Los veinte ejecutivos mejor pagados de las empresas públicas españolas ganan de media 175.000 euros anuales, veinte veces el salario mínimo interprofesional. Lo ha publicado eldiario.es, después de bucear trabajosamente por los opacos mares de las webs de transparencia oficiales y tras desencriptar los enigmas y acertijos ocultos tras la literatura administrativa para contarnos cómo un tipo sin estudios universitarios gana el doble que el presidente del Gobierno porque lo aprendió todo en la universidad de la vida.
Cada año se reparten igual que buenos hermanos tres millones y medio de euros. Para justificar semejante crimen no sirven las coartadas estándar que suelen endosarnos cuando, en plena crisis y mientras recomiendan bajarnos los sueldos a los demás, descubrimos que los ejecutivos de los oligopolios del IBEX ganan millones de euros o se han subido el sueldo a una media del 5% anual. No se trata de empresas privadas que pueden hacer lo que quieran con su dinero porque solo han de rendir cuentas ante sus accionistas. Se trata de empresas públicas, es nuestro dinero y nosotros somos los accionistas.
Tampoco funcionan otras eximentes habituales como el supuesto gran valor que generan o las enormes ganancias proporcionadas a los inversores. La mayoría de esas empresas o tienen su negocio asegurado, como la SEPI o Cesce, o no tienen como primer objetivo generar beneficios, como Tragsa o Enusa, Enresa y Ensa, ese asombroso microcosmos de empresas públicas que genera el negocio privado de la energía nuclear. Otras tantas entre esas empresas o funcionan como oligopolios que deberían generar bastante más valor, como Mercasa, Aena o Loterías, o suponen desastres que directamente registran perdidas y una nefasta gestión, como Adif, Navantia, RTVE o Paradores.
Respecto a los currículums de los agraciados, hay de todo. Pero aparecen más bien pocos Messis y Cristianos. Sobre todo abundan los supuestos técnicos que no han hecho otra cosa en su vida que meterse en política, o quienes no han hecho otra cosa en su vida que ser políticos pero ahora van de técnicos y grandes ejecutivos a los mandos de la economía global.
Este Gobierno ha crujido y demonizado a los funcionarios y trabajadores públicos cuanto ha podido. Les ha señalado como privilegiados, vagos que se dedicaban a leer el periódico y a disfrutar sus sueldos asegurados mientras media España se iba al paro. Cerca de cuatrocientos mil empleados públicos han resultado despedidos desde 2010 en nombre de la austeridad. Todas las administraciones han perdido empleo. Solo en las empresas públicas se cuentan hoy más trabajadores que hace cuatro años: un 5% más. Ahora se entiende mejor por qué lo ha hecho.
Este Gobierno anunció que bajaría el sueldo a los ejecutivos públicos al menos un 25% y proporcionaría sus emolumentos a los modestos salarios de la función pública. Ahora se entiende mejor por qué no lo ha hecho.