Los acontecimientos políticos que estamos viviendo este año en nuestro país no deberían abstraernos de los muy relevantes asuntos que están sucediendo este año 2015 a nivel internacional y que van a tener grandes implicaciones para nuestro futuro común.
Entre esos asuntos que no podemos dejar de vigilar se encuentran las negociaciones para el establecimiento de tratados de libre comercio e inversión, ya sea el TTIP entre la UE y EE.UU., el CETA entre la UE y Canadá, el TTP entre 12 países del Pacífico, o ese otro sobre el comercio internacional de servicios (TISA) entre 24 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluida la UE. De llegar a establecerse estos tratados en los términos que, pese al secretismo con que se llevan a cabo sus negociaciones, se van conociendo, el poder de las grandes corporaciones transnacionales se impondrá aún más sobre los intereses generales de la ciudadanía global.
Ante ese afán de los más poderosos por sustituir las ya débiles democracias por una gobernanza guiada por las grandes empresas, tan solo existe una institución a nivel mundial capaz de hacerles frente y establecer criterios incluyentes de gobernanza: las Naciones Unidas. En ella participan todos los países del mundo en, teóricamente, igualdad de condiciones, y si bien el sector privado empresarial cada vez está más implicado y tiene más poder también en esta institución, todos los países tienen aquí la oportunidad de hacer oír su voz y votar sus resoluciones.
Es en este contexto en el que, durante el segundo semestre de este año, van a tener lugar tres eventos internacionales en los que participarán todos los gobiernos del mundo, y cuyos resultados serán decisivos para nuestro futuro común y el del planeta. El primero de ellos, la III Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, se celebrará en Addis Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de julio. El segundo, del 25 al 27 de septiembre, la Cumbre de Naciones Unidas para la Adopción de una Agenda Post-2015 de Desarrollo. Finalmente, del 30 de noviembre al 11 de diciembre tendrá lugar en París la XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como Cumbre del Clima o COP21.
De estas reuniones al más alto nivel político surgirá la agenda internacional de desarrollo que marcará las prioridades globales para los próximos años, comprometiendo a todos los países. Asimismo, deberá definirse de qué manera se financiarán los objetivos de esa agenda, pero también será necesario que se alcancen acuerdos sobre “cuestiones sistémicas” de gran impacto sobre los países en desarrollo, pero también sobre los desarrollados, como son la arquitectura financiera internacional, la sostenibilidad de la deuda, la fiscalidad internacional, el comercio internacional o el papel de la inversión extranjera directa.
Algunos de estos temas son tratados en el nuevo número publicado por Economistas sin Fronteras de sus Dossieres EsF que, coordinado por José Antonio Alonso, lleva por título “Financiación del desarrollo y agenda post-2015”. Los temas tratados son: las posibilidades que brinda la fiscalidad en los países en desarrollo (C. Garcimartín), los avances que deben realizarse en el ámbito de la cooperación fiscal internacional (J.A. Alonso); la relevancia de los mecanismos innovadores de financiación, con especial atención a los impuestos de carácter global (J. García-Arias); las posibilidades asociadas a la cooperación reembolsable de carácter financiero (V. López Sabater); o el papel de la inversión directa en la financiación del desarrollo (I. Olivié y A. Pérez).
La nueva agenda de desarrollo post-2015 tiene, según expone José Antonio Alonso, tres grandes propósitos: a) culminar la tarea iniciada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo cumplimiento estaba establecido para finales de este año; b) apoyar el tránsito de los países hacia estrategias de desarrollo incluyentes y sostenibles; y c) respaldar una mejor provisión de bienes públicos regionales y globales. Para ello, se están definiendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus correspondientes metas, que deberán ser aprobados en la Cumbre de Naciones Unidas de septiembre.
Antes de eso, el próximo mes de julio, se van a discutir en la Conferencia de Adís Abeba sobre Financiación para el Desarrollo los medios y recursos requeridos para alcanzar dichos objetivos, y la manera de orientar los recursos disponibles (se calcula que el ahorro global moviliza 22 billones de dólares al año) hacia las necesidades del desarrollo sostenible. Como constata José Antonio Alonso, en los últimos años se ha ampliado considerablemente “el repertorio de fuentes disponibles para financiar el desarrollo”, que incluye recursos domésticos e internacionales; públicos y privados; concesionales y no concesionales; financieros y no financieros. Pero no todos los recursos valen para todo, ni para todos los países. Por ello, se recomienda “mantener una visión comprehensiva acerca de los medios disponibles, pero buscar respuestas adaptadas a las características de cada caso”, así como complementariedades.
Los recursos domésticos, principalmente los impuestos, juegan un papel central en el desarrollo, pero, como expone Alonso, también es imprescindible la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en los países menos adelantados, o para la financiación de la equidad en el acceso a servicios básicos o garantizar los derechos de la ciudadanía. Por ello, resulta fundamental que los países desarrollados hagan efectivo su compromiso, tantas veces formulado como incumplido, de avanzar hacia el objetivo del 0,7% del PNB dedicado a AOD. Pero además de los recursos, el autor considera que, para hacer realidad los ODS, es necesario “introducir modificaciones en las reglas e instituciones que rigen las relaciones internacionales”, como las del comercio, la inversión, la tecnología o la fiscalidad, con el fin de aumentar la coherencia de las políticas (tanto nacionales como a nivel internacional) con el desarrollo, así como garantizar “mecanismos de gobernanza internacional que propicien una mejor distribución de las oportunidades de desarrollo entre los países”.
Entre las propuestas de modificaciones sistémicas que van a tener mayor protagonismo en la Conferencia sobre Financiación se encuentra la necesidad de establecer una verdadera cooperación fiscal internacional. Este tema es abordado en otro de los artículos del Dossier EsF desde la perspectiva de los países en desarrollo, que sufren enormes pérdidas en términos de impuestos no recaudados por las prácticas de las empresas transnacionales y grandes patrimonios: evasión y elusión fiscales, flujos financieros ilícitos, utilización de paraísos fiscales, etc., así como por la competencia fiscal existente entre países.
No obstante, este problema de escasa cooperación fiscal a nivel internacional afecta a todos los países, y a la gran mayoría de la población, que experimenta una carencia o un deterioro en la provisión de servicios públicos, debido a la escasa o nula imposición a las corporaciones transnacionales y los grandes patrimonios.
En este sentido, la Alianza Global por la Justicia Fiscal, integrada por redes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, ha puesto en marcha la Semana de Acción Global por la #JusticiaFiscal, del 16 al 23 de junio 2015, coincidiendo con la ronda final de negociaciones intergubernamentales en Naciones Unidas para preparar el documento final que deberá aprobarse en la Conferencia de Financiación para el Desarrollo el mes próximo. El objetivo de esta campaña es presionar a favor de un sistema fiscal internacional más justo y de la creación de un nuevo órgano fiscal intergubernamental en el seno de Naciones Unidas, en el que participen, en igualdad de condiciones, todos los gobiernos y no solo sean los más ricos –como sucede en la actualidad– para definir las normas fiscales internacionales. Este nuevo órgano fiscal debería tener un mandato amplio que incluyera cuestiones como la erosión de la base tributaria y el traslado de beneficios por parte de empresas transnacionales; los tratados de inversión y acuerdos fiscales bilaterales; los incentivos fiscales; la tributación de las industrias extractivas; la transparencia sobre los beneficiarios finales; los informes financieros desglosados país por país; y el intercambio automático de información tributaria entre países.
En definitiva, estamos ante un semestre de cumbres internacionales que deberían aportar firmes acuerdos intergubernamentales para revertir las actuales tendencias y encaminarnos hacia un modelo de desarrollo humano equitativo y sostenible, basado en el respeto de los derechos humanos así como en la sostenibilidad medioambiental. Un enorme reto para la gobernanza global. Esperamos (escépticamente) que los gobiernos estén a la altura.
Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autora. Economistas sin Fronteras no necesariamente coincide con su contenido.