3 de junio de 2015. “Ni una menos” #Niunamenos. La movilización de las mujeres ocupó 80 ciudades argentinas contra las violencias machistas y el feminicidio. En 1995, la mexicana Susana Chávez utilizó el lema “Ni una mujer menos, ni una muerta más” para protestar por los feminicidios en Ciudad Juárez. Chávez fue después una víctima de feminicidio (2011). Su lema fue propuesto por la argentina Vanina Escales para la maratón de lectura del 26 de marzo de 2015, dando nombre, finalmente, a la movilización del 3 de junio de ese mismo año. El impulso no perdió fuerza y se repitió en años sucesivos: el 3 de junio de 2016 #Vivasnosqueremos y el 3 de junio de 2017 Basta de violencia machista y complicidad estatal. En un contexto de ascenso de los feminicidios y de desnaturalización de la violencia, el movimiento argentino, como señala María Pía López, se convertía, así, en un grito colectivo y multitudinario contra la violencia hacia las mujeres; un grito que se ha extendido como una mancha de aceite, porque todas las vidas valen, porque cada cuerpo cuenta, porque ninguna vida puede ser desechable. Y ese es hoy el movimiento que impulsa también el clamor incontenible en favor de un aborto legal, seguro y gratuito.
Lamentablemente, este miércoles el Senado argentino decidió darle la espalda a ese clamor, y se quedó, sin saberlo, congelado en el tiempo, muchas décadas atrás, en 1921. La “revolución de las hijas”, construida desde abajo, que había llevado al Congreso la voz de Ofelia Fernández (ex Presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini), se unía a la demanda pro abortista; en la calle, más allá de las vallas, fruto de una política expulsiva, se agolpaban miles de jóvenes y adolescentes que se multiplicaban en cientos de hermanadas por todo el mundo.
El Senado en Argentina es una Cámara avejentada, liderada por señoros cuya media de edad roza los 57 años, y representa, además, a las mayorías provincianas, más conservadoras. En el Congreso la media es de 49 años y solo hay tres diputadxs de menos de 30; en el Senado son cuatro lxs senadorxs de menos de 40. Dado que el reglamento legislativo en Argentina prohíbe el ingreso de las jóvenes hasta los 25 años a la Cámara de Diputados y hasta los 30 a la Cámara de Senadores, Ofelia Fernández, de 18 años, tendría que esperar siete para ser diputada. Y si consideramos la media de edad, habría de esperar 29 para ser diputada y 40 para ser senadora.
En España vivimos una explosión subversiva protagonizada por pensionistas y en el 8M las calles se llenaron de abuelas cuidadoras que blandían sus propias banderas, de manera que la edad no determina el conservadurismo, pero si de lxs 72 senadorxs argentinxs solo 68 están en edad de procrear, es de suponer que sus experiencias vitales están muy alejadas de quienes sufren embarazos no queridos o abortos clandestinos. Seguramente, esta distancia generacional, provocada y alentada por el mismo sistema parlamentario, ha marcado, en buena parte, la orientación del debate.
Como ya he señalado en varias ocasiones, y es de sobra conocido, la prohibición del aborto constituye una violación grave de los derechos de las mujeres. Así lo han señalado la CEDAW, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo-CIPD. Según estos organismos internacionales, cuando prohíbe el aborto, el Estado se convierte en un auténtico agresor institucional que somete a su control nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra capacidad reproductiva.
Prohibir el aborto supone una violación del derecho a la vida; el derecho a la salud y a la atención médica; el derecho a la igualdad y la no discriminación; el derecho a la seguridad personal; el derecho a la autonomía reproductiva; el derecho a la privacidad; el derecho a la información sobre salud reproductiva (que incluye la educación sexual); el derecho a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos; el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico; y el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, cuando se hace descarado apostolado desde las instituciones. Y supone, además, y sobre todo, una violación del derecho que tenemos las mujeres (como los demás seres humanos) a no ser sometidas a un trato cruel, inhumano y degradante.
Por lo demás, la prohibición del aborto discrimina a las mujeres frente a los hombres pues el embarazo y el parto solo les afecta a ellas, especialmente si hablamos de quienes tienen menos medios culturales y económicos para procurarse abortos seguros y legales. La realidad de las madres que quisieron abortar y no pudieron se estudia muy bien en la Universidad de California (UCSF) en el Turnaway Study. Un estudio (“estudio del rechazo”) que muestra cómo estas mujeres han acabado siendo más pobres, sufren más enfermedades y más trastornos mentales, y son más vulnerables frente a la violencia machista.
De manera, que le guste o no le guste al Sr. Macri, el resultado de este debate importaba e importa mucho, y afirmar que la legalización o no del aborto es un asunto de “creencias” no deja de ser una ocurrencia pueril, irresponsable y desafortunada que, sin duda, tendrá sus consecuencias.
Las mujeres no olvidaremos a quienes han decidido usar nuestras vidas para “santificar” la propia. No olvidaremos a quienes han perdido la vida en cada aborto clandestino; a quienes paren, crían y aman a lxs hijxs de sus violadores; a quienes cuidan diariamente, y con amor, a lxs que no quisieron tener. No olvidaremos a las mujeres infantilizadas, a quienes les han usurpado el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, robándoles descaradamente su destino y su futuro.
Hermanas argentinas no estáis solas. Las feministas no olvidaremos y será ley.