para mostrarnos su felicidad. Mariano Rajoy tocó a rebato anunciando el fin de la crisis (“en muchos aspectos”) y de inmediato apareció la ministra de Empleo Fátima Báñez instando a los españoles “a estar alegres”, mientras que el ministro de Sanidad Alfonso Alonso advertía que habría que “empezar a sonreír ya”. Estos mensajes de regocijo son una burla para cualquiera con dos dedos de frente. O aún peor, son una amenaza, suenan a advertencia: más os vale sonreír, es una orden. El “¡se sienten, coño!”, del general golpista Tejero, revisitado.
De un año a esta parte ha habido una oleada de apariciones en distintos países de payasos diabólicos que se dejaban ver por la vía pública exhibiendo una sonrisa en la cara y un cuchillo en la mano. Este fenómeno, que comenzó al parecer en Inglaterra, se extendió después a California, a Francia, a Italia y sí, también aquí, en Gijón, tuvimos el nuestro. Entre la risa y el miedo, el absurdo y lo serio, este hecho ejemplifica el momento que nos toca vivir.
En un momento del documental Ciutat morta, uno de los chicos, que ya cumplió su condena en prisión, se pone a reír... por no llorar, dice. En el relato de lo sucedido durante aquellas detenciones queda claro que pesó la estética “no convencional” que los agentes percibieron en las personas que arrestaron. “Me cogieron por los pelos”, escribe en su diario, con amarga ironía, la chica que después se suicidó. Parece que un estilismo arriesgado en este momento pacato y regresivo puede ser una sentencia de muerte. Eso dice mucho de un país gobernado hace una eternidad por partidos conservadores.
Los payasos diabólicos pretenden provocar risa y seguidores en las redes sociales. También los cargos del PP, aunque su disfraz esté dentro del protocolo convencional, parecen buscar lo mismo. Pero la justicia es un intangible y ni se ríe ni deja de reírse. El abuso policial en las manifestaciones, los tribunales amañados, los casos de corrupción que están pendientes o detenidos, Jaime Botín que se libra de pagar una multa de 700.000 euros porque el Ministerio no hace el trámite a tiempo, la “dimisión inducida” del fiscal general del Estado... En este contexto, la anunciación de “un tiempo distinto” y “de esperanza” por parte de miembros del partido popular es para reír, sí. Ellos en las fotos sonríen. Los payasos locos ríen también. Aquí nos reímos todos, pero de diferentes cosas.