En marzo de 1938 la Österreich Republik, la República de Austria, se convirtió en la provincia alemana de Ostmark. No cabe hacer comparaciones odiosas sobre como se produjo la anexión de Austria a Alemania y el actual proceso de pérdida de soberanía política y económica de nuestro país. Pero sí resulta interesante utilizar el vocablo Spanienmark como síntesis sobre esa pérdida de soberanía que esta sufriendo nuestro país debido a las decisiones políticas adoptadas por el gobierno de Rajoy.
El Gobierno justifica esa perdida de soberanía por el elevado endeudamiento exterior de nuestro país. Por ello, previamente a analizar las consecuencias de ese vaciamiento de la acción de gobierno, merece la pena remarcar la distinción que existe entre “la culpa”, que nefasta palabra vinculada a la moral judeocristiana, y “el dolo”. La culpa, en sentido jurídico estricto, es definida como la falta de intención en el sujeto activo de provocar las consecuencias que el acto que emprende suscita, mientras que el dolo es la intención de cometer el acto en cuestión y de causar sus consecuencias, por lo que los juristas consideran que el sujeto, previamente a la comisión del acto, debió de representarse mentalmente el resultado del mismo.
La responsabilidad de un proceso de endeudamiento es de las dos partes, de quien solicita el crédito y de quien lo concede, pero el dolo, la voluntad de prestar dinero a personas y empresas sobre las que había serias dudas sobre su capacidad de devolver el dinero, es del prestamista. Porque no olvidemos que quién define la solvencia de una persona, una empresa o un país es quién presta el dinero. Que los supuestos profesionales (Banco de España, Fondo Monetario Internacional, BCE, bancos privados, cajas de ahorros, agencias de rating) que evaluaron los riesgos de particulares, empresas y estados obraron incorrectamente es evidente, pero lo que conviene remarcar es que en muchos casos no fueron errores técnicos sino decisiones plenamente conscientes de que se estaban conciendo créditos incobrables.
Cuando las autoridades comunitarias han aceptado como buenas las cuentas públicas de algún estado miembro, como el griego, que estaban trufadas de “contabilidad creativa”, el dolo es de quien validaba las cuentas. Cuando los capitales extranjeros, muchos de ellos a través de bancos franceses y alemanes (en marzo de 2012, según el Banco Internacional de Pagos, los bancos alemanes tenían cerca de 150 mil millones en deuda española, publica y privada, y algo menos los bancos franceses) han financiado a bancos y empresas españolas con un excesivo endeudamiento previo, el dolo es del prestamista. Cuando los bancos y cajas de ahorro de nuestro país han concedido préstamos hipotecarios con avales cruzados, con una simple tarjeta de abono transporte como documentación, con una nómina de un trabajo precario, eso es dolo.
Cuando se han abierto millonarias líneas de crédito a empresas cuya contabilidad no reflejaba que pudieran devolver el dinero solicitado (como el que concedió Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, presuntamente sin cumplir los requisitos legales, a Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE), o en función de una sobrevaloración de sus acciones (ya que no se las consideraba por su valor actual, sino por su valor futuro), eso es dolo. Cuando los ingresos de directivos de bancos y cajas han dependido del volumen de créditos concedidos (no de la calidad de los mismos), eso es dolo. Cuando a los jefes de sucursales que no hacían caso de esas indicaciones de la dirección se les denigraba públicamente ante sus compañeros, o se les trasladaba a destinos peores, eso es dolo. No olvidemos que en un sistema bancario como el nuestro, cuya capacidad de crédito no viene determinada por el volumen de depósitos, sino por la confianza que los ahorradores tienen en las entidades bancarias, un elemento básico para mantener ese frágil activo intangible es la calidad de los préstamos concedidos, ya que un excesivo índice de morosidad es la antesala a la quiebra de la entidad.
Lo que importaba era prestar dinero, porque estábamos en una burbuja financiera en la que el “dinero ficticio” que creaban los bancos (créditos sin provisiones) y las empresas (acciones sin un adecuado control público sobre su supuesto valor bursátil) apenas tenía ningún coste para ellos. Cuando la burbuja estalló el “dinero ficticio” se convirtió en “dinero basura”, las casas perdieron su valor, las empresas se derrumbaron en bolsa o ante los concursos de acreedores y debajo de las mullidas alfombras de las impresionantes sedes de los bancos aparecieron insondables agujeros sin fondo. Todo se devaluó menos las deudas. Las casas valían menos, pero las hipotecas no, las empresas estaban al borde de la quiebra, pero los prestamos seguían ahí, varios estados de la UE se encontraron con los mercados financieros internacionales cerrados, pero la deuda pública siguió pagándose, incluso con obligados cambios constitucionales y legales que conminaban al pago de los intereses a determinados los prestamistas por encima de cualquier otra obligación con los ciudadanos.
Las deudas se pagan, ….o no.
Cualquiera que conozca un poco el mundo empresarial sabe que los procesos de quita y mora de deudas son algo habitual en los concursos de acreedores. En muchos casos los acreedores prefieren cobrar algo a no cobrar nada, situación a la que se puede llegar si se fuerza la quiebra de la empresa al exigirle pagar todas sus deudas. Reducir la deuda y aplazar su cobro es algo que a menudo se acepta en el mundo empresarial, 7.800 empresas españolas solicitaron abrir un proceso concursal en 2012. Pero esta habitual práctica empresarial se niega a los particulares y a los estados. En el caso de los particulares la razón está en que el acreedor, casi siempre un banco, consigue cobrar el valor de la deuda al quedarse con el inmueble. La ley juega tanto a su favor que a los bancos apenas les resulta interesante avanzar en formulas de retraso o reducción de la deuda hipotecaria.
La cesión de soberanía en política monetaria, derivada de nuestra entrada en el euro, fue una decisión avalada en su momento mayoritariamente por los votantes, ya que los principales partidos lo habían incluido claramente en su programa electoral. Pero ni el cambio constitucional, y la posterior aprobación de la Ley de Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (LOEP), que han supuesto la pérdida de la soberanía en política fiscal, fueron objeto de debate ante los electores. Tampoco el rescate bancario, que ha significado la pérdida de soberanía nacional de una parte sustancial de nuestro sistema financiero (ya que los planes de reestructuración de las cajas de ahorro españolas están dictados desde Bruselas), ni la desprotección de los trabajadores que supuesto la modificación de las regulación de las relaciones laborales, que ha convertido a algunos convenios de la OIT en un mecanismo jurídico más eficaz para defender los derechos de los trabajadores que la legislación laboral española.
Rajoy debe estar tan contento en su papel de virrey de Spanienmark que ha apostado por una vuelta más de tuerca más. Como, a pesar de todas las medidas tomadas, el crédito sigue sin fluir hacía las empresas españolas y el empleo continúa destruyéndose de forma acelerada, recientemente los ministros de Economía de Alemania y España han propuesto un inconcreto plan que extenderá esa pérdida de soberanía a la parte del tejido productivo español más competitivo: un acuerdo para que inversores alemanes participen en el capital de pymes españolas solventes. Es decir, que los capitales alemanes, en vez de prestar dinero a las empresas españolas, tomen su control a un coste muy reducido. Es evidente que nuestro país ofrece un mercado mucho mayor que el portugués, chipriota o griego y unas interesantes perspectivas en Latinoamérica.
El problema actual es que la aceleración del proceso de integración en Europa se está haciendo de forma asimétrica y no democrática. Hay que recordar que las dificultades de acceso al crédito de los países europeos con mayor endeudamiento público y sus bajas tasas de crecimiento se explican en gran medida por diferente comportamiento del BCE y la Reserva Federal (Fed) de EEUU. Entre 2007 y 2012 el incremento de Activos en Balance (el volumen de creación dinero mediante la compra de oro, deuda pública y privada) por parte del BCE ( 1.545 mil millones de $) ha sido notablemente inferior, en torno a medio billón de $, que el de la Fed (2.014 mil millones de $), y, sobre todo, que ha estado dirigido en mucha menor medida a financiar la deuda pública, tan sólo 201 mil millones de € frente a 979 mil millones de $ de la Fed. No se trata de insistir en la retórica anti-alemana, sino de reconocer que si continuamos por ese camino las cosas van muy mal, si la reacción de gran parte de la ciudadanía griega, portuguesa, española, italiana o francesa termina por enrocarse solo en la reivindicación de la soberanía nacional perdida podemos encontrarnos con potentes dinámicas centrifugas que den al traste con la Unión, lo que condenaría a Europa en su conjunto a la irrelevancia económica y política en el mundo.
Dos vías de actuación deben abrirse para frenar el actual proceso de desmoronamiento de una Unión Europea democrática. Por un lado, tal como ha planteado el Presidente francés, deben desarrollarse instrumentos a escala europea, “la creación de un gobierno económico”, para gestionar algunas de las competencias cedidas por los estados endeudados, pero siempre que esa cesión de soberanía económica se generalice a todos los estados de la zona euro.
Pero, por otro lado, deben establecerse medidas para que Grecia, Portugal, Chipre, Irlanda y España recuperen aquellas políticas que Alemania y otros países no están dispuestos a ceder a los ámbitos europeos. Hay un buen número de propuestas para reducir el coste del endeudamiento de esos países, pero si esas propuestas siguen sin ponerse en marcha no hay que descartar que nos veamos abocados en el futuro cercano a suspensiones unilaterales que dificulten la recuperación económica del área euro. Alcanzar un acuerdo para la reducción y aplazamiento de la deuda: 1) favorecería el crecimiento económico y la creación de empleo (según varios expertos una quita de deuda privada del 20% incrementaría el PIB de España en un 0,8% y reduciría la prima de riesgo en 150 puntos básicos), 2) haría más equitativo el reparto de los sacrificios entre quienes tienen la “culpa” de haber pedido prestado y quienes han actuado dolosamente al conceder los créditos solicitados, y 3) permitiría recuperar parte de la soberanía nacional perdida frente a los acreedores.
Una reestructuración similar a la que se hizo en 1953 con la deuda alemana de la Primera Guerra Mundial, o la que tuvo que admitir el Plan Bradley, diseñado por el secretario del Tesoro de EEUU a finales de los años ochenta, de condonación parcial de las deudas y los intereses a los países latinoamericanos, después de que en la década de los ochenta se produjeran suspensiones unilaterales o renegociaciones forzadas de la deuda por parte de Brasil, México, Argentina, Ecuador y Chile. Sabemos que los años ochenta significaron una década perdida para Latinoamérica debido a que el pago de los elevados intereses de la deuda exterior limitó su crecimiento y ahondó en la desigualdad social, no sigamos por ese camino. Esto es lo que ha hecho Islandia, cuyo PIB está creciendo desde 2011 a tasas cercanas al 3%, por cierto, el partido que ha ganado las últimas elecciones es el que ha defendido con mayor ahínco frente a los votantes que debía de dejar de pagarse la deuda asumida por los bancos islandeses con los acreedores extranjeros.