De nuevo parece que todo se va a venir abajo. Y otra vez el caos político tiene su origen en el ámbito judicial, en determinadas decisiones, incomprensibles casi todas, que toman algunos jueces. Siempre en el sentido de poner en dificultades al gobierno de coalición a la izquierda. Y más de una vez con el poderoso juez Manuel Marchena a la cabeza de esas operaciones. El PP y Vox, cada uno a su manera, se limitan a secundar a los jueces guerreros. Parece un juego. Pero mucha gente está inquieta. Porque cree que la cosa puede acabar mal. Sin embargo, convendría serenarse.
Porque no hay para tanto. Es cierto que, según lo sondeos y las opiniones de los expertos demoscópicos, si en este momento hubiera elecciones generales la derecha ganaría y Vox entraría en el futuro Gobierno, o tendría motivos poderosos para hacerlo. Y eso da miedo a no pocos. La ultraderecha está dando demasiados espectáculos de revanchismo contra la izquierda, de desprecio a las normas y a la convivencia democrática en muchos de los territorios en los que ha entrado en los gobiernos regionales como para no temer lo que podría hacer si entrara en el nacional.
Pero eso no va a ocurrir a corto plazo. Ni seguramente tampoco a medio. Al Gobierno de coalición le han tendido numerosas trampas judiciales: el procesamiento de la esposa del presidente, Begoña González; la amenaza de hacer lo mismo con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; el auto de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, rechazando la ley de amnistía. Y por si faltaba algo, el inicio del proceso de la “trama rusa” contra Puigdemont y varios de sus colaboradores.
El juez que instruye esta última causa, Joaquín Aguirre, no ha tenido empacho en manifestar –en una conversación privada que ha sido grabada– que el proceso por él incoado va a acabar, al tiempo, con el Gobierno y con la ley de amnistía, y en menos de quince días, además. Son palabras de un visionario, o de un fantasma. Pero es un juez. Y tiene además instrumentos para hacer la vida imposible a quien decida que va a ser su víctima. ¿Cuántos hay como él en la judicatura española? ¿Cómo se les puede parar los pies cuando el Consejo General del Poder Judicial sigue en el limbo? ¿Qué se puede hacer para que la justicia entre plenamente al terreno de la democracia?
Joaquín Aguirre ha hablado claro. Los responsables de los otros procesos citados no han dicho nada hasta ahora. Pero no hace falta ser un genio para intuir que sus intenciones políticas últimas son muy parecidas a las de su colega. Se trata de tumbar al Gobierno. Y deben pensar que los partidos de derechas no son capaces de hacerlo, ni por vía electoral ni por mucho que golpeen en la oposición. Para eso están los jueces que saben lo que hay que hacer. Lo que les pidió hace unos meses José María Aznar: “todo lo que puedan”.
Pero afortunadamente el sistema tiene antídotos contra esos excesos. Para empezar, los jueces, por muy guerreros que sean, tienen que instruir bien sus causas. En opinión de muchos juristas prestigiosos, Juan Carlos Peinado, el que acusa a Begoña Gómez de varios cargos por tráfico de influencias, ha hecho muy mal la suya. Tanto, que en el futuro puede terminar en la papelera.
Eso sí, dentro de un tiempo, que en eso de los retrasos nuestra justicia es maestra, y después de haber condenado a la esposa del presidente a numerosas penas de telediario. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, un demagogo fanático como hay pocos en la derecha, describía el jueves el traslado de Begoña Gómez desde La Moncloa a los juzgados de Plaza de Castilla en los mismos términos en que en su día lo hizo el genial Stefan Zweig con el traslado de María Antonieta a su cadalso. Se nota que algo ha leído nuestro portavoz.
Por otra parte, los que siguen más de cerca estos asuntos están convencidos de que el fiscal general será procesado por “revelación” de un secreto: el de que el novio de Isabel Díaz Ayuso había pactado un acuerdo con el fiscal. Lo curioso es que eso ya había sido revelado dos días antes por los tres periódicos más caracterizados de la derecha… porque se lo había contado, deformando los detalles, el brazo derecho de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.
Ante tan poca sustancia jurídica, ante manipulación tan burda para poner en dificultades al Gobierno, Pedro Sánchez ya ha dicho que el fiscal general no dimitirá aunque le procesen. Que esperará a la conclusión del proceso para ver qué hace. Y bien estará si actúa así. No caer en trampas procedimentales ni hacer caso de supuestos “principios de pureza” que sólo convienen a la derecha cuando afectan a sus rivales, es otra manera de resistir la avalancha.
El auto de Marchena y los suyos –que ha merecido un único voto particular en la sala 2ª del supremo, el de la magistrada Ana Ferrer, que ha dicho que el dictamen “está fuera de los límites de la lógica”– tiene un camino más fácil de describir: terminará en el Tribunal Constitucional. (Marchena no ha querido llevar su sentencia a Europa por temor a que le dieran un varapalo: en casa, con los suyos, que son mayoría en la judicatura, lo tiene más fácil). Y es altamente probable que esta instancia diga que “no” a lo acordado por la Sala 2ª. Por eso la derecha está pie de guerra, y desde hace meses, con el Constitucional: simplemente porque desde hace un año la mayoría de sus miembros no es derechas.
El Gobierno de coalición, la izquierda, puede por tanto aguantar una buena cantidad de meses, superando los obstáculos que los jueces más reaccionarios y el PP le están poniendo. Y puede que los que hasta ahora se conozcan no sean los últimos.
En ese tiempo pueden pasar hasta cosas que cambien las actuales perspectivas electorales que no son precisamente halagüeñas para la izquierda. Pedro Sánchez parece haberse apuntado a esa visión optimista de las cosas. Es de agradecer.