La medida fue propuesta originalmente por el economista estadounidense Himan Minsky en los años 80, que hoy día está siendo recuperado en la literatura por haber sido capaz de entender y predecir las crisis financieras. Y ha sido desarrollada por muchos economistas estadounidenses, australianos, franceses e italianos, fundamentalmente.
La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo remunerado (con condiciones laborales dignas) a cualquier persona que no haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector público tradicional, y que esté preparada, capacitada y dispuesta a trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad. El EG parte de la premisa de que si bien es cierto que hoy día en nuestras sociedades hay muchísimas personas que no están ocupando ningún puesto de trabajo, también es cierto que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades y mucho trabajo que ya se realiza pero que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. Es profundamente absurdo y contraproducente en términos económicos y sociales que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos y de nuestro medio ambiente no estén cubiertas. Y no están cubiertas porque al sector privado no le es rentable, y/o porque el Estado no ha decidido realizarlas. Un trabajo que redundará en beneficio económico, social, ecológico y cultural.
Necesidades económicas, sociales y ecológicas. En la actualidad necesitamos que cuiden de nuestros mayores, adultos dependientes, de nuestros hijos y de nuestros enfermos, que haya apoyo psicológico y educativo, que se cuide la fauna y la flora, que se cuiden y reforesten bosques y otros espacios verdes, que se retiren residuos, que se habiliten edificios para que sean más eficientes energéticamente, que se realicen servicios de reparación, reutilización y reciclaje, que aumenten los servicios de ocio, deporte y cultura, que se cuiden las infraestructuras urbanas de muchos barrios de nuestras localidades, que aumenten y mejoren los servicios sanitarios y educativos, que se defienda a los grupos discriminados y a los más vulnerables, que se construyan y mantengan centros de producción de energía renovable, etc… Hay necesidades, y todo economista sabe que donde hay necesidades hay economía, hay puestos de trabajo y generación de renta. La economía es la herramienta que nos permite vivir mejor, ser más felices.
Por lo tanto, se trata de:
1). Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy día son insuficientes (educación pública, sanidad pública, culturales, deportivas, generación de energía renovable, etc...).
2). Crear nuevas actividades (sobre todo ecológicas: servicios de reutilización y reparación de materiales y productos, optimizar rendimiento energético de edificios, etc...).
3). Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados domésticos y otros trabajos hoy día voluntarios repartiendo esas actividades de forma solidaria entre la comunidad.
Se pueden crear muchos puestos de trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística señala que en el cuidado de niños se dedicó en ese año una cantidad de horas equivalentes a más de un millón y medio de puestos de trabajo (concretamente 1.579.259) a jornada completa. En el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente de puestos de trabajo sería de 374.708.
Financiación y gestión. El Estado financia el EG, pero lo diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación con la sociedad civil, siempre respetando ciertas directrices para que las actividades redunden en beneficio de la sociedad y de la naturaleza. Los vecinos son quienes mejor conocen los problemas de sus localidades. El Estado se encarga de remunerar el trabajo directamente mediante un pago a la cuenta bancaria del participante del EG, de forma que se eviten intermediarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La retribución no es sólo salarial, sino que incluye también otros pagos no salariales como cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, permiso por vacaciones, por paternidad y maternidad, por enfermedad, etc. Debe haber supervisión para que los trabajos se realicen adecuadamente. Quien no cumpla las reglas será penalizado. Dos penalizaciones supondrán la expulsión del programa durante un año.
Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, se satisfacen multitud de necesidades sociales, ecológicas y económicas. Los beneficios del EG son innumerables: producción de bienes y servicios (y por lo tanto aumento del PIB), generación de renta y riqueza, alivio de la pobreza, mayor cuidado del medio ambiente, más y mejores construcciones comunitarias y redes sociales, mayor estabilidad social, política y económica, alivio de las enfermedades sociales derivadas del desempleo (problemas de salud física y mental, maltrato conyugal, consumo de drogas, delincuencia, etc); además de otros numerosos multiplicadores sociales. El impacto económico y social global es superior a la suma de los impactos individuales debido a las sinergias y círculos virtuosos que se generan en un ambiente de mayor cohesión y paz social. De hecho, algunas estimaciones apuntan a que cualquier programa de EG tiene un coste económico inferior al coste que supone lidiar con los problemas derivados del desempleo a través de prestaciones sociales como las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo psicológico, servicios penitenciarios, etc.
Economía sumergida y recaudación. Como consecuencia de la aplicación del EG buena parte de la economía sumergida afloraría, puesto que muchas actividades ocultas y que no se benefician de los derechos laborales vigentes serían abandonadas al existir una alternativa de empleo garante de derechos y estable. Ello aumentaría la recaudación tributaria del Estado, tanto por la vía de reducción de la economía sumergida como por el incremento en el número de trabajadores y del consumo derivado del mismo. Al mismo tiempo aumentaría el fondo de la Seguridad Social, ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensiones. Por otro lado, el EG logra reducir el coste por prestaciones de desempleo y otras ayudas públicas, de forma que el impacto en el saldo fiscal es menor de lo que a primera vista podría parecer.
Formación. Otros beneficios derivados de la aplicación del EG es que los participantes del programa mantienen y/o desarrollan sus conocimientos y habilidades (a diferencia de lo que les ocurriría estando desempleados), lo que permite a) incrementar la productividad del trabajo y b) mantenerse preparados para acceder a puestos más cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empresarios del sector privado necesiten contratar a nuevos trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. En cambio, en tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos tendrán la posibilidad de acogerse a un programa de EG, donde no perderán sus hábitos y prácticas. Las oficinas actuales del desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, donde efectivamente conectan demandantes de empleo con oferentes.
Control. El control público permite reducir la discriminación racial, sexual y de cualquier otro tipo, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más complicado supervisar al empleador en cuestión.
Salario. En nuestra propuesta inicial se distinguen tres tipos de trabajo en función de su cualificación, y por lo tanto tres tipos de remuneración: 7€/h para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 5€/h para baja cualificación. Con jornada completa el salario bruto es de 1213 euros al mes (en 12 pagas al año) en puestos de cualificación alta, 1040 euros al mes si son de cualificación media, y 867 euros al mes los de cualificación baja (en neto: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, lo cual es condición indispensable para evitar la competencia a la baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ninguna persona trabajaría en el sector privado al tener la posibilidad de acogerse a un programa de EG de mejores condiciones. Los empleadores del sector privado se ven obligados a ofrecer salarios iguales o superiores a los ofrecidos en el EG, logrando así acabar de facto con todos los puestos de trabajo en los que no se garantizan condiciones laborales dignas. El precio fijo es además un ancla de precios para evitar tensiones inflacionistas por el lado de los salarios. Sujeta a modificaciones en el futuro.
Coste. La implementación del EG debería ser gradual y por etapas, para no provocar grandes cambios y además poder ir corrigiendo errores. Si en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desempleados (los más necesitados), el coste neto de la medida alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Se trata de una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyecciones en entidades nacionalizadas (1,08% del PIB). Como coste neto se entiende el coste salarial y material menos lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que se recauda por IRFF, IVA e IS (dejando de lado incluso otras figuras impositivas como los impuestos especiales: carburantes, tabaco, bebidas, etc). En el cálculo se utiliza un modesto multiplicador keynesiano de 1,5; un tipo impositivo medio en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del 9,22% y del 3,76% para el trabajador a jornada completa en un puesto de alta y media cualificación, respectivamente; un tipo medio del IVA del 13,78%; una proporción de consumo privado sobre la renta del 70%; un efecto en la recaudación por Impuesto de Sociedades (IS) del 7%; y un coste del material del 5% del coste salarial total. Asumiendo que el 80% de los participantes solicitarán jornada completa (40 horas semanales), mientras el restante 20% lo hará a jornada parcial (20 horas a la semana). (El desembolso inicial sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% del PIB. Esto no correspondería con el aumento en el déficit público porque las cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el déficit público sería de 11.793.600.000, 1,2% del PIB).
Efecto multiplicador. El desembolso inicial es una inversión que generaría renta, por lo que el PIB aumentaría, y por lo tanto el déficit y deuda públicas en proporción al PIB se reduciría. A su vez, el aumento salarial aumentará la demanda y estimulará la actividad económica sin riesgo de inflación: según la Encuesta del Banco Central Europeo a las empresas sobre acceso a la financiación de marzo de 2014, el problema más importante de las empresas españolas es la falta de clientes (29%); y según la Encuesta de coyuntura industrial del Banco de España el grado de capacidad utilizada está todavía en el 76,8%, por lo que hay margen para aumentarla. Por eso el coste neto es tan reducido. Además, a medida que se recupere la actividad económica disminuiría el número de participantes del EG.
Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, un 2,10% del PIB español. A modo de comparación: esta cantidad es notablemente inferior a lo que el Estado español paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% sobre el PIB); y muy inferior a lo que le ha costado al Estado rescatar a la banca española (6,3% desde 2009 a 2012).
Financiación. El coste podría financiarse fácilmente de muchas maneras, entre las cuales sugerimos la siguiente:
1). Reforma fiscal similar a la que proponen los técnicos del sindicato de Hacienda: nuevo tipo del 35% del Impuesto de Sociedades a partir del millón de euros, reducción de la economía sumergida en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de las operaciones en corto contra la deuda pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e impuesto a las transacciones financieras. El objetivo de esta reforma no sólo sería recaudatorio sino también avanzar en la progresividad del sistema tributario tal y como establece el artículo 31.1 de la Constitución Española. Llevando a cabo una reforma fiscal semejante y atendiendo a las estimaciones de sus proponentes la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, lo cual sería más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG propuesto. Como no es necesario recaudar tanto volumen de recursos hay mucho margen para relajar los elementos de la mencionada reforma fiscal.
2). ICO. Para el primer desembolso tal vez sería necesario recurrir directamente a préstamos del BCE utilizando el Instituto de Crédito Oficial (ICO), pues esta entidad pública de crédito puede acceder a la ventanilla de la institución europea (a un coste inferior al que se financia el Estado español en la subasta de deuda pública). Así lo hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las administraciones públicas españolas. Podría volver a hacerlo por una cuantía mucho menor (1,2%) y así contribuir a la financiación del primer año del EG.
3) Siempre quedará como último recurso acudir a los acreedores privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos también podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.
Estabilidad de precios. El hecho de que se contrate directamente a los ciudadanos que no pueden obtener rentas más elevadas trabajando (los de menos recursos, los de abajo) logra que el impulso económico no sea a través de la demanda agregada convencional, sino a través de una especie de “demanda con objetivo”. Los típicos impulsos keynesianos mediante aumento de inversión pública terminan redundando en todas las capas de la población, incluyendo las más adineradas. Este proceso termina provocando tensiones inflacionistas cuando el mercado laboral se aproxima al pleno empleo (ese punto es conocido como la NAIRU: tasa de desempleo no aceleradora de la inflación por sus siglas en inglés). No obstante, cuando el impulso económico se realiza a través de un programa de EG la NAIRU pierde toda su validez. Esto es así porque por el lado de los salarios no hay tensión inflacionista ya que los mismos están fijados en el programa y funcionan como un ancla de precios. Por otro lado, atendiendo a la riada monetaria el efecto inflacionista sólo aparecería durante los primeros meses del programa de empleo y con un empuje en el índice de precios no superior al 0,60% por cuatrimestre. De todas formas, en el peor de los casos (aumento importante de la inflación) el Estado puede recurrir a su política fiscal y monetaria, reduciendo la renta disponible mediante un aumento de impuestos e incrementando los tipos de interés.
Negociación laboral. En un mercado laboral en el que exista un EG, el descenso del desempleo no empuja los salarios al alza: el poder negociador de los trabajadores del sector privado no mejora porque todavía persiste el miedo a perder el trabajo (no hay desempleados pero sí una cartera de empleados de EG que prefieren trabajar en el sector privado porque concede salarios más elevados). Por lo tanto, los trabajadores del sector privado no exigirán mejoras salariales puesto que corren el riesgo de ser sustituidos por empleados del EG. Como resultado, no se generan tensiones inflacionistas; se trata de un pleno empleo flexible en el cual el poder de los trabajadores no aumenta lo suficiente para desestabilizar los precios.
Estabilizador automático. El propio diseño del EG funciona como un estabilizador automático de la economía. Cuando la actividad económica se dinamiza, los empresarios del sector privado contratarán a trabajadores del programa de EG, disminuyendo por lo tanto su volumen y provocando un efecto amortiguador de la inflación. Al contrario, cuando la actividad económica se ralentice, los empresarios del sector privado despedirán a sus trabajadores y pasarán a engrosar las filas del EG, aumentando por lo tanto su volumen y provocando un efecto amortiguador de la deflación. En consecuencia, el EG es una medida contracíclica que ayuda a evitar inflación en los booms económicos al mismo tiempo que evita la deflación en épocas de recesión.
Impacto medioambiental. Las actividades propuestas consisten fundamentalmente en servicios personales y ecológicos no intensivos en recursos naturales ni en generación de residuos, de forma que el impacto medioambiental es muy reducido. A ello hay que sumarle que en el reparto de los empleos debe primar la cercanía entre los puestos de trabajo y el lugar de residencia.
Desigualdad de género. Al visibilizar, remunerar, dignificar y repartir solidariamente trabajos que hoy día suelen realizar mayoritariamente las mujeres se contribuye a reducir las desigualdades de género.
Avance en la democratización de la economía. Al ser los propios vecinos quienes participen en el diseño de las actividades se está avanzando en la democratización de la economía.
Experiencias internacionales. Nunca han sido universales (hasta conseguir pleno empleo) pero países como Suecia, Australia, Francia, Estados Unidos y Corea las han llevado a cabo en algún momento de la historia.
Actividades propuestas.
Servicios sociales: cuidado de adultos dependientes; cuidado de niños; cuidado de enfermos; apoyo académico a estudiantes; seguridad pública; cobijo a personas sin hogar; provisión de alimentos a personas necesitadas; formación profesional; gestión y administración de los planes de empleo, entre otros.
Cuidado del medio ambiente: protección y reforestación de los bosques; proyectos ecológicos de siembra y riego; retirada de residuos; servicios de reutilización; servicios de reparación; servicios de reciclaje; cuidado de los espacios verdes y cuidado de las playas.
Servicios culturales, deportivos y recreativos: promoción del patrimonio (información y excursiones para visitantes); mantenimiento y renovación de los complejos deportivos; representaciones artísticas (teatro, música, etc) y competiciones deportivas.
Construcción, habilitación y mantenimiento de infraestructuras: limpieza de edificios y espacios públicos, parques, plazas y zonas históricas; habilitación de edificios para lograr mayor eficiencia energética; mantenimiento de la infraestructura; pequeños proyectos de construcción de infraestructura pública; mantenimiento y renovación de la red de carreteras públicas; mantenimiento de áreas de patrimonio cultural (monumentos, etc).
Salarios propuestos. Tres categorías, en función de la cualificación alta, media o baja, que serían de 1.213 euros brutos al mes, 1.040 y 867.