Sí, hasta hoy, se trata de una triste historia y de un “posible” fracaso. Cierto es que puede ya considerarse frustrada la vía de reconocimiento de un derecho que lleva empantanada nada menos que 47 años. Pero, en todo caso, todavía estamos a tiempo de evitarlo y, sobre todo, todavía tenemos la responsabilidad y el deber de mantener la esperanza y de poner todos los medios para su materialización.
Mucho se ha escrito, muy especialmente en los últimos días, sobre la cuestión. Hemos recordado las posiciones de organismos internacionales de la máxima relevancia y también la de España. Y no está de más incidir en ello otra vez.
En este sentido, conviene recordar que la Corte Internacional de Justicia ya declaró el 22 de octubre de 1975 que al Sáhara Occidental le es de aplicación la trascendental resolución n.º 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1960 sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales mediante el derecho de libre determinación.
Y también se han de traer a colación las nada menos que 74 específicas resoluciones de las Naciones Unidas sobre este pueblo –tanto de su Asamblea General como de su Consejo de Seguridad–, de las que destaca la de 29 de abril de 1991. En esta resolución del Consejo de Seguridad se apoyan “los esfuerzos del Secretario General en relación con la organización y supervisión… de un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental” y se crea la MINURSO –Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental–. Misión que no ha conseguido hasta ahora lograr su propósito por la radical negativa de Marruecos a celebrar cualquier referéndum en este territorio, así como por la posición de Francia y la tibieza de España y de la Unión Europea y las propias flaquezas y vaivenes de la ONU.
Flaquezas y vaivenes que, junto a la constatación de dificultades y escasos avances, si bien han motivado que en varias resoluciones se apele a “lograr una solución política realista, viable y duradera para la cuestión del Sáhara Occidental basada en la avenencia y la importancia de adaptar el enfoque estratégico de la MINURSO y orientar los recursos de las Naciones Unidas con ese fin” –véase, por ejemplo, la resolución de octubre de 2020–, sin embargo, no han llegado al punto de renunciar expresamente al referéndum. Así, la reciente resolución del Consejo de Seguridad de octubre de 2021 sigue manteniendo “la libre determinación” para este pueblo. Libre determinación que, en el marco de las Naciones Unidas, solamente puede entenderse ejercitada mediante la libre decisión del pueblo saharaui.
Tibieza de la Unión Europea que también conviene matizar. No en vano, su Tribunal de Justicia, en Sentencia de 29 de septiembre de 2021 afirmó, en esencia y muy resumidamente expresado, que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y que el Frente Polisario es el representante legítimo del pueblo saharaui y que cualquier decisión que afecte a este pueblo ha de serle consultada.
Y en estas estábamos cuando el pasado viernes 18 de marzo conocimos, a través de las autoridades de Marruecos –¡empieza bien la cosa!–, que el presidente del Gobierno había dirigido una carta al rey de aquel país en la que se diría –luego confirmado por su reproducción íntegra en un medio de comunicación–, además de dar bien de jabón, que, sobre la cuestión del Sáhara Occidental, se reconocen “la importancia que tiene” y “los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos, en el marco de Naciones Unidas, para encontrar una solución mutuamente aceptable”, así como que “España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”.
Lo que suscita varias preguntas. A mí se me ocurren las básicas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo? y ¿cuándo? No sé si es el orden más correcto, pero esto no es relevante.
Sobre el “qué”, es claro que, por más que se invoque el “marco de Naciones Unidas”, la misiva lo desborda claramente y constituye un evidente cambio de posición, como lo revela el que se apele a “la nueva relación entre los Reinos de Marruecos y España” y el que ni siquiera se mencione la “libre determinación” del pueblo saharaui ni el modo en que esa ahora invocada “autonomía” debería decidirse. Lo cierto es que no se me ocurre una vía distinta de la propia libre expresión de ese pueblo, sea para constituir un Estado independiente, sea para ser un territorio autónomo dentro de Marruecos. Porque, de otro modo, ¿quién y cómo podría decidir esto? ¿En qué fórmula está pensando el presidente, si no es un referéndum? ¿Y qué ocurrirá si el pueblo saharaui se muestra contrario a esta propuesta? Siendo claro, por supuesto, que se está dando carta de naturaleza a una situación provocada por la rebeldía de Marruecos al cumplimiento de las Resoluciones antedichas. Lo que es extraordinariamente grave en el Derecho Internacional.
Sobre el “por qué”, puede entenderse que el presidente crea que hay “razones” que a los humanos se nos escapen y que solo puedan leerse en clave diplomática o de alta política internacional. Inmenso error, pues la ciudadanía tiene –tenemos– pleno derecho a conocer los motivos que llevan a adoptar cualquier decisión política. ¿Y qué ventaja cabe esperar para el Derecho y la justicia? ¿Y para el pueblo saharaui? Sin duda, si es este pueblo el que decide una vía de autonomía u otra para regir su destino, será su libre decisión. Pero no parece ser esta la razón a la que el Gobierno de España ha respondido. Tampoco parece que por esta vía vaya a mantenerse la capacidad de incidencia de España, pues la posición queda muy deslegitimada para ese pueblo y, probablemente, también en el contexto internacional, teniendo en cuenta, además, la enorme fisura política interna en torno a la cuestión.
El “cómo” ya tiene otro tono. Es un poco de broma –con todo el respeto– el modo en que todo esto se ha gestionado. Como ya se ha hablado y escrito hasta la saciedad, solo me cabe sumarme a todas las críticas vertidas. Pero, ¿de verdad creía el presidente que esto se podía ocultar mucho tiempo?; ¿esperaba que la ciudadanía y los grupos políticos no lo consideraran tan serio como es? Porque, ciertamente, no se ha tratado de comunicarlo hasta que ya no hubo más remedio por la filtración de Marruecos e, incluso esto, de mala manera, habiendo debido esperar quince días a las explicaciones del presidente en sede parlamentaria, lo que se producirá en un par de días. Cuando, realmente, es una decisión que habría merecido una comparecencia en hora punta, de esas que Sánchez ha sabido hacer en tantas ocasiones. Es todo verdaderamente insólito. Y, por supuesto, resulta totalmente inadmisible la previa falta de comunicación y debate de una cuestión tan relevante en el seno del propio Gobierno y de las Cortes.
El “cuándo” se asemeja al “cómo”. Y no me voy a referir al calificado como “inoportuno momento” en relación con la crisis energética y la posible respuesta de Argelia –me parece un argumento “cutre”, sinceramente–. Pero sí llama la atención la distinta argumentación sobre la invasión de Ucrania por Rusia –argumentación irreprochable, por otra parte– y esta otra sobre el Sáhara.
Y es que, se quiera o no, España no es un Estado cualquiera en este tema, no. Y no hace falta remontarse a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1965 que declaró que España era potencia administradora del territorio del Sáhara. Basta con recordar, por ejemplo, en clave interna, el Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 4 de julio de 2014 en el que, en el marco de unas Diligencias penales seguidas por delitos de lesa humanidad y genocidio, se manifestó la conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal en el sentido de que España es “de iure”, aunque no “de facto”, la potencia administradora de este territorio.
Responsabilidad que nunca se ha asumido seriamente y a la que ahora simplemente se renuncia para echarse en los brazos de Marruecos.
Esta es la clave de lo acontecido. España, que “podía” y, sobre todo, “debía”, haber liderado, en su caso, si así se consideraba oportuno, una modificación del rumbo de Naciones Unidas para materializar esa vía “realista, viable y duradera”, no solo no lo ha hecho, siendo potencia administradora del territorio, sino que se ha posicionado con una de las partes en conflicto, la parte fuerte, la que también aquí genera problemas de diversa naturaleza.
¡Y qué decir de la posición de España ante Marruecos! Se invoca en la ya reiterada carta que todo lo dicho tiene por finalidad “garantizar la integridad y la estabilidad territorial de nuestros dos países”. O sea, que, al margen de probables presiones internacionales que se han aireado estos días, esta puede ser la causa real de la decisión del Gobierno sobre el Sáhara. Será interesante constatar que las cosas vayan a ser así realmente. Aunque nadie apuesta fuerte por ello, pues esta decisión habría contribuido, precisamente, a afianzar la posición de Marruecos, que se habría salido con la suya.
Y, se quiera o no, es una decisión del Gobierno, que es quien, según el artículo 97 de la Constitución, “dirige la política…exterior”. Si el Gobierno o sus miembros entienden, como se nos ha dicho en varias ocasiones –la última respecto de muy serias decisiones en relación a la invasión de Ucrania–que es el presidente el que dirige la política exterior, es su problema. La responsabilidad es colegiada. Y es, ciertamente, una enorme responsabilidad.