El Salvador: gritos desesperados en un país en Régimen de Excepción

“Me quiero morir”. La noche del martes 16 de agosto recibí ese mensaje en mi celular. Me lo envió alguien que se esconde de la Policía desde hace cinco meses. Se esconde porque vive en un país donde hoy por hoy no hay garantías judiciales para demostrar que es inocente. No existen desde que El Salvador entró bajo Régimen de Excepción el 27 de marzo pasado, luego de un fin de semana en el que hubo más de 70 asesinatos. El Gobierno de Nayib Bukele decidió instaurar un régimen para declararle “la guerra” a las pandillas. Esa guerra, como lo ufanan las autoridades en sus redes sociales, ha logrado la detención de casi 50 mil “terroristas”. 

Tres palabas, un mensaje sucinto como duro. La persona que me envió este mensaje fue acusada en el pasado y aunque fue absuelta de sus cargos, porque nunca hubo pruebas que le incriminaran, ahora le vuelven a perseguir en el marco del régimen de excepción bajo otro delito. Se teme con tal desespero cuando se acaban las opciones, porque someterse a un proceso es asumir que no habrá el respeto debido por el proceso o garantías de un proceso justo. Y esta no es solo mi opinión, lo dice Amnistía Internacional en sus más recientes informes, Human Rights Watch, la Fundación para el Debido Proceso y muchas otras organizaciones sociales salvadoreñas, que a diario se saturan por denuncias que llegan sobre violaciones de derechos humanos en el contexto del régimen. Estas incluyen una larga lista de abusos, torturas, amenazas y lesiones de parte de agentes de la Policía Nacional Civil como del Ejército. Incluso, se habla ya de posibles crímenes de lesa humanidad por parte del Estado. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dice estar investigando la muerte de 28 personas dentro de las cárceles, sin embargo, organizaciones sociales contabilizan hasta ahora 63 personas que fueron arrestadas durante el régimen y que han fallecido mientras guardan prisión. Muchas de estas muertes han sido notificadas a sus familiares tiempo después de haber ocurrido, porque esa es otra constante dentro de este contexto: nadie sabe nada sobre la condición de su pariente que guarda prisión. Por más información que soliciten, les es negada. Incluso las autopsias. 

Pero ese es El Salvador de hoy: quien alce su voz deberá atenerse a ser acribillado en redes sociales por toda la maquinaria oficialista, acompañada de un ejército de trolls, dispuesta a desprestigiar, desvirtuar y mentir impunemente

Desde que comenzó el Régimen de Excepción se han denunciado detenciones arbitrarias de personas que han sido capturadas cuando van camino al trabajo o en la calle o en sus viviendas, tal como señalan medios locales en un sinfín de historias que han podido documentar. Cientos de estos arrestos han ocurrido por tener antecedentes penales, haber llevado un proceso judicial -aunque exista una clara absolución de los cargos- o porque para la autoridad basta “con aparentar” ser pandillero. No solo se trata de si se tiene tatuaje o no alusivo a pandillas para que alguien pueda ser acusado de ser criminal, sino que los criterios utilizados caen en el absurdo como que una persona “por nerviosismo” ya puede ser catalogada como pandillera. Así lo reportó el periódico El Faro, luego de analizar cientos de folios de expedientes sobre cómo las autoridades han generado estas capturas, con lo que no hay dudas de que lo que menos hay detrás son investigaciones sólidas de parte de la Fiscalía General de la República. Para el Ministerio Público, controlado por el Bukelismo, solo basta con la ficha policial, que se levanta a la hora de la detención, para acusar ante un juez que una persona es criminal.

En Régimen de Excepción no solo no hay garantías de una defensa efectiva, tomando en cuenta que los casos de defensa se concentran en una Procuraduría General de la República que colapsa a diario y le es humanamente imposible defender, sino que si una persona es arrestada es posible que pase como mínimo seis meses en prisión mientras dura la fase de instrucción y la Fiscalía presenta pruebas incriminatorias. Aun cuando no las presente, se ha configurado un sistema judicial dispuesto a resolver a favor del Estado. Esto pasa porque la Asamblea Legislativa de Bukele reformó la ley para jubilar a un tercio de los jueces y juezas y así poder imponer a los suyos. Por eso pocas son las voces que se pronuncian dentro del sistema de justicia, porque el que lo haga corre el riesgo de ser removido. 

Pero ese es El Salvador de hoy: quien alce su voz deberá atenerse a ser acribillado en redes sociales por toda la maquinaria oficialista, acompañada de un ejército de trolls, dispuesta a desprestigiar, desvirtuar y mentir impunemente. Hay que estar en el poder para sentirse intocable. Si viviéramos en un mundo paralelo, muchos funcionarios y funcionarias deberían estar siendo procesados por difamación. ¿Para qué guardarse los ataques cuando saben que no habrá sistema que les juzgue? Por eso, ciudadanas como Josselyn fueron condenadas al exilio por protestar contra el régimen, por exigir la libertad de su pariente. Ella marchó a mediados de julio en la primera protesta masiva contra el Régimen de Excepción. Ella exigió la libertad de su hermano, pero también alzó su voz en contra de la represión. Su rostro se viralizó y no tardó mucho tiempo para que llegaran los ataques en su contra. Fue acusada de pandillera por una fotografía en la que aparece haciendo una señal representativa dentro de los grupos de rock (el de la mano cornuta). Sin embargo, para la autoridad, ella estaba replicando una señal con la que se identifican los grupos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13). Hay que ser lo suficientemente ignorante o vil como para hacer tal comparación. Pero el propósito se logró y la condena fue brutal. Ella huyó del país por miedo. 

Pero las protestas continúan. Las miles de detenciones han llevado al nacimiento del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), conformado por parientes de personas detenidas. La última protesta fue la tarde del 16 de agosto, el mismo día en que recibí el mensaje de texto. El Movimiento protestó frente a la Asamblea Legislativa para evitar que se aprobara por quinta vez una prórroga más del régimen. Pero no lo lograron. La Asamblea amplió por 30 días más lo que comienza a sonar más a un nuevo sistema de justicia salvadoreño. Aunque el “primero capturo y luego investigo” es todo menos nuevo en este país, porque desde siempre la Policía ha actuado de esa manera a la hora de detener en redadas masivas a las personas, ahora el hecho es que tienen las herramientas legales para hacerlo. No hay nada que les impida detener a una persona y acusarla de agrupaciones ilícitas o de colaborar con pandillas. 

 Aquí no se trata de que las autoridades no combatan el crimen, por algo han tenido más de USD $400 millones para un Plan Control Territorial, un presupuesto financiado a través de préstamos y del que poco o nada se sabe de su ejecución. Aquí de lo que se habla es de que encierran a personas sin tener pruebas suficientes y las someten a un proceso sin garantías en lugar de ir por los cabecillas de las pandillas. En vez de hacer su trabajo, facilitan salidas del país de líderes de la MS-13, como lo reveló El Faro.

Mientras tanto, hay personas que deciden esconderse de un sistema retorcido, que se pudre cada vez más, que no garantiza la protección de derechos de ningún ciudadano o ciudadana. Cuando una persona se queda sin opciones y sin un país que le proteja, no le queda sino más que mandar un grito desesperado a través de un mensaje de texto.