Se puede entender que a Rodrigo Rato, una persona que vive escoltada por la policía desde hace al menos veinticinco años, le entrara de pronto el pánico ante la posibilidad de quedarse sin esa protección. No solo por esas amenazas que, según explicó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió a través de twitter y por teléfono, también porque esos agentes destinados a garantizar su seguridad le sirven de parapeto ante el enojo de los estafados por las preferentes, que expresan su cabreo a la puerta de su casa o de los juzgados a los que Rato ha sido llamado a declarar. Fue por eso, de hecho, por lo que se supo que el exvicepresidente del Gobierno, exministro de Economía, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia, y ahora imputado por varios supuestos delitos, seguía gozando de ese plus de seguridad pagado por los contribuyentes.
Lo que no se entiende, sin embargo, es que el ministro del Interior justifique en ese miedo que Rato dice sentir al desamparo policial —nadie habló nunca, por cierto, de que se le fuera a retirar la protección— su reunión con el exvicepresidente que está siendo investigado, en algunos casos por los cuerpos de seguridad que están bajo el mando de Jorge Fernández, por presuntas actividades delictivas. Porque sobre ese asunto, ruego o temor podrían haber hablado por teléfono o podría haberlo tramitado en otra instancia, presentando, por ejemplo, una denuncia por amenazas que no consta que haya interpuesto.
No se entiende tampoco por qué, de ser la cierta, la explicación que dio el ministro este viernes en el Congreso de los Diputados no se incluyó en el comunicado oficial que emitió el ministerio cuando trascendió la noticia y estalló el escándalo. Ni parece que sea eso, su preocupación por las amenazas, todo lo que le pasa a Rato. Solo con leer la prensa se sabe que le pasan más cosas. Y dado que él mismo, cuando se supo de su reunión con Fernández en sede ministerial, declaró a El País que hablaron “de todo lo que me está pasando”, se sobrentiende que se refería a algo más que al temor por su seguridad. De sus palabras se podría deducir, mal que le pese al ministro, que podrían haber comentado, por ejemplo, la situación procesal en la que se encuentra.
En cualquier caso, el encuentro en sí, el hecho de que se conociera por una información de El Mundo y no por una comunicación oficial del ministerio, el empeño del titular de Interior en intentar taparlo con el argumento de que fue una reunión de la que no convenía dar información por razones de seguridad y la ausencia de una explicación convincente en su comparecencia en el Parlamento, denotan que el compadreo y la sensación de impunidad siguen siendo para algunos políticos una manera habitual de relacionarse. Esa es una de las razones, hay otras muchas más posibles, por la que hay imputados que reciben un trato preferencial en los despachos, no en los juzgados.