“¿Quién teme la jurisdicción universal?”. Esta es la pregunta que ayer se hacía el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín en un acto sin precedentes celebrado en el propio Congreso, en contra de la reforma de la ley de justicia universal impulsada por el PP. En el evento, organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, participamos abogados, testigos, fiscales y todos los grupos parlamentarios menos el PP.
También estuvieron presentes familiares y víctimas, como Javier Couso, hermano del cámara José Couso fallecido en Irak, Mahmud Selma Daf, familiar de varios desaparecidos en el Sáhara, y Thubten Wangchen, querellante en la causa contra el Gobierno chino por crímenes en el Tíbet. En mi caso, intervine como testigo directo del ataque a la prensa de las tropas estadounidenses en Bagdad y de la muerte de José Couso.
“¿Quién teme la jurisdicción universal? Los genocidas, los criminales, los torturadores. Y también las empresas constructoras del Ibex 35 temen la jurisdicción universal, porque les puede perturbar”, aseveró Martín Pallín, en referencia a los intereses económicos de algunas multinacionales españolas.
La reforma del PP, presentada vía exprés, garantizará la impunidad de los criminales y negará justicia a los ciudadanos españoles. Toda una paradoja, teniendo en cuenta cómo presume el Gobierno de patriotismo.
Los españoles que sean víctimas de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de torturas, de secuestro por parte de unas fuerzas armadas más allá de nuestras fronteras, no tendrán la posibilidad de acudir a los tribunales: su propio país, España, les negará su derecho a la justicia.
Los recursos de inconstitucionalidad
Aún así, no todo está perdido. Antes de acudir a Estrasburgo, existen vías para seguir luchando por la justicia universal y sin duda se hará uso de ellas. Es probable que las familias de las víctimas presenten recursos ante el Tribunal Constitucional (TC). Los propios jueces que llevan casos de jurisdicción universal pueden apelar también a la inconstitucionalidad de la reforma; y, según la ley, 50 diputados o 50 senadores tienen la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC.
De hecho, como destacaba ayer el abogado Carlos Slepoy, se puede producir un hecho inédito: Que se apueste por las tres vías y por tanto el Constitucional se encuentre con recursos de inconstitucionalidad procedentes del ámbito político, del ámbito judicial y de la sociedad civil. Todo un símbolo, ante el cual será muy interesante y revelador ver cómo se pronuncia el Alto Tribunal.
El grupo parlamentario del PSOE aprovechó el acto para anunciar que sí presentará recurso de inconstitucionalidad contra la reforma. Según la ley, bastan 50 diputados o 50 senadores para poder dar este paso. El PSOE es el único grupo de la oposición que cuenta con más de 50 diputados, y por tanto su partipación era imprecindible para presentar el recurso, solicitado desde el anuncio de la reforma por familiares de las víctimas, abogados y otros grupos parlamentarios.
El gesto anunciado por el PSOE es positivo, teniendo en cuenta el papel jugado hasta la fecha por este partido: El Gobierno de Zapatero, al igual que antes el del PP, obstaculizó la investigación en el caso Couso y trató de cerrar la causa, tal y como desvelaron los cables de la embajada estadounidense difundidos por Wikileaks. También el PSOE impulsó junto con el PP el primer paso contra la justicia universal, con una reforma gestionada a petición de Israel y aprobada en 2009, que supuso el archivo de la causa por posibles crímenes de guerra en Gaza.
Por ello ayer algunos de los abogados y familiares de víctimas solicitaron a los grupos parlamentarios que, cuando cambie la mayoría parlamentaria, deroguen tanto esta reforma del PP como la aprobada en 2009 por PSOE y PP. Teniendo en cuenta los precedentes, es lógico tener dudas sobre la posición del PSOE en materia de jurisdicción universal.
La importancia de la perseverancia
Las personas involucradas de un modo u otro en casos de justicia universal somos conscientes de que estamos ante una batalla de largo recorrido, que requiere un ingrediente fundamental: la perseverancia. Gracias al tesón de las familias de las víctimas, decenas de casos de justicia universal siguen abiertos a día de hoy. Y será la perseverancia la que logre denunciar una reforma que, como ayer se dijo en el acto, representa “un instrumento de crueldad con las víctimas”.
Cualquier paso es reparador: la oportunidad de una víctima de declarar ante un juez, una orden de arresto, el avance de una investigación, simbolizan ya todo un reconocimiento a las víctimas. Por eso el trabajo que tantos llevan a cabo contra la impunidad seguirá su curso, porque la reivindicación de la justicia universal representa la defensa de la verdad y la reparación, de los derechos humanos y de la libertad de información.
Sin la aplicación de leyes que protegen a los periodistas, la información, pilar básico de las sociedades libres y democráticas, es una de las primeras víctimas. Del mismo modo, sin una justicia que garantice la defensa de víctimas españolas, se vulnera la tutela judicial y se crean espacios de completa indefensión.
Por eso el próximo mes de abril, undécimo aniversario de la muerte de José Couso, volveremos a estar frente a la embajada de Estados Unidos, para exigir investigación y justicia. Y quizá algún día, tras años de lucha y perseverancia, gracias al trabajo de jueces, abogados, ongs y víctimas, podamos sentirnos reparados y entonar aquellos versos que hace unos meses cantaban las víctimas del genocidio de Guatemala, tras la condena al exdictador Ríos Mont:
“Aquí solo queremos ser humanos, comer, reir, enamorarse, vivir, vivir la vida y no morirla”.