Casi de tapadillo, al final de la larga sesión parlamentaria de este miércoles, Pero Sánchez hizo la declaración política más importante de ese pleno. Respondía al portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, que con un tono inusitadamente enérgico acababa de afirmar que en Catalunya no ha habido ningún golpe de estado sino una crisis institucional y que es “una frivolidad hablar de rebelión o de sedición”. Y el presidente del Gobierno le dijo: “Ha estado usted muy acertado, señor Esteban. En 1994, el entonces diputado Federico Trillo presentó una enmienda para que se reconociera que el delito de rebelión se tiene que dar por militares o por civiles armados por militares”.
Ha sido una manera de afirmar, sin aseverarlo abiertamente pero también sin matices, que las acusaciones de rebelión y sedición que pesan sobre los dirigentes independentistas presos o exilados no tienen fundamento. De forma mucho más clara, aunque indirecta, que cualquiera de los dirigentes del PSOE y del PSC que en las últimas semanas se han pronunciado críticamente contra las posiciones del juez Llarena.
No es seguramente el gesto que piden Quim Torras, Joan Tardá o los líderes independentistas. Pero es un gesto importante. Porque expresa una nueva actitud. Que abre paso a plantear toda suerte de hipótesis sobre cómo pueden desarrollarse los acontecimientos en este crucial asunto de la política española, de cuyo resultado dependen las perspectivas futuras del conflicto catalán y la suerte misma del gobierno de Pedro Sánchez.
El primer foco al respecto hay que ponerlo en la Fiscal General del Estado, que es quien deberá expresar su calificación final sobre las durísimas acusaciones del juez Llarena, además de que podría influir decisivamente para que los dirigentes independentistas fueran liberados antes de que empezara su juicio. La pregunta que cabe hacerse tras escuchar ayer a Sánchez en el Congreso es si María José Segarra, nombrada para el cargo por el gobierno socialista, debería aceptar las acusaciones de rebelión y sedición cuando el presidente de ese gobierno ha venido a decir que no tienen fundamento.
No cabe la menor duda de que Sánchez y Segarra han hablado del asunto. Seguramente fue una de las primeras cosas de las que trataron antes incluso de su nombramiento. Por tanto cabe suponer que la posición que adoptará la fiscal ya ha sido sustancialmente meditada. Infidencias que habría que confirmar dicen que la postura de la fiscal general no dista mucho de la que ayer sugirió el presidente del gobierno. Cosa bien distinta es que haya decidido manifestarla y, sobre todo, en qué momento podría ocurrir eso.
Los plazos son un asunto clave en la vida política y en este caso aún más si cabe. Sánchez ha dado hoy un paso adelante significativo para poder dialogar con los independentistas. Con el objetivo, en primer lugar, de que apoyen los presupuestos. ¿Servirá ese gesto para aplacarlos temporalmente, puesto que abre expectativas de que más adelante se puedan dar nuevos pasos?
Es posible y, desde luego, Sánchez espera que sus palabras hayan tenido ese efecto. Porque él y su partido necesitan que la tensión con los independentistas se contenga durante algunas semanas, hasta que se hayan celebrado las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Porque en estos momentos un pronunciamiento más tajante sobre los presos o sobre el juicio y no digamos una propuesta para reformar el encaje de Catalunya en España, que esperemos que llegue algún día, podría tener efectos muy negativos sobre las perspectivas electorales del PSOE en Andalucía.
Iniciativas de ese tipo serían un regalo para el PP y para Ciudadanos en la campaña en curso. Porque Andalucía es seguramente la región de España en donde más ciudadanos sienten que los derechos autonómicos de Catalunya son una especie de afrenta para ellos. Esas actitudes se han ido consolidando tras un largo y por momentos ominoso debate al respecto. En el que algunos dirigentes nacionalistas catalanes no se han lucido precisamente por su tacto y en el que muchos de sus colegas andaluces se han distinguido por excesos demagógicos de todo tipo. Pero lo cierto es que hoy por hoy parece muy difícil revertir esas actitudes.
Lo lógico es suponer que nadie del gobierno y del PSOE vaya a alimentarlas antes de 2 de diciembre. Habría que esperar por tanto a que pase esa fecha para que se produzcan novedades de calado en la espinosa cuestión catalana. La reunión de los partidos representados en el Parlament de Barcelona que el President acaba de convocar puede indicar que empiezan a darse condiciones para que se instaure un nuevo clima. Pero no va a alumbrar cambios sustanciales, si es que no termina mal.
En diciembre, y más si al PSOE le va bien en Andalucía, llegará el momento de los presupuestos. Sin apuros, porque el debate y la votación final sobre los mismos no llegará hasta dos o tres meses después. Sánchez tiene tiempo por delante para negociar. Y la fiscal general también tiene plazos suficientes para articular su propuesta final. De hecho podría formularla al final de la vista oral. Es decir, también en marzo. La eventual liberación de los presos es cuestión distinta. Pero no cabe hacer especulación alguna al respecto. Esa posibilidad dependerá de la evolución de todo el contexto.
Dentro del mismo la posición del Tribunal Supremo ocupa un lugar determinante. Lo que se ha venido diciendo hasta ahora es que la sala que juzgará a los dirigentes independentistas apoya las posiciones extremas del juez Llarena. Pero desde hace menos de una semana, ese tribunal está abiertamente en cuestión. En el ámbito judicial, en el político y en el social. Hasta extremos que pueden llevar a salidas traumáticas. ¿Afectará eso al papel de marcar los tiempos de la política que últimamente ha venido ejerciendo? Puede que sí o puede que no. En todo caso es una variable importante.
Moraleja: todo sigue en el aire. Pero algo puede haber empezado a moverse. Pedro Sánchez sigue teniendo posibilidades de que los independentistas catalanes apoyen sus presupuestos. Pero tendrá que hacer bastantes más cosas para conseguirlo.