¿Qué estaríamos diciendo y cuál sería la posición de la comunidad internacional si Palestina fuese Ucrania? La pregunta es legítima. Merecería una respuesta meditada y compleja, que anticipe y explique las contradicciones que seguramente emergerían si se hiciese en voz alta en las cancillerías de la Unión Europea.
Un buen principio podría ser no equiparar a Hamás con el pueblo palestino, ni al gobierno de Netanyahu con el pueblo israelí. La guerra se libra entre Hamás y el gobierno de ultraderecha de Benjamín Netanyahu, no entre árabes y judíos. De hecho, lejos de representar al conjunto de sus ciudadanos, tanto Hamás como Netanyahu encarnan claros ejemplos de grupos e individuos autoritarios enfrentados con una mayoría de sus propios conciudadanos por reprimir o tratar de reprimir y recortar sus derechos.
Todos sabemos que los palestinos soportan una violencia duplicada en un territorio convertido en prisión: la que aplican las autoridades israelíes para mantenerlos bajo control y la que ejercen Fatah o Hamás para reprimir cualquier protesta por la razón que sea.
Bibi Netanyahu y su ejecutivo de extrema derecha han sumido a Israel en una profunda crisis política, social e institucional al tratar de anular la independencia y la capacidad de control al poder por parte de la justicia para blindar su permanencia en el poder y anular cualquier oposición. En estos días cuando todos se preguntan cómo no lo vio venir la inteligencia israelí, puede que la división en el ejército que también provoca un personaje tan tóxico como Netanyahu tenga algo que ver.
El ataque de Hamás no tiene justificación posible; por indiscriminado, por bárbaro y por ilícito. Como tampoco tiene excusa el control represivo y violento que ejercen sobre parte de su propia población. Los palestinos tienen derecho a ser reconocidos como Estado. Pero, sobre todo, tienen derecho a poder vivir en una democracia que respete sus derechos y libertades y les asegure decidir libremente su destino. Sustituir una tiranía por otra casi nunca representa un gran avance.
Aunque todas estas consideraciones, tan ciertas como relevantes, ni responden ni evitan la cuestión pendiente a la luz de la doctrina que alienta nuestro apoyo a Ucrania. Los palestinos son un pueblo afirmado como tal por la propia comunidad internacional, con un Estado reconocido hasta por la Santa Sede, sometido a la ocupación por la fuerza a una potencia invasora, con los derechos fundamentales de sus ciudadanos suspendidos o bajo la más indiscriminada arbitrariedad, y parte de su territorio colonizado de manera ilícita. ¿Cuál sería, entonces, el argumento que previene a la comunidad internacional de calificar y tratar a Israel como una potencia que actúa por la fuerza y de manera ilícita para asegurar sus objetivos ilegales e ilegítimos?
No menos espinosa respuesta exigiría preguntarse por qué no se actúa en consecuencia y se obliga a Israel, el ocupante por la fuerza, a facilitar el avance de los acuerdos de paz que firma y reconocer a un verdadero Estado palestino. No se puede decir una cosa en Kiev y otra diferente en Jerusalén. Así han empezado siempre todos nuestros problemas en el mundo.