Sánchez, esto sí va de libertad
El Estado de Derecho lleva en su propia dialéctica la necesidad de un derecho excepcional que también normativiza
Ningún juez debe decidir si millones de ciudadanos tienen prohibido salir a la calle a una determinada hora. Ninguno. Tampoco ningún gobernante local puede hacerlo y, por tanto, no puede someterlo a la consideración de esos mismos jueces.
No dejen que les engatusen con palabrería jurídica: la libertad ambulatoria es tan sagrada que el constituyente quiso que solo nuestros representantes electos, y por tanto la soberanía popular, pudieran restringirla en unos casos excepcionales y tasados. Eso sucede en todas las constituciones democráticas porque, si bien es necesario que exista esa posibilidad de limitar de forma general e innominada derechos como el de reunión o libertades esenciales como la ambulatoria, también se ha establecido una excepcionalidad constitucional para hacerlo.
No me vengan con gaitas, que en esto sí que está en juego la libertad y derechos que no estoy dispuesta a ceder ni en un palmo. Esto es muy grave. Mucho. Más cuando sé que históricamente se aplica una excepción loca por motivos que al pueblo le tienen acogotado y, a posteriori y creado el antecedente, se acaba aplicando en otros que nada tienen que ver. No, no quiero que los jueces, cuya función es juzgar y ejecutar lo juzgado, acaben decidiendo sobre la idoneidad de las decisiones políticas para controlar la expansión de la pandemia. No deben hacerlo. No debemos consentirlo. Decaído el estado de alarma, excepcionalidad constitucionalidad establecida, no hay forma de restringirnos a la población derechos básicos de forma innominada.
No me hagan malabares dialécticos: no es suspender, es restringir; no es eliminar, es modular. Sin estado de alarma yo salgo a dar la vuelta a la manzana o a pasear al perro o a huir de la presión de mi pareja o a lo que me salga de la puñetera libertad a las once de la noche o a las dos de la madrugada. Toque de queda. ¿Nos damos cuenta de la gravedad de este hecho o ya hemos dejado que se nos haga callo y nos parezca de carril que nos encierren en casa a una hora determinada, alegando motivos epidemiológicos, cuando pasear solo de madrugada no es ningún riesgo, por ejemplo? “¡Que paseo de noche con tu ausencia a mi lado…!” ¡Ay, si a Salinas lo hubieran encerrado!
El Gobierno de la nación no puede renunciar a su responsabilidad por mucho que la actitud incomprensible y falta de toda altura política del Partido Popular, que se dice de Gobierno, les haya dejado en la cuneta. Sus problemas políticos, los pelos en la gatera que tengan que dejarse, no se pagan con el precio de mis derechos y de mi libertad. La Constitución deja bien claro que la suspensión general e indiscriminada de derechos precisa de autorización del Parlamento. No cabe que ahora se escondan en las togas, igualito que Rajoy hizo con lo de Catalunya. Las leyes sanitarias, la ley de la jurisdicción contenciosa, está pensada para medidas singulares y no generalizadas. Dirimir en casos concretos es tarea judicial y decidir en casos globales es tarea de gobierno. De ahí no me muevo un ápice. No acepto que se banalicen cuestiones tan graves como la afectación de derechos fundamentales, pase lo que pase. Ni me pliego con el terrorismo ni lo hago con la pandemia ni doy pie a que ese doblegamiento se me devuelva en el futuro manoseado y sobado para conculcar lo que me pertenece.
La solución del Tribunal Supremo es mala y arranca de tortuosos pasos anteriores. Ya, ya sé que cuando se declara el necesario estado de alarma, el PP les hostiga llamándoles “liberticidas” y los socios de gobierno les agarran del cuello para exigir contraprestaciones. Eso es responsabilidad de ellos y de la forma de hacer política, pero no voy a pagarlo con mis derechos. La primera vez que aflojaron la mano y, no sin cierta razón, les dijeron a los presidentes autonómicos “¿No queríais caldo? Tomad el potaje entero”, ya se vio el riesgo que suponía que cada juez individual pudiera ponerse excelso (por todos recuerdo a Villagómez). Así las cosas, hicieron la primera reforma para que fueran los tribunales superiores los que dirimieran, y ahí ya propiciaron el gobierno no democrático de la pandemia, y en esa lógica han acabado haciendo otra para que el sindiós previsible lo unifique el Supremo. El propio tribunal en su informe interno ya habla de la dudosa constitucionalidad de esta medida y es lógico, porque es de primero de ciudadano consciente que la Constitución lo regula de otra manera. Lo que debiera hacer el TS en cuanto les llegue la primera movida es plantear cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional.
Obviamente, por todo lo expuesto, se deduce que la propuesta del Partido Popular para eludir su responsabilidad de apoyar al Gobierno de la Nación en esta emergencia y para poder usar espuriamente la pandemia como argumento de oposición también se desploma por su propio peso. Lo que esgrimen como alternativa a su falta de apoyo al estado de alarma es imposible. El utilitarismo y la beligerancia del PP en este asunto es meramente destructivo. Esa “legislación nueva” que le echan en cara al Gobierno no haber hecho en este tiempo es una legislación imposible. Sencillamente no se puede sustraer al Congreso de la nación el tomar la decisión de restringir esos derechos para toda la población. Así lo determina la Constitución. Una ley, por muy orgánica que sea, no puede hacerlo y tampoco pueden lograr delegar en las comunidades autónomas una potestad puramente parlamentaria.
Ahora vamos a asistir a ese baile por el que unos jueces tienen claro todo lo que les cuento —y dirán que no a las peticiones— y otros juegan a considerar que sí pueden entrar en juicios de fondo sobre las medidas sanitarias, como ya hizo el País Vasco, siendo claro que no es de su competencia determinar la idoneidad de las medidas de gobierno porque solo les está destinado el juicio de legalidad sobre las mismas.
No, ni un presidente autonómico ni unos jueces pueden meternos a todos —paseantes solitarios, vacunados, inmunizados, sensatos, locos y fiesteros— en casa a la hora que determinen de forma general.
Las cosas son como son y una pandemia es un problema inmenso que rompe la cotidianidad pero que no puede romper el Estado de Derecho.
Esto sí va de libertad y va de principios esenciales.
Esto sí.
Esto sí lo peleo.
Si quieren restringir mis derechos, háganlo como la Constitución manda, les venga bien o mal para sus fines políticos o electorales. Esa cuenta no la pago con mi libertad.
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