En la mañana del pasado domingo, el canal televisivo 24 Horas le hizo una larga entrevista a un juez del caducadísimo Consejo General del Poder Judicial. No retuve su nombre, pero, por supuesto, era conservador. El juez, maduro, ceñudo y grandilocuente, no tardó demasiado en soltar el mantra gremial: si los políticos quieren hablar de asuntos judiciales, que se presenten a las oposiciones.
Podría haberle replicado la entrevistadora con aquello de que, si los jueces quieren hacer política, no tienen más que presentarse a las elecciones. Pero no lo hizo: su actitud ante Su Señoría era manifiestamente reverencial. ¿Quién osa replicar a un caballero que ¡ha ganado unas oposiciones!? Y que, además, fue propuesto en su día para una poltrona en la cúpula del Poder Judicial por el Partido Popular de don Mariano Rajoy. Un señor, digámoslo, con mucho pedigrí.
Tengo parientes que están preparando oposiciones –no para juez, para otras funciones– y sé que es una tarea larga, difícil y absorbente. Pero la verdad es que no acabo de entender por qué el ganar unas oposiciones exime automáticamente de crítica a alguien que tiene la capacidad de decidir sobre la libertad, la propiedad y la vida de sus conciudadanos. Al contrario, creo que ese inmenso poder debiera ir vinculado a una inmensa responsabilidad. Debiera exigir exquisita transparencia, exquisita prudencia y exquisita ecuanimidad.
Dice estos días el juez García Castellón que no entiende por qué se acusa a determinados miembros de su gremio de lawfare cuando se quiere decir prevaricación. Bueno, señor García Castellón, intentaré aclarárselo. El neologismo inglés lawfare puede traducirse por guerra judicial y quiere decir una persistente actitud prevaricadora por parte de un grupo de jueces impulsados por motivaciones políticas. ¿Forma parte el señor García Castellón de un grupo semejante? Responda usted mismo, señoría, pero sepa que hay quien cree que existen indicios racionales de que así es.
No entiendo por qué no puede criticarse a jueces concretos, pero sí a políticos, periodistas, policías, mecánicos y fontaneros. No tengan sus señorías la piel tan sensible: discrepar de un juez no es un insulto a toda la corporación. Y, ya puestos, tampoco entiendo por qué el haber ganado unas oposiciones implica un certificado de santidad vitalicia. La corrupción con puñetas también existe.
¿Independencia de los jueces? ¡Claro que sí! Es lo que a tantos españoles nos gustaría que existiera: jueces a los que no se les viera a la legua el plumero partidista, la militancia ideológica, el catálogo de filias y fobias. Soñamos en voz alta con jueces que sean independientes y, además, lo parezcan. Independencia he dicho, que no desvergüenza, arbitrariedad e impunidad.
¿Cometo desacato si digo que he leído que el juez Juan Carlos Peinado, el que lleva la acusación contra la esposa del presidente del Gobierno, tiene –presuntamente, por supuesto– un chalé sin licencia y una piscina irregular en un pueblo de Ávila? Miren por dónde, no me extraña que los tenga. No me extraña en absoluto. En este país nuestro, donde supuestamente todos somos iguales ante la ley, hay unos que son más iguales que otros. ¿Quién le va a poner peros en ese pueblo de Ávila a un señor que ha ganado una oposición? Un señor que lleva puñetas en las mangas y es padre de una concejala del PP en Pozuelo de Alarcón.
Casualidades, excepciones, anécdotas, señor Valenzuela. Es anecdótico que el juez García Castellón reconociera haber mentido a las autoridades francesas para conseguir su apoyo en una operación contra ETA. Como lo es que las autoridades suizas no vean terrorismo por ninguna parte en las protestas de Tsumani Democràtic. Y también es mera casualidad que tantas autoridades judiciales europeas no vieran rebelión, sedición, sublevación o golpe de Estado en los hechos del procés, pese a la insistencia del juez Llarena.
Me fastidian los latiguillos vacíos. Como este que pregona que hay que acatar y respetar las decisiones judiciales. ¿Acatar? Sí, no hay más remedio. Si no lo haces, te cae encima el peso coercitivo del Estado. ¿Pero respetar? El respeto no es obligatorio, el respeto se lo gana cada cual con su comportamiento.
Ya está bien, señor Valenzuela. No insista. No existe en España un Partido Judicial, un movimiento de fiscales y jueces conservadores en pie de guerra contra el Gobierno progresista. Aquí todos y cada uno de nuestros jueces son neutrales e intachables. ¡Ganaron unas oposiciones!
¿Que se manifiestan ante los juzgados vestidos de faena para protestar contra la ley de amnistía? ¿Que van abriendo causas en función de la tramitación de esa ley? ¿Que celebran reuniones urgentes del zombi CGPJ para criticar la acción del Gobierno y el Congreso? ¿Que citan a Begoña Gómez en plena campaña electoral europea? ¿Que difunden manuales de cómo entorpecer la aplicación de la amnistía? Casualidades, excepciones, anécdotas.
Mire, señor Valenzuela, ganaron unas oposiciones y eso les da derecho a hacer lo que les salga de las puñetas. Esas oposiciones les convirtieron en semidioses. A ver si se entera de una vez, la separación de poderes quiere decir que los jueces de derechas pueden entrometerse en la acción del ejecutivo y el legislativo, y no pueden ser criticados por ello. La libertad de expresión de todos los ciudadanos termina donde empieza la libertad de expresión de los togados.
Y otra cosa, ellos sí pueden practicar aquello de que el fin justifica los medios. Su fin es excelso: ni más ni menos que la sagrada unidad de la patria. “A estas alturas la derecha judicial española ya ha renunciado a argumentar jurídicamente, les basta con aludir a la unidad de España para justificar cualquier cosa”, escribió ayer aquí mismo Joaquín Urías. Ideología pura y dura.
En fin, tiene ahora el Partido Judicial una ocasión de oro para blanquear su imagen. Que la sala del Tribunal Supremo que preside el juez Marchena comparta la decisión mayoritaria de la fiscalía y sentencie que los togados deben de aplicar la ley de amnistía según la voluntad explícita del legislador. Sin interpretaciones creativas, malabarismos circenses o fuegos artificiales.