La sospechosa presunción de probidad judicial
"-¡Qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! -Tome sus ganancias, señor. "
Medio país se está cachondeando de la pretensión del informe del CGPJ al anteproyecto que reforma el acceso a la carrera judicial del amor al arte por el que trabajan los preparadores de opositores, la otra mitad no ríe, porque no se ha enterado. En él se incide en que los jueces que preparan opositores “no siempre lo hacen con fines mercantilistas”. Loable matización aunque lo cierto es que cobran. De todo el proyecto gubernamental sometido al informe preceptivo del Consejo es casi la única parte que me parece muy digna de encomio: la que pretende acabar con el mercado negro de ingresos que existe en un sector tan poco compatible con ello como es el judicial. Es del todo risible la pretensión de probidad que el corporativismo extiende sobre la magistratura o sobre los fiscales, que están en el mismo caso. El resto de las cuestiones que se critican -cuarto turno, introducción de los sustitutos, centro público preparación, etcétera- me parecen muy bien criticadas.
Sí, señores, muchos preparadores cobran o cobraban mediante el conocido sistema bancario de “el sobre”, es decir, a priori en negro porque no hay forma de comprobar si declaran posteriormente ese efectivo o lo destinan directamente a otros menesteres de subsistencia. Sí, señores, incluso hay altos magistrados que cobran las conferencias en negro, en España y en el extranjero, y resulta casi imposible poder denunciarlos con nombres y apellidos porque un periodista no tiene acceso a los datos de Hacienda y, por tanto, aunque te jure el pagador que les dio un sobre no hay forma de comprobar la defraudación ni aunque lo veas con tus propios ojos; mucho menos si quienes te lo cuentan se niegan a aparecer con sus nombres y apellidos.
Es un tema escabroso en lo moral y en lo legal y que hincha mucho las narices al contribuyente al que Hacienda tiene cogido por las nóminas o al autónomo al que se le discute hasta que compense el IVA de una escalera que compró para acceder a los archivos y libros que mantenía en lo más alto de la estantería, “porque bien podría usarla para clavar cuadros en su casa”. Unos tanto y otros tampoco. Que todo el mundo que conoce el funcionamiento de la preparación de oposiciones sepa que hay fraude fiscal en torno a este negocio y que hasta el momento nadie, ni siquiera el CGPJ al que esta situación debiera abochornar, haya hecho nada demuestra hasta qué punto lo de que Hacienda somos todos era un eslogan, como ya nos explicó aquella fiscal en el juicio a la infanta por el caso Nóos.
Lo que propone al respecto el Gobierno en esta ley es totalmente pertinente. En primer lugar, que se conozca quién hace qué, qué actividades de las legalmente permitidas lleva a cabo cada magistrado. Para ello, nada mejor que tener que declarar la actividad ante el CGPJ para solicitar la compatibilidad. ¿Que es un coñazo hacerlo cada vez? Lo siento, amigos, más coñazo es para los contribuyentes que se nos haga la peineta desde un poder del Estado, que se nos queda una cara de tontos que no vean. En la actualidad sólo es obligatorio pedir la compatibilidad con la jurisdicción para preparar opositores si empleas en ello más de 75 horas anuales. La cifra exigida está pensada para que todo preparador tuviera que pedir la compatibilidad porque, descontadas las semanas vacacionales, permite no declarar si sólo empleas una horita y pico o dos a la semana a esta actividad y eso es imposible. No hay preparador que sólo dedique ese tiempo a la semana, porque estaría preparando solo a su sobrino, a ver si me entienden. Por tanto, todos los preparadores deberían solicitarla. ¿Lo hacen? No. ¿Pasa algo? Tampoco.
La mayoría de los jueces quiere pensar que la petición de compatibilidad tiene que ver con que no se descuide la función jurisdiccional, que también, aunque la reforma prevista tiene que ver con el fraude más que con otra cosa. Por eso hay que vigilar que no paguen justos por pecadores. Los sobres existen sobre todo en la preparación y menos en las conferencias en las que los pagadores son instituciones u organismos con su propio control tributario. Por eso la idea de que se tenga que pedir compatibilidad para todas las actividades tiene la pega de que podría colapsar burocráticamente al CGPJ y además permitir aumentar los emolumentos al que trabaja en órganos descansados y con poco trabajo mientras que penaliza las posibilidades de los que se encuentran en órganos colapsados, no siempre. Se preguntarán que por qué necesitan compatibilizar actividades y la respuesta es muy sencilla: para ellos, porque el sueldo público no está a la altura de su cualificación profesional y para la sociedad, porque es necesario que este tipo de profesionales cualificados pueda revertir su conocimiento en otros ámbitos.
La idea del registro público de preparadores también es loable. Así el mercadeo de recomendaciones y conocidos para que te preparen se acaba. Evitaría también que se dé el caso de opositores que no puedan optar a las becas porque no pueden “confesar” quien les prepara. Los opositores están en una situación de extrema debilidad, siempre tienen miedo a que si denuncian irregularidades sufran represalias. Por eso siempre lo cuentan todo, cuando lo cuentan, aferrados al secreto profesional del periodista y hasta atemorizados incluso en ese caso. Habiendo un registro, la AEAT ya sabe a quién acudir a demandar las ganancias generadas como “autónomo”. Si a algo se parece el trabajo de preparar es al de un autónomo y debería ejercitarse como tal, con alta en el RETA y emisión de facturas que, en un futuro, tal vez los opositores podrían desgravar con una nueva y justa legislación.
Ni la inspección fiscal ni la del CGPJ hacen ningún tipo de control sobre esta cuestión y cada vez que se intenta poner coto a esta fuente de posible fraude, saltan como gato panza arriba. De hecho siendo FGE Dolores Delgado intentó tomar medidas para atajar esta situación. Cursó una orden para que todos los fiscales rellenaran una declaración en la que comunicaban si preparaban pero también si no preparaban. Esto era importante porque permitía pillar con las manos en la masa al que mintiera. La asociación conservadora de fiscales llegó a llevar la orden a los tribunales y el TSJM, en efecto, la anuló. Entre bomberos no se pisan la manguera. Así que sí, resulta patéticamente sospechoso el intento del informe de amortiguar las posibilidades de control. Tengan o no fines mercantilistas, que son muy dignos y por los que no hay que pedir perdón, lo mejor es la transparencia; esa que el Consejo de Transparencia ha negado siempre que se han pedido datos sobre quiénes han pedido compatibilidad para preparar. Así hemos sabido que en 2020 pidieron compatibilidad para preparar ¡cuatro fiscales! Y en 2021 ¡once! Anda ya. De los nombres niente.
La presunción de probidad judicial no puede diferir de la presunción de probidad de cualquier otro profesional porque ¡oiga, aquí se defrauda!, y el opaco trabajo de preparar tiene que ser escrutado con el mismo celo que sufren todos los demás profesionales que no son, a priori, menos probos que los jueces.
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