Unos jueces centrales para instruir asuntos que afectan al poder y una Sala de lo Penal para juzgarlos. Una nueva Sala para gobernarlos a todos. Una nueva Sala para controlarlos a todos y atarlos a las tinieblas. La Señora de las Salas. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que comenzará a funcionar el uno de junio.
Mientras estamos centrados en la obscena visión de una Fiscalía que el poder ejecutivo moldea para manejar los temas que le competen, mientras vemos cómo juzgan la Gürtel o esperamos expectantes a ver testificar a Rajoy, en Mordor se preparan para poner en marcha y controlar la Sala que podrá contrarrestar el poder de todos ellos.
La nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional entra en funcionamiento en menos de un mes y toda una batalla de poder se libra en torno a ella. Lógico, puesto que en sus manos estará corregir o enmendar todo lo relativo a los casos Gürtel, Lezo, Púnica y todos los demás. Una Sala para controlarlos a todos. Todas las sentencias serán revisadas por esta nueva sala formada por dos magistrados y un presidente. Colocar a dos afines es controlar la sala. No esperemos a gritar cuando veamos los primeros resultados, porque las resoluciones, absoluciones o revisiones de las sentencias que en ella se produzcan serán prácticamente definitivas. El Tribunal Supremo quedará sólo para una tasadísima casación que será prácticamente imposible que se produzca en cuestiones con jurisprudencia suficiente.
Una Sala para controlarlos a todos.
Hay casi toda una trilogía en el origen de esta Sala de Apelaciones.
Corría un día de 2002, puede que a finales, cuando siendo subdirectora de una revista en la que llevaba también los temas judiciales, quedé para comer con el entonces vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López López. En el transcurso de la conversación salieron a relucir los planes de futuro y yo le pregunté qué destino tenía previsto cuando caducara su mandato -entonces no sabíamos que sería el CGPJ que más se tardó en renovar-.
La pregunta tenía cierta mala leche puesto que López, que era un joven vocal de mi edad, había encadenado puestos desde que llegara de León por lo que su plaza en propiedad era un juzgado de aquella provincia. Demasiado llano para él. Inmediatamente me informó de que su próximo destino sería la Audiencia Nacional. Yo le repuse: no tienes antigüedad. Con gesto suficiente me respondió que él iba a ser presidente de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que Michavila iba a crear.
Ojiplática me quedé. Cierto era que España siempre había sido reprendida por la falta de una segunda instancia penal efectiva dado que el Tribunal Supremo lleva a cabo la casación pero no puede ser considerado como tal.
Ojiplática seguía, aunque aún no existían los emoticonos. Aún así no dejé de envidar. En todo caso, contesté, seguirías sin tener antigüedad para esa plaza. La presidencia será de libre designación, me contestó, y las otras dos vacantes para especialistas en Penal. Como somos cuatro, no hay problema con eso.
Yo pensé que me lo decía o bien porque hay mucho fantasma suelto o bien porque siendo mujer de un compañero de carrera no veía mucho problema en contármelo. ¡Como si una dejara de ser periodista alguna vez! No olvidé aquella conversación e hice bien.
La Sala de Apelaciones fue creada al año siguiente por impulso del PP en la Ley Orgánica 19/2003 que se publicó al día siguiente de Navidad. En ella se instauraba esta sala cuyas plazas se cubrirían por quienes acreditaran llevar diez años en la jurisdicción penal “prefiriéndose entre ellos a los que tengan la condición de especialistas”. ¡Hecho estaba!
Lo cierto es que la especialización penal en la carrera judicial no existe. Solo una vez se intentó hacer algo similar mediante un “cursito” a distancia y por ordenador para jueces recién salidos. Curiosamente, en aquel momento estaban arrancando motores Enrique López y... Eloy Velasco. El “cursito” no se volvió a hacer nunca más, pero el CGPJ les reconoció tal experiencia como Especialidad en Penal“. Por cierto, que fue ese reconocimiento el que permitió que López se convirtiera en magistrado de la AN tras cesar como vocal, porque no tenía número de escalafón para ello.
¡Justo lo que el propio López me había contado en una baladronada que ya no lo parecía!
Lo cierto es que la Sala para gobernarlas a todas se creó sobre el papel, pero apenas tres meses antes de que Aznar fuera derrotado en las urnas y llegara Zapatero al poder. Nunca se implementó.... así que era un fantasma en el BOE hasta justo ahora. En quince días entrará en funcionamiento.
Una Sala para gobernarlos a todos.
Ahora mismo se está decidiendo quién va a tener ese poder final sobre todos los asuntos de corrupción que nos preocupan. Las dos plazas de magistrado las han pedido personas muy dispares, como verán, y que precipitarán una disputa aparentemente técnica pero realmente de poder y control.
Las plazas las han pedido Enrique López -que fue recusado de Gürtel por su proximidad al PP- y Eloy Velasco -ese es el puesto al que dijo en la entrevista que se iría-. Los dos tienen el “cursito”, tramposamente el único aceptado como especialidad en Penal. Digo tramposamente porque en 2011 si hubo un verdadero intento del CGPJ por hacerse con un grupo de magistrados especialistas en Penal. El concurso fue realmente duro y pudieron concurrir todos los que lo desearon. Muchos buenos magistrados quedaron en la cuneta, pero en la lista de los aprobados se encontraban Ramón Sáez, Manuela Fernández-Prado, Javier Gómez-Bermúdez o Ana Ferrer, todos ellos más antiguos y destinados en la AN o el TS. Pero ellos ahora no son especialistas. Un recurso ante el Tribunal Supremo de los que quedaron fuera anuló el procedimiento. Así que sólo los del “cursito” son especialistas.
También quieren formar parte de la Sala que tendrá más poder Juan Alberto Belloch, con un número 24 de antigüedad en el escalafón y el peso de haber sido todo con el PSOE, y Juan Carlos Campos, que actualmente es diputado por ese mismo partido. Aquí nos encontramos con otro de los problemas endémicos. Son muy antiguos, tanto que han sido más políticos que jueces.
En un tercer podio de acceso a este enorme poder se encuentra el hasta ahora presidente de la Sala de lo Penal y vocal del CGPJ, Fernando Grande-Marlaska y María José Fernández Dopla. Estos no son ni tan antiguos ni tienen el “cursito”, pero llevan en su faltriquera otra especificidad: ambos han sido presidentes hasta ahora y tienen preferencia para elegir el destino que les dé la gana por delante de los demás, según el artículo 340 de la LOPJ.
Una Sala para gobernarlos a todos, por la que hay cuchilladas.
Así las cosas, el presidente del CGPJ -y compi de Ministerio en su día de Catalá- ha encargado un estudio técnico a una comisión comandada por Gerardo Martínez Tristán. Otro de los magistrados cuya carrera ascendente ha sido propiciada por el Partido Popular, quizá ayudado por el hecho de que su mujer ha sido hasta consejera de Castilla-La Mancha con Cospedal. Por cierto, que en su haber tiene la maniobra para controlar el recurso sobre la privatización sanitaria que quería hacer Nacho González.
Decida lo que decida esta comisión, la adjudicación de plazas será recurrida y acabará en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Una Sala para atarlos a todos.
La única plaza que no se ha convocado es la de presidente. No sabría decirles por qué, o esperando a quién. Lo cierto es que “interinamente” el puesto lo va a desempeñar el presidente de la Audiencia Nacional. Algo muy curioso. Este presidente nunca ejerció jurisdicción -de hecho no figura en la lista de sustituciones del tribunal- hasta que en 2003 se realizó una modificación para que fuera presidente nato de todas las salas. Nunca se ha utilizado. Hay que suponer que se dejó tal potestad para ser utilizada en casos de ¿capricho, emergencia, peligro?
Me he extendido mucho, pero quería mostrarles las nieblas de Mordor en las que se fragua el anillo. Antes de que lo veamos absolviendo o bajando la pena a alguno de los que ahora nos escandalizan.
No digan que no hemos avisado.