Si Cristina Cifuentes quiere empezar a recuperar su credibilidad perdida hay algo que no debería hacer al dar explicaciones ante la Asamblea madrileña: escudarse detrás de la Universidad Rey Juan Carlos. Por mucha culpa que la institución pueda o no tener, sólo a ella le corresponden las explicaciones políticas por lo que, a todas luces, ni se corresponde con un trato ordinario a un alumno, ni responde al comportamiento normal de un alumno a la hora de cursar sus estudios y obtener un título académico.
Igual que la Universidad Rey Juan Carlos nunca debió trasladar un problema generado por su propia mala gestión al conjunto de la universidad española, solicitando de manera totalmente inconveniente y frívola el concurso de observadores externos solo para que le sirvan de parapeto y coartada, la todavía presidenta de Madrid debería ahorrarnos más excusas y asumir en primera persona la defensa de su caso. Además, lo tiene muy fácil, no es ni mucho menos una misión imposible. Pan comido para alguien que consiguió el milagro de que le cambien una nota por email.
Si algo produce la universidad pública española es papel oficial, toneladas de papeles y documentos oficiales y registrados para acreditar sus procedimientos. No lo hacemos porque tengamos alma de burócratas, o nos guste especialmente el papel oficial, sino porque así se garantizan los derechos de los alumnos a recibir una calificación justa e imparcial y el derecho a reclamar sin creen que no ha sido el caso.
Ya no tiene siquiera que buscar más el famoso Trabajo de fin de máster. No despejaría las dudas. Hay varias webs en internet donde se pueden conseguir TFM instantáneos y listos para entregar a precios muy asequibles, por eso las universidades llevamos tiempo invirtiendo en programas antiplagio. Por suerte, le basta con presentar el registro de entrada del depósito de dicho trabajo en el departamento responsable del título, así como los registros de salida tanto del nombramiento de los miembros del tribunal, como de la convocatoria del acto público de defensa del trabajo. Esas anotaciones han de figurar en el libro de registro del centro y encontrarlas no debería llevar más de cinco minutos. No lo tienes fácil, Cristina, lo tienes súper fácil. Sólo puede haber una razón para no hacerlo; que no se pueda porque no constan tales registros.
En cuanto al régimen especial de su asistencia a clase en un máster presencial o al sistema de evaluación seguido en su caso, al parecer diferente al del resto de los alumnos, la acreditación de que el máster había reconocido la singularidad de sus circunstancias resulta aún más fácil: basta con aportar el acuerdo de la comisión académica del propio máster donde se haya autorizado y fundamentado esa excepcionalidad, debidamente justificada conforme a la normativa universitaria.
Porque en la universidad pública española no se obtienen títulos “yendo a clase cuando podía”, ni las notas las ponen los profesores “llegando a acuerdos informales” con los estudiantes. Cuando Cristina Cifuentes alega eso para explicar las peculiaridades de su caso se equivoca de país y se equivoca de universidades.