Muchos políticos intentan reescribir su pasado, sus antiguas declaraciones o su origen, sin mucho éxito a menos que los periodistas estén dormidos. Un ejemplo conocido es el de John Kerry, que, en 2013, cuando era secretario de Estado, afirmó en dos ocasiones que se había opuesto a la decisión de George Bush de invadir Irak, a pesar de que diez años antes había votado en el Senado a favor de la autorización al presidente para que empleara medios militares contra el régimen de Sadam Hussein. Había pasado algún tiempo, no tanto como para que los periodistas olvidaran lo que había ocurrido. Por esa distorsión de los hechos, la sección de 'Fact Checking' de The Washington Post concedió cuatro Pinochos a Kerry (en una escala de cero a cuatro).
No sé cuántos Pinochos se podrían conceder a Pedro Sánchez por su decisión de firmar en La Moncloa el pacto antiterrorista que incluye una medida ante la que él dice que se opone con todas sus fuerzas. Lo que es seguro es que hemos sido testigos de algo que incluso está por encima del nivel de Kerry. Porque se ve pocas veces que alguien intente negar algo que acabamos de ver con nuestros propios ojos. En tiempo real.
El acuerdo pactado por el PP y el PSOE no surge del vacío. Sus firmantes se refieren, por ejemplo, a “las nuevas y diferentes formas que adopta la amenaza terrorista” (sin precisar en qué medida es diferente ISIS a lo que siempre ha sido y ha querido hacer Al Qaeda). Además, el pacto se produce justo cuando el Gobierno de Rajoy va a introducir en el ordenamiento jurídico español una figura que creíamos incompatible con la Constitución: la cadena perpetua, denominada ahora “prisión permanente revisable”. Lo pactado incluye específicamente una referencia a un asunto tan importante como este, aunque lo hace digamos que por eliminación: “En todo caso, el presente acuerdo no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal”.
En el futuro. Las negritas son mías, porque hay que destacar este ejemplo de doble lenguaje al dejar claro que hay algo que queda fuera de la literalidad del acuerdo, que quizá se produzca o no en el futuro, pero que todos sabemos que va a ocurrir en cuestión de días. Ante esos delitos, y en este caso hablamos de delitos muy graves, la pena que se les asigne tiene la mayor importancia. No es una cuestión menor que se pueda obviar. Sabemos que el PP tiene la intención de emplear su mayoría absoluta para aprobar un agravamiento de las penas.
Pero el PSOE ni siquiera puede afirmar que el asunto de la prisión permanente se queda en esa ausencia ya reseñada. En otra página del acuerdo, se dice que “a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal”. El PSOE acepta esta frase, que como tal no es sorprendente, precisamente cuando la reforma del Código Penal está en marcha en el Parlamento.
Por tanto, y contra lo que afirma el secretario general del PSOE, el pacto incluye, avala y asume que la cadena perpetua va a ser un hecho para el que solo faltan los trámites parlamentarios correspondientes. Y el PSOE da al Gobierno la cobertura política necesaria para presentar este cambio de la máxima repercusión legal como una prolongación del consenso con el principal partido de la oposición.
Y este es el valor que tienen las “líneas rojas” que marca el PSOE sobre la arena. El adversario anuncia que va a traspasar esa línea, la pisa y la cruza, y la respuesta de los socialistas es enviar a su líder a La Moncloa para que firme, dé la mano al presidente del Gobierno que impone la prisión permanente y se vuelva a la sede con los zapatos manchados con esa tinta roja.
Que cada uno decida qué valor tienen esas líneas rojas cuando el PSOE las enarbole en temas que no tengan que ver con el terrorismo.
El acuerdo recuerda la experiencia anterior de la sociedad española en la lucha contra el terrorismo. A pesar de esa amenaza, “hemos sido capaces de construir y consolidar una democracia sólida”. Y sigue: “El terror no ha logrado impedir su avance ni ha hecho retroceder el régimen de libertades”. Es, como casi siempre en política, dudoso que se pueda afirmar algo así con total rotundidad, en especial en un país en el que un ministro de Interior y varios altos cargos policiales fueron encarcelados por promover una organización criminal con la que se tomaron la justicia por su mano y violaron el Código Penal y la Constitución. Todos los países democráticos cuentan con rincones oscuros, estercoleros donde funcionarios del Gobierno autorizaron la comisión de delitos en la lucha contra el terrorismo. Lo importante es cómo se responde ante esos excesos y cómo se actúa cuando la opinión pública quiere sangre.
Contra el terrorismo, no importa tanto lo que se combate –eso lo sabemos todos–, sino cómo se combate.
Es habitual que los partidarios de la “mano dura” contra los delitos nos recuerden que figuras como la “prisión permanente revisable” existen en otros países europeos. Es cierto y es una manipulación al mismo tiempo. En esos países, la revisión es un hecho, lo que hace que los reos condenados a cadena perpetua abandonen la prisión antes que los presos condenados a la máxima pena en España (40 años). La máxima pena existente ahora, es decir, ANTES de que el PP apruebe la última reforma del Código Penal. Porque aparentemente hay gente que considera que 40 años en prisión es un ejemplo de impunidad.
Por citar el caso del Reino Unido, esas condenas son revisadas por un organismo llamado Parole Board, cuyo funcionamiento es independiente del Gobierno. ¿Alguien cree que un sistema así puede existir en España, donde hemos visto que en casos como el de la excarcelación del etarra De Juana Chaos o lo ocurrido con el fin de la 'doctrina Parot' ha habido una presión de partidos y medios de comunicación para que el Gobierno no aplicara la ley o sentencias de los tribunales? ¿Donde ministros de Interior o de Justicia han hablado alegremente del concepto de “ingeniería jurídica” con la intención de hacer ver que la aplicación de la ley puede estar sujeta a conveniencias políticas?
España es un país con un bajo índice de criminalidad violenta. Es una sociedad que resistió el impacto dramático de una matanza como la del 11M sin adulterar el sistema de libertades ni propiciar la venganza como sustituto bastardo de la justicia. Hay que reconocer que también es un país donde muchos políticos intentan conservar el poder o llegar a él apelando a los más bajos instintos de la población. A veces, con líneas rojas que no significan nada.