Donde de verdad están nerviosos es en el PP. Porque la frenética ofensiva que han lanzado en las últimas semanas para acabar con Sánchez y su gobierno puede quedarse en agua de borrajas en muy poco tiempo. Su querella contra el PSOE basada en testimonios anónimos tiene muy pocos visos de prosperar y podría ser desestimada en breve. Y el ataque del juez Manuel Marchena contra el fiscal general del Estado tiene tan poca base jurídica y está tan mal argumentado, según los expertos, que también podría decaer. Y la pregunta que surge a la luz de ello es: ¿por qué lo están haciendo tan mal?
Caben dos respuestas posibles que, al final, terminan confundiéndose entre ellas. Una, que en el PP y entre sus aliados judiciales ha empezado a cundir una ansiedad que les lleva a emprender iniciativas muy poco meditadas. Dos, que los personajes escogidos, seguramente porque no hay otros, para llevar adelante esas iniciativas son bastante más limitados que lo que las terminales mediáticas de la derecha han querido hacernos creer desde hace tiempo.
Para algunos juristas de reconocido prestigio es incomprensible que el juez Marchena haya avalado el auto en virtud del cual se va a investigar al fiscal general del Estado. Porque si no se violan las reglas, lo cual tampoco es de descartar, terminará en la papelera. Si es así, el prestigio del superjuez del Supremo -con antecedentes muy claros de vinculaciones con la política y de procederes discutibles en ese ámbito- quedaría seriamente tocado.
Sólo una motivación extrajudicial podría explicar que un juez como él hubiera arrostrado ese riesgo. Y para dar con ella habría que remontarse al juicio, protagonizado por Marchena, contra los máximos responsables del procés independentista catalán y a las desproporcionadas condenas que contra ellos se dictaron. Esa sentencia fue un acto político, la más clara expresión de la intolerancia centralista española que sanciona sin paliativos, y con inauditos castigos, cualquier manifestación de proyectos alternativos a la visión más tradicionalmente unitaria del Estado Español.
Marchena, con el viento político favorable, se alzó como representante máximo de esa corriente que viene de los tiempos de Franco y de antes. Si muchos demócratas, dentro y fuera de Cataluña, acogieron los sucesivos golpes que sufrió posteriormente la sentencia del procés como un restablecimiento paulatino de la cordura democrática, el juez debió de encajarlos casi como una afrenta personal. Y cuando el Parlamento aprobó la ley de amnistía debió de sentirse ultrajado y dispuesto a todo con tal de revertir esos golpes.
Primero, la sala segunda del Supremo que él preside se negó a aplicar la ley en su totalidad, dejando fuera el delito de malversación, es decir, a Carles Puigdemont. Con argumentos jurídicos que, de nuevo, muchos expertos consideran errados, pero que han servido para que el líder de Junts siga en Bélgica y para dificultar gravemente la acción del gobierno de Pedro Sánchez. Que es lo que seguramente Marchena y el PP han querido.
El encausamiento del fiscal general del Estado está en esa misma línea. Con la desfachatez adicional de que el origen de la investigación del Supremo es un delito, y grave, cometido por la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid que por acción de una justicia manipuladora se vuelve en contra de quien ha pretendido perseguirlo.
Algo parecido ocurrió con Baltasar Garzón, que fue expulsado de la carrera por sus propios colegas y no pasó nada. Pero hay bastantes indicios de que esta vez la cosa va a tener un final distinto. Que Alberto González Amador, el novio de la señora Ayuso, terminará en el banquillo de los acusados. Que la amnistía terminará siendo aplicada a Carles Puigdemont y que la investigación contra el fiscal general del Estado terminará siendo archivada. Y es altamente probable que lo mismo ocurra con la querella contra el PSOE que ha presentado el PP.
Inmersos en el clima de histeria antisanchista que ha creado el PP, sus corifeos mediáticos y su apoyatura judicial, hoy por hoy parece impensable que eso vaya a ocurrir. Pero lo razonable es pensar que así va a ocurrir.
Lo malo es que va a pasar un tiempo hasta que así sea. Y que hasta entonces la escena política estará dominada por el histrionismo de los portavoces del PP que se seguirán esforzando, con diatribas cada vez menos ocurrentes, en tratar de que la opinión pública se crea que lo que se está viviendo ahora es más grave que lo que ocurrió en los tiempos del asunto Gurtel y los sucesivos escándalos de la época de Aznar y de Rajoy.
Parece bastante claro que el gobierno de coalición, y Pedro Sánchez en persona, están dispuestos a soportar el chaparrón que se le va a seguir viniendo encima aún durante unas cuantas semanas. El caso Koldo-José Luis Ábalos no les va a disuadir de ese empeño porque, a no ser que surjan novedades hoy por hoy bastante descartables en el mismo, no va a tener una trascendencia sistémica.
Y en medio de las denuncias desaforadas del PP, que nunca se verán acompañadas de la mínima autocrítica por lo mal que están conduciendo la ofensiva sus exponentes, Sánchez se dedicará a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo con Junts para que se puedan aprobar sus presupuestos. Algo que, hoy por hoy, sigue siendo perfectamente posible.