¡Traed madera! En Los hermanos Marx en el oeste (1940), Groucho le da a Chico y Harpo la orden de comenzar a desmantelar los vagones del tren que conducen para usar la madera como combustible. ¡Es la guerra! Cuanto maÌs raÌpido, maÌs despedazado avanza el tren en persecucioÌn de un par de forajidos a caballo. Algo asiÌ hace el Partido Popular, recurriendo a la represioÌn penal y administrativa de la protesta para intentar acallar las voces que legiÌtimamente se oponen a las poliÌticas maÌs antisociales de la democracia.
Su idea parece ser proteger el Estado de Derecho a costa del Estado de Derecho: salvaguardar la autoridad que le reconocen las instituciones haciendo un uso inconstitucional y antidemocraÌtico de esa misma autoridad y esas mismas instituciones. En su buÌsqueda de combustible, Harpo pareciÌa encontrar facilidad arrancando las puertas y paredes de los vagones. El PP ha identificado tambieÌn las partes superfluas de nuestra estructura institucional: los derechos y libertades reconocidas en la ConstitucioÌn. Y se han puesto, afanosos, a pegarle hachazos a estos derechos que, como las paredes y puertas del tren, deberiÌan proteger de la intemperie del turbulento viaje a los pasajeros, y permitirnos entrar y salir, de camino a nuestros destinos.
Uno tras uno van cayendo en la caldera: el respeto a la ley y a los derechos de los demaÌs (art. 10 CE), la igualdad ante la ley (art. 14 CE) la libertad ideoloÌgica y de expresioÌn (arts. 16 y 20 CE), los derechos de reunioÌn manifestacioÌn y asociacioÌn (arts. 21 y 22 CE), etc., se tambalean, astillados bajo los golpes del filo tosco de los proyectos de reforma del CoÌdigo Penal, de la Ley de ProteccioÌn de la Seguridad Ciudadana, o de la Ley de Seguridad Privada. Todo sea por mantener en marcha la locomotora, que es, curiosamente, uno de los uÌltimos y maÌs feos artiÌculos de la ConstitucioÌn, el 135, introducido a toda prisa en 2011 para asegurar la prioridad del pago de la deuda frente a cualquier otro intereÌs de los pasajeros del tren. Un penuÌltimo abuso de esta alegoriÌa ferroviaria y grouchomarxiana: los forajidos a los que persigue el tren son esta vez los bancos, no los ladrones de bancos. Y el PP, con la gorra puesta y tocando el silbato, dirige entusiasta la locomotora para alcanzarles y darles el dinero, no para recuperarlo.
Este lunes 16 de diciembre se juzga a siete personas en Ciudad Real por ejercer derechos fundamentales. Una protesta paciÌfica durante una visita a esta ciudad por parte de MariÌa Dolores de Cospedal y de Marcial MariÌn, consejero de EducacioÌn de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, le ha valido a los participantes la apertura de un juicio de faltas por falta al respeto a la autoridad.
No ha bastado con eso: a la represioÌn de derechos fundamentales por la viÌa penal hay que sumarle la intensa burorrepresioÌn por la viÌa administrativa. La SubdelegacioÌn de Gobierno de Ciudad Real, dirigida por Fernando Rodrigo, dirigente destacado del Partido Popular provincial, ha considerado legal y apropiado prohibir la rueda de prensa convocada delante de los juzgados el diÌa del juicio, a la que iba a asistir por cierto Cayo Lara, por ser varios de los imputados miembros de Izquierda Unida. Nuestras autoridades parecen, asiÌ, a un paso de reivindicar el viejo delito de propaganda ilegal, que quizaÌs evocan como caracteriÌstico de esa eÌpoca de extraordinaria placidez que fue el franquismo.
Es difiÌcil, y una tarea que hay que realizar, contabilizar cuaÌntos casos similares a los de estas siete personas estaÌn daÌndose en todo el paiÌs. Son muchos. Las estadiÌsticas judiciales revelan que desde 2011 se ha incrementado notablemente el nuÌmero de detenciones e imputaciones por hechos que, sin embargo, en sede judicial, los jueces no consideran constitutivos de delito ni de falta: no ha habido maÌs condenas de las habituales. Y, sobre todo, y tambieÌn quizaÌs debido precisamente a eso, se ha disparado el nuÌmero de sanciones administrativas impuestas durante el ejercicio del derecho de reunioÌn: seguÌn los datos del Anuario EstadiÌstico del Ministerio de Interior, se cuadriplicaron de 2011 a 2012. Solo la ComisioÌn Legal de Sol ha asistido en Madrid a 447 personas detenidas y 1010 personas sancionadas en los dos uÌltimos anÌos.
MaÌs faÌcil es identificar a quieÌnes son los responsables poliÌticos de esta deriva represiva, cobardemente escudados tras los jueces, la policiÌa y los expedientes administrativos: los dirigentes del Partido Popular. Precisamente en senÌalarlos reside una de las principales virtudes de la campanÌa Cospedal te odia, lanzada hace unos diÌas por los afectados por el juicio del hoy, que le pone la cara de la Secretaria General del Partido Popular a lo que estaÌ sucediendo.
Cualquier demoÌcrata en nuestro paiÌs deberiÌa estar preocupado por los coqueteos autoritarios de nuestro Gobierno y la profunda debilitacioÌn del Estado de Derecho que conllevan, y sumarse a las reivindicaciones formuladas al hilo de los casos concretos de represioÌn. En este sentido, es particularmente necesaria la implicacioÌn de la comunidad universitaria, de los operadores juriÌdicos y de las propias instituciones, en la tarea de denunciar puÌblicamente y ponerle freno a este inaceptable uso partidista de las leyes penales y administrativas destinado a desmovilizar la protesta legiÌtima y la imprescindible labor de los movimientos sociales, poliÌticos y sindicales. UÌltimo recurso al Go West de los hermanos Marx. De lo contrario, no sabemos hasta doÌnde llegaraÌn los vagones, pero no parece que vaya a ser muy lejos.
NicolaÌs GarciÌa Rivas es CatedraÌtico de Derecho Penal de la Universidad de Castilla La Mancha
Manuel Maroto Calatayud es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha
Pedro Oliver Olmo es profesor de Historia ContemporaÌnea de Universidad de Castilla-La Mancha