La recién nombrada viceministra de Trabajo y Seguridad Social del ejecutivo griego, Rania Antonopoulos, tiene preparada una propuesta detallada de creación directa de empleos públicos, o lo que es lo mismo, una propuesta de Trabajo Garantizado para Grecia.
La viceministra Antonopoulos es directora del programa de Igualdad de género y de economía del Instituto Levy de Estados Unidos, y está especializada en los vínculos micro y macro entre el género y la economía, en competitividad internacional, globalización, políticas de Trabajo Garantizado y sus efectos macroeconómicos y laborales, protección social y reducción de pobreza, así como en las implicaciones del trabajo pagado y no pagado en los indicadores de pobreza. Ha sido una firme defensora del Trabajo Garantizado desde hace mucho tiempo y recientemente ha estado liderando un equipo junto con otros investigadores del Instituto Levy cuyo objetivo ha sido el de desarrollar un programa de Trabajo Garantizado para todas las regiones de Grecia. Un programa que ya está listo y que puede descargarse aquí.
No se trata del único equipo de especialistas que está trabajando en propuestas de Trabajo Garantizado para determinadas economías: el economista estadounidense Randall Wray y otros investigadores del Instituto Levy está trabajando en una propuesta para Irlanda, y el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón está está haciendo lo propio para el caso español para el caso español con un equipo vinculado a la Fundación Europa por los Ciudadanos.
El Trabajo Garantizado consiste en la creación directa de puestos de trabajo público orientados a realizar actividades que satisfagan necesidades económicas, sociales y ecológicas. Algunas de estas tareas son: servicios de cuidados a niños y adultos dependientes, asistencia educativa, sanitaria y psicológica, servicios de seguridad comunitaria, restauración medioambiental, construcción de infraestructuras de pequeña escala, rehabilitación de edificios e infraestructura urbana, cuidado de la fauna y de la flora, siembra ecológica, etc. El enfoque de esta medida es totalmente opuesto al convencional: en vez de invertir o dar facilidades a los empresarios para que cuando les sea rentable contraten a nuevos trabajadores, la idea es contratar directamente a los desempleados y otorgarles actividades necesarias para la comunidad. De esta forma la utilización de recursos es mucho más eficiente y no se acaban concentrando en las empresas beneficiarias de las políticas convencionales de inversión pública.
El plan de la viceministra de trabajo contempla dos escenarios. En el primero se contrataría directamente a 550.000 desempleados (actualmente hay 1.245.340 desempleados) con contratos indefinidos a tiempo completo y un salario mensual de 781 euros (el salario mínimo era de 586 y el gobierno de Syriza lo acaba de aumentar a 751). Debido a los efectos multiplicadores del gasto público (los nuevos empleados de los programas de Trabajo Garantizado utilizarán su salario para comprar y ello aumentará las ventas y beneficios de las empresas así como la recaudación tributaria) se estima que la cantidad total de empleos creados en un año contando los del sector privado sea de 756.679. El desembolso inicial alcanzaría los 9.100 millones de euros, pero como la recaudación estimada sería de 5.100 millones, el coste neto no superaría los 4.000 millones. El coste neto anual por empleo creado sería de 5,286 euros.
En el segundo escenario se contempla la contratación directa de 250.000 personas, en cuyo caso la creación total de puestos de trabajo alcanzaría la magnitud de 339.030, con un coste neto de 1.800 millones de euros.
Con respecto a la financiación se propone la creación inmediata de un Fondo Nacional de Empleo que extraiga los fondos de diversas formas. Entre ellas destacan: 1.000 millones del Banco Europeo de Inversiones mediante una facilidad de crédito para reconstrucción y desarrollo, 500 millones del Fondo de Empleo Griego, 600 millones del Marco de Reserva Estratégica Nacional, 1.000 millones de la lucha contra el fraude fiscal, y la renegociación de la deuda pública (la propuesta en concreto es una moratoria de al menos 3 años que daría de margen unos 20.000 millones de euros que serían pagados posteriormente gracias a los beneficios económicos derivados en parte al crecimiento económico logrado con los programas de Trabajo Garantizado).
Está por ver si el equipo de la viceministra logra convencer al resto del ministerio y también si el nuevo gobierno griego consigue renegociar los términos con la troika de forma que le conceda cierto margen fiscal para implementar esta política de Trabajo Garantizado. Sin embargo, de lo que no cabe duda es que la viabilidad técnica ha sido demostrada y que la economista feminista Antonopoulos luchará sin descanso para que la propuesta del Instituto Levy se aplique en Grecia.