Junts ha caído en la trampa de los jueces García Castellón y Joaquín Aguirre. Su respuesta a la ofensiva de estos dos magistrados que ven terrorismo y alta traición donde no la hubo es volver a modificar la ley de amnistía prometiendo un blindaje total que es imposible.
Son los únicos que lo ven así. El PSOE, ERC, EH Bildu y el PNV consideran estéril ir reaccionando a unas maniobras judiciales que difícilmente pueden considerarse una casualidad porque entienden que estos dos magistrados u otros siempre serán capaces de encontrar otro elemento para torpedear la ley. Por eso el resto de socios del Gobierno defienden que de lo que se trata es de disponer ya del texto y asegurarse de que pueda superar la avalancha de recursos a los que deberá hacer frente.
El catedrático Javier Pérez Royo lo ha explicado muy bien en un artículo en este diario. El problema lo tendrá la justicia para demostrar aquí y en Europa unos delitos que no se cometieron. Es ahí donde deberá darse la batalla. Lo contrario, enmendar el texto con elementos que no superarán el control constitucional, puede servir para aparecer como el más valiente, pero en la práctica implica que el texto sería papel mojado ya antes de ser examinado por el Tribunal que preside Conde-Pumpido y de que la justicia europea dictamine sobre su validez.
“No podemos dar ninguna oportunidad a quienes están intentando sabotear y boicotear la ley de amnistía para que descarrile esta legislatura”, ha advertido la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Los asesores jurídicos de la formación abertzale han trabajado codo con codo con los de ERC y conocen bien cómo funcionan no solo determinados jueces españoles sino que también descubrieron antes que el resto que los tribunales europeos a veces pueden ser la alternativa. Son los que mejor lo saben porque cuando ellos estaban en pleno aprendizaje, muchos de los que ahora dirigen Junts se dedicaban a pactar con el PP de Aznar.
Esos asesores de EH Bildu son de los que advirtieron ya desde un principio que el redactado inicial referente al terrorismo que habían pactado PSOE y Junts de madrugada y sin que los republicanos hubiesen visto el redactado final, debía afinarse. Era cuando el partido de Puigdemont decía que por ellos el texto estaba bien y que no hacía falta tocarlo pese a que García Castellón ya había dado pistas de por dónde quería ir.
Junts ha ganado un mes para intentar forzar al PSOE a moverse. Si los socialistas se mantienen en su posición, la formación independentista deberá decidir qué hace: o acepta el texto como está ahora y busca argumentos para convencer a los que estos días les felicitan por su “valentía” de que es lo que hay, o les explica a los potenciales beneficiarios, cerca de 400 imputados (según Junts pueden ser hasta 1.400), que finalmente no habrá ley porque este partido ha decidido no votarla. Porque con la ley no es seguro que algunos o muchos de ellos puedan ser amnistiados. Lo que es seguro es que sin ella no habrá ni un beneficiado por el olvido legal de los delitos que se les atribuyen.
Las visiones distintas desde el punto de vista jurídico no pueden desvincularse de las estrategias políticas. Puede que Pedro Sánchez, además de las dudas legales sobre las enmiendas que propone Junts, haya tenido en cuenta las elecciones gallegas. Del mismo modo que el partido de Puigdemont tiene más que presentes las autonómicas en Catalunya para las que falta un año si Pere Aragonès, que ejerce ya también como candidato, no decide adelantarlas.
Los posconvergentes avisaron al empezar la legislatura que no quieren aparecer como integrantes de ningún bloque con el resto de socios del Gobierno y por eso evitan estampar su firma al lado del resto y especialmente al lado de ERC. En cambio los republicanos están cómodos en la foto con los partidos vascos y la de esta semana con Aragonès y el lehendakari Urkullu en Bruselas no les perjudica. ERC tiene otros problemas más allá de su competición con Junts. El primero, la sequía, un quebradero de cabeza para el Govern a quien se le achaca que durante una década no se hayan hecho las obras necesarias para intentar paliar una situación de emergencia como la actual.
240 municipios (202 se suman a los 37 que ya había) o, lo que es lo mismo, 6 millones de catalanes que a partir de este jueves sufrirán restricciones y en algunos casos prohibiciones de algunas actividades para hacer frente a la falta de reservas. A ver si con estos datos se consigue de una vez que lo importante pase por delante de lo urgente. Por algo se llama emergencia.